Un juez declara inconstitucional la Ley de Austeridad Republicana de L¨®pez Obrador

La Ley de Austeridad Republicana se ha encontrado con su primer tope. Un juez federal ha determinado esta semana que es inconstitucional imponer a los exempleados p¨²blicos una restricci¨®n de 10 a?os sin trabajar en el sector privado, como se recoge en la norma aprobada en 2019 por la Administraci¨®n de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. La sentencia de Abel M¨¦ndez considera que este plazo es ¡°injusto y excesivo¡±, y va en contra del derecho a la libertad al trabajo, protegido por la Constituci¨®n mexicana. El Gobierno ya ha anunciado que va a recurrir la decisi¨®n.

La resoluci¨®n est¨¢ enmarcada en el amparo que interpuso un exfuncionario federal, a quien M¨¦ndez, juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Regi¨®n, ha dado la raz¨®n. En septiembre de 2021, la Sociedad Financiera de Objeto M¨²ltiple (SOFOM) Consupago rechaz¨® contratar a este extrabajador p¨²blico ¡ªdel que no ha trascendido el nombre¡ª porque no hab¨ªa transcurrido el lapso de tiempo establecido en la Ley de Austeridad Republicana, una d¨¦cada, desde que dej¨® el ¨¢mbito p¨²blico para entrar en el sector privado.

M¨¦ndez considera que ¡°el plazo de 10 a?os es excesivo¡± porque, por su nivel de especializaci¨®n y su perfil t¨¦cnico, es muy dif¨ªcil que estos altos funcionarios una vez fuera de su cargo p¨²blico puedan emplearse en un ¨¢rea distinta a la que ejerc¨ªan dentro de la Administraci¨®n. ¡°Por el grado de especializaci¨®n, la experiencia del personal de mando superior puede ser relevante para la iniciativa privada, pero el plazo de 10 a?os genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades reales de contrataci¨®n¡±, detalla la sentencia. Para el juez, esta restricci¨®n viola el derecho de libertad de trabajo, recogido en el art¨ªculo quinto de la Constituci¨®n.

¡°Este derecho solo puede restringirse por causas graves, serias. El juez consider¨® que no se puede establecer esta restricci¨®n temporal porque no est¨¢ autorizada en la Constituci¨®n¡±, explica a EL PA?S el abogado Jos¨¦ Ram¨®n Coss¨ªo, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si en la Carta Magna no est¨¢ recogida esta prohibici¨®n, el Congreso de la Uni¨®n ¡ªdonde se aprob¨® la norma¡ª no puede imponerla. ¡°Es una restricci¨®n no razonable, por la prolongaci¨®n del t¨¦rmino, y porque no se entiende cu¨¢l es el valor jur¨ªdico que se est¨¢ protegiendo, impidiendo que un exempleado p¨²blico trabaje en los siguientes 10 a?os en el sector privado, ?qu¨¦ bien estoy garantizando proteger?¡±, apunta Coss¨ªo.

Al otorgar este amparo, el primero aprobado contra la Ley de Austeridad Republicana, el juez M¨¦ndez concluye: ¡°La disposici¨®n reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura opt¨® por la medida m¨¢s delet¨¦rea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa¡±.

El Gobierno va a impugnar la resoluci¨®n, que ser¨¢ revisada por un tribunal colegiado. Al ser un tema de interpretaci¨®n directa de la Constituci¨®n es muy probable que acabe en la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN), detalla Coss¨ªo. Si finalmente el alto tribunal determinara que ese plazo es inconstitucional, el precepto 24 de la Ley de Austeridad Republicana donde est¨¢ incluida la restricci¨®n quedar¨ªa anulada. ¡°Con este precedente se pueden seguir presentando amparos y podr¨ªas tener un mont¨®n de gente amparada¡±, concluye el exministro.

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