La Justicia anula tres concesiones mineras en Puebla por no haber consultado a las comunidades

Tras ocho a?os de lucha, el pueblo ind¨ªgena maseual de la Sierra Norte de Puebla ha conseguido evitar que la miner¨ªa se abra paso en sus monta?as. En una decisi¨®n inapelable, un tribunal federal ha anulado esta semana tres concesiones que autorizaban al Grupo Ferrominero extraer oro y cobre a cielo abierto en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaon¨¢huac y Cuetzalan porque las autoridades no consultaron a las comunidades antes de dar los permisos. La decisi¨®n supone un nuevo varapalo para la industria minera en M¨¦xico despu¨¦s del hist¨®rico fallo del Tribunal Supremo, que por primera vez cancel¨® dos concesiones mineras en Tecoltemi, tambi¨¦n en el Estado de Puebla, bajo el mismo argumento de no contar con el consentimiento de la poblaci¨®n.

El camino hasta aqu¨ª fue tortuoso. Ofelio Juli¨¢n Hern¨¢ndez, uno de los ind¨ªgenas maseuales que impulsaron la batalla legal, cuenta que en su comunidad nadie sab¨ªa bien lo que era la miner¨ªa a cielo abierto cuando escucharon por primera vez sobre las concesiones, en mayo de 2014. Los siguientes cuatro a?os celebraron m¨¢s de treinta asambleas informativas en decenas de pueblos de la sierra para informar sobre los peligros ambientales que implican ese tipo de proyectos. ¡°El pol¨ªgono (minero) solamente afectaba a un 10% del territorio de Cuetzalan. Pero nos movilizamos r¨¢pidamente porque se situaba en la parte alta del municipio, donde est¨¢n las principales monta?as que alimentan con los arroyos a las comunidades de abajo¡±.

Ofelio, que por entonces rondaba los veinte a?os, se uni¨® al Consejo Maseual Altepetajpianij. En su lengua, ¡®Altepetaj¡¯ significa monta?a y agua. ¡®Pianij¡¯ significa guardi¨¢n. Con ellos aprendi¨® que, ¡°si las mineras usaban cianuro en esas altas monta?as, terminar¨ªan contaminando los arroyos, manantiales y r¨ªos de los que dependen las comunidades¡±. Los a?os de lucha, como ocurre en casi cada esquina del pa¨ªs, conllevaron amenazas. A finales de 2017, el edificio que albergaba la uni¨®n de cooperativas local sufri¨® un incendio provocado. No hubo heridos, pero tomaron sus precauciones: en las asambleas se ir¨ªan rotando, para que ninguno destacase entre los dem¨¢s. ¡°Sabemos que ese tipo de ataques no son por accidente, sino que hab¨ªa una intenci¨®n de detener las acciones que est¨¢bamos realizando en contra de la miner¨ªa y la energ¨ªa hidroel¨¦ctrica¡±.

El empuje del Consejo fue surtiendo efecto. En 2015, presentaron un amparo con la ayuda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la jueza otorg¨® una suspensi¨®n provisional mientras se resolv¨ªa el juicio, lo que logr¨® que sus monta?as hayan permanecido intactas. El argumento principal que esgrimieron en la demanda fue que las concesiones violaban el derecho a la consulta que establece el convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT). Tambi¨¦n alegaban que la Ley Minera estaba atropellando su derecho al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados y al agua.

Tanto Grupo Ferrominero como la direcci¨®n general de minas de la Secretar¨ªa de Econom¨ªa esgrimieron que la concesi¨®n ¡°no altera en nada la situaci¨®n de derechos de la comunidad ind¨ªgena, y ser¨ªa en posteriores etapas que podr¨ªa haber alg¨²n tipo de impacto, pero ello son hechos futuros de realizaci¨®n incierta¡±. El Tribunal Colegiado ha desechado ahora ese argumento, en l¨ªnea con lo que dice la OIT, afirmando que ¡°el otorgamiento de t¨ªtulos de concesi¨®n mineras dentro del territorio de pueblos ind¨ªgenas (¡­) s¨ª genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminaci¨®n, territorios y recursos naturales¡±.

Sin embargo, como ocurri¨® con el fallo del Tribunal Supremo, la Ley Minera queda intacta. La estrategia legal buscaba que algunos de los art¨ªculos de esa norma fuesen declarados inconstitucionales porque establecen que la miner¨ªa es prioritaria frente a cualquier otro inter¨¦s en un territorio. En cualquier caso, Xavier Mart¨ªnez, director operativo de CEMDA, celebra que el fallo del tribunal colegiado conocido esta semana s¨ª reconozca que los intereses de la miner¨ªa se solapan con los de los pueblos ind¨ªgenas. ¡°Por una parte, el dominio pertenece al Estado Mexicano. Sin embargo, el propio Convenio reconoce como parte de los derechos de las comunidades ind¨ªgenas la participaci¨®n en su utilizaci¨®n, administraci¨®n y conservaci¨®n¡±, dicta la sentencia.

Mart¨ªnez ve las ¨²ltimas decisiones judiciales respecto a la miner¨ªa en M¨¦xico como una se?al de que algo est¨¢ cambiando. ¡°Empezamos a tener este rosario de sentencias que van a tener que transformar la forma en que se hace miner¨ªa en M¨¦xico. Y, a fin de cuentas, tambi¨¦n la Ley Minera¡±.

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