El Gobierno presiona para que la Suprema Corte falle a favor de Tecoltemi y en contra de la Ley Minera
El m¨¢ximo tribunal tiene previsto discutir este mi¨¦rcoles el recurso de la comunidad rural de Puebla tras dos aplazamientos
El Gobierno mexicano ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia que resuelva a favor del amparo de Tecoltemi en contra de un proyecto minero. En un comunicado conjunto publicado este lunes, la Secretar¨ªa de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de los Pueblos Ind¨ªgenas y la Procuradur¨ªa Agraria ¡°conf¨ªan¡± que el m¨¢ximo tribunal considere inconstitucionales los art¨ªculos de la Ley Minera que dan preferencia a esta actividad sobre cualquier otro uso de la tierra. Es la segunda vez en un mes que dependencias federales se pronuncian sobre el caso. Los ministros tienen previsto discutirlo este mi¨¦rcoles, despu¨¦s de dos aplazamientos.
Las autoridades federales retoman los argumentos de la defensa de Tecoltemi, al considerar que la Ley Minera es discriminatoria. ¡°Representa una oportunidad hist¨®rica para que el m¨¢ximo tribunal de justicia contribuya de manera efectiva a la protecci¨®n y garant¨ªa de los derechos de todos los pueblos ind¨ªgenas y de los n¨²cleos agrarios en el pa¨ªs, al evidenciar una legislaci¨®n discriminatoria¡±, reza el comunicado. ¡°No hay duda de que la legislaci¨®n minera tiene relaci¨®n directa con sus derechos. Tampoco existe duda de que sus tierras, territorios y recursos naturales se encuentran reconocidos y protegidos por el marco convencional¡±.
Tecoltemi se ha convertido en un caso emblem¨¢tico. Este ejido, situado en la sierra norte del Estado de Puebla, interpuso un amparo en 2015 cuando se enter¨® de que su territorio formaba parte de dos concesiones a la minera canadiense Almaden Minerals. La comunidad reclama la cancelaci¨®n de las autorizaciones porque el Gobierno no hizo una consulta previa antes de otorgarlas. La Constituci¨®n y el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo que M¨¦xico ha firmado protegen los derechos de los pueblos ind¨ªgenas a su territorio y la necesidad de ser consultados sobre proyectos que afectan a su comunidad.
El amparo tambi¨¦n solicita que se declare la inconstitucionalidad de cuatro art¨ªculos de la Ley Minera por atentar contra esos derechos. La legislaci¨®n, vigente desde 1992, establece que esta actividad es ¡°preferente sobre cualquier otro uso del terreno¡±, incluido el agr¨ªcola, y le da la prioridad sobre ¡°las aguas de las minas¡±. Adem¨¢s, las concesiones se otorgan por un periodo de 50 a?os, prorrogables hasta los 100.
El proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo da la raz¨®n en parte a Tecoltemi. Su ponencia propone la cancelaci¨®n de las concesiones a Almaden Minerals ante la ausencia de consulta previa, algo in¨¦dito. Sin embargo, el ministro rechaza los argumentos de la comunidad en contra de los cuatro art¨ªculos de la Ley Minera. Pardo Rebolledo afirma que la Constituci¨®n reconoce ¡°la potestad exclusiva de la Federaci¨®n para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales¡± y que los derechos de los pueblos ind¨ªgenas ¡°est¨¢n sujetos a ciertos l¨ªmites y restricciones¡±.
Aunque la mayor¨ªa parlamentaria de la que dispone el Gobierno no ha modificado la ley en tres a?os, la Secretar¨ªa de Medio Ambiente (Semarnat) no esconde su rechazo a la misma. La dependencia ya manifest¨® abiertamente sus discrepancias respecto al proyecto de sentencia de Pardo Rebolledo en un comunicado del 13 de enero, unos d¨ªas antes de que el m¨¢ximo tribunal tuviera que discutir el caso. Al final, el ministro retir¨® el asunto de la agenda y el debate se pospuso hasta el 2 de febrero. La discusi¨®n, sin embargo, se volvi¨® a aplazar y ahora se tiene prevista para este mi¨¦rcoles, casi siete a?os despu¨¦s de que Tecoltemi iniciara la batalla legal.
El sector privado sigue con atenci¨®n el juicio y ha criticado las presiones del Ejecutivo sobre el m¨¢ximo tribunal. ¡°Desafortunadamente hemos visto intentos de dar l¨ªnea aunque sean poderes separados, tanto Semarnat y el Poder Judicial. Debe de haber un respeto a la separaci¨®n de poderes¡±, declar¨® a este peri¨®dico el presidente de la C¨¢mara minera, Jos¨¦ Jaime Guti¨¦rrez, a mediados de enero.
El sector pasa por un momento complicado. El presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador prometi¨® a inicios de su sexenio que no se iban a otorgar m¨¢s concesiones y se ha propuesto nacionalizar los yacimientos de litio. A eso se suma el frente judicial abierto por casos como el de Tecoltemi que disputan la legalidad de las autorizaciones ya concedidas. Almaden Minerals ha invertido varios millones de d¨®lares en trabajos de prospecci¨®n y exploraci¨®n desde sus inicios en 2001 y quiere empezar a extraer oro y plata, pero una sentencia desfavorable enterrar¨ªa el proyecto. La decisi¨®n de la Suprema Corte puede sentar un precedente y abrir la v¨ªa para otras impugnaciones.
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