La Suprema Corte cancela dos concesiones mineras en Tecoltemi en una decisi¨®n hist¨®rica

El territorio de Tecoltemi ha dejado de ser parte de una concesi¨®n minera. Siete a?os despu¨¦s de que esta comunidad rural del Estado de Puebla iniciara la batalla judicial, la Suprema Corte de Justicia de M¨¦xico le ha dado la raz¨®n este mi¨¦rcoles al invalidar las autorizaciones que dio el Gobierno sin antes realizar una consulta ind¨ªgena. Es la primera vez que el m¨¢ximo tribunal tumba una concesi¨®n bajo ese argumento, de acuerdo a los abogados consultados, lo que abre la puerta a la cancelaci¨®n de otros permisos. Sin embargo, los ministros han rechazado declarar inconstitucionales cuatro art¨ªculos de la Ley Minera, como reclamaba el ejido.

La Primera Sala de la Suprema Corte ha dejado ¡°insubsistentes¡± las concesiones mineras a la canadiense Almaden Minerals, en l¨ªnea con lo que propon¨ªa el proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El tribunal confirma que el Gobierno deber¨ªa haber realizado una consulta previa en Tecoltemi al tratarse de una comunidad ind¨ªgena, como mandata la Constituci¨®n y el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo firmado por M¨¦xico.

El Gobierno otorg¨® dos concesiones en 2003 y 2009, que juntas sumaban 14.229 hect¨¢reas, sin preguntar a las comunidades afectadas. Tecoltemi, con apenas 300 habitantes, se enter¨® en 2015 despu¨¦s de presentar una solicitud de informaci¨®n. El proyecto de Almaden Minerals consist¨ªa en abrir una mina de cielo abierto para extraer oro y plata. Empujado por el miedo a quedarse sin agua para los campos de cultivo, el pueblo present¨® un amparo que a lo largo de casi siete a?os ha ido escalando instancias judiciales hasta llegar al m¨¢ximo tribunal.

En su defensa, la Direcci¨®n General de Minas, dependiente de la Secretar¨ªa de Econom¨ªa, y la empresa minera hab¨ªan argumentado que la consulta solo se deb¨ªa realizar una vez conocido el programa de explotaci¨®n, no antes de la expedici¨®n de t¨ªtulos. En el proyecto de sentencia apoyado por la Primera Sala se rechazaban estos argumentos. ¡°Aun cuando se?alen es hasta que se materializa la afectaci¨®n que surge la obligaci¨®n de la consulta ind¨ªgena, esto es contrario a las propias normas y precedentes internacionales¡±, rezaba el proyecto.

La decisi¨®n no cierra totalmente la puerta a que los permisos se puedan volver a otorgar. El proyecto de sentencia ordenaba a la Secretar¨ªa de Econom¨ªa ¡°emitirlos nuevamente considerando que (...) existe la obligaci¨®n convencional para todas las autoridades mexicanas de llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada¡±.

Almaden Minerals ha afirmado este jueves en un comunicado que revisar¨¢ la sentencia -que todav¨ªa no es p¨²blica- ¡°para entender completamente el impacto de la decisi¨®n antes de decidir los pr¨®ximos pasos¡±. La empresa, con sede en Vancouver, ha invertido unos 40 millones de d¨®lares en trabajos de prospecci¨®n y exploraci¨®n durante los ¨²ltimos 20 a?os y buscaba empezar a extraer los minerales.

Por otro lado, los ministros dejan intacta la Ley Minera, vigente desde 1992. Tecoltemi hab¨ªa reclamado la inconstitucionalidad de cuatro art¨ªculos, entre ellos, el que establece que esta actividad es ¡°preferente sobre cualquier otro uso del terreno¡±, por considerar que abr¨ªa la puerta a violaciones de los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. Antes de la decisi¨®n, Itzel Silva, una de las abogadas de la comunidad, de la ONG Fundar, se?alaba que el m¨¢ximo tribunal estaba ante una oportunidad hist¨®rica. ¡°Lo que hace la ley a trav¨¦s de estos art¨ªculos es posibilitar la entrega de los territorios a las empresas. Es el origen de las violaciones¡±, defend¨ªa.

En el proyecto, en cambio, Pardo Rebolledo rechazaba la inconstitucionalidad de la ley. El ministro afirmaba que la Constituci¨®n reconoce ¡°la potestad exclusiva de la Federaci¨®n para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales¡± y que los derechos de los pueblos ind¨ªgenas ¡°est¨¢n sujetos a ciertos l¨ªmites y restricciones¡±.

En cualquier caso, la decisi¨®n de la Suprema Corte sienta un precedente. El m¨¢ximo tribunal ya hab¨ªa confirmado el derecho de las comunidades ind¨ªgenas a una consulta previa, pero es la primera vez que se cancela una concesi¨®n minera por no llevarla a cabo, seg¨²n los juristas. ¡°Es un precedente que consolida una interpretaci¨®n de la Corte seg¨²n la cual el derecho a la consulta existe y tiene rango constitucional¡±, dice el investigador Rodrigo Guti¨¦rrez, de la UNAM.

El a?o pasado, la Corte trat¨® un amparo similar presentado por el pueblo ind¨ªgena maseual, tambi¨¦n en Puebla, que denunciaba la ausencia de consulta en una concesi¨®n minera. Aunque los ministros afirmaron entonces el derecho a la consulta previa, se decidi¨® devolver el caso al tribunal colegiado, un escal¨®n inferior, para que decidiera sobre la legalidad de los permisos. La resoluci¨®n sigue pendiente, pero el caso de Tecoltemi puede servir de acicate a nuevas impugnaciones de parte de comunidades que no fueron consultadas antes de otorgarse las concesiones.

Guti¨¦rrez se?ala que estas decisiones recientes se inscriben dentro de una larga batalla judicial impulsada principalmente por las comunidades. ¡°Hace 15 a?os, los tribunales ni siquiera reconoc¨ªan los derechos de los pueblos ind¨ªgenas ni que el Convenio 169 formara parte de la Constituci¨®n. En 2011 se modific¨® el art¨ªculo 1o para hacer que los tratados tuvieran rango constitucional¡±, apunta el investigador. ¡°Es a partir de la defensa de las comunidades que se va logrando modificar el marco normativo pero se tarda mucho. Hay una desigualdad estructural para acceder a la justicia¡±.

El Gobierno hab¨ªa presionado a la Suprema Corte para que declarara inconstitucionales los cuatro art¨ªculos al considerarlos ¡°discriminatorios¡±. La Secretar¨ªa de Medio Ambiente y otras dependencias federales han emitido dos comunicados en un mes. Pese a esta postura cr¨ªtica, la mayor¨ªa parlamentaria de Morena que sostiene al Gobierno no ha impulsado modificaciones a la legislaci¨®n en tres a?os y medio. Algunos de sus miembros m¨¢s destacados est¨¢n ligados al sector minero, entre ellos los senadores Napole¨®n G¨®mez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, y Armando Guadiana, empresario del carb¨®n.

Aunque la Ley Minera se mantiene como est¨¢, la decisi¨®n de la Suprema Corte abre otra v¨ªa de agua en un sector que pasa por un momento delicado. ¡°No estamos en contra de la consulta en origen pero hemos pedido que haya reglas claras. y que se realicen una vez los proyectos hayan obtenido la Manifestaci¨®n de Impacto Ambiental, cuando haya un conocimiento objetivo. Tampoco existe claramente una definici¨®n de los grupos ind¨ªgenas¡±, dec¨ªa a este diario el presidente de la C¨¢mara Jos¨¦ Jaime Guti¨¦rrez, a principios de enero. ¡°Si se vulnera el estado de derecho con las concesiones generar¨¢ una desconfianza en el inversionista¡±.

Adem¨¢s de lidiar con la crisis econ¨®mica de la pandemia, la miner¨ªa mexicana ha tenido que encajar la promesa del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador de no dar m¨¢s concesiones y su propuesta de nacionalizaci¨®n del litio, mineral utilizado en las bater¨ªas el¨¦ctricas. En 2020, el sector registr¨® una producci¨®n valorada en 13.000 millones de d¨®lares, un incremento respecto al a?o previo gracias al aumento de los precios internacionales.

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