Santiago Aguirre: ¡°Las desapariciones son una herencia del pasado, pero tambi¨¦n una herida del presente¡±

La primera reacci¨®n del Gobierno mexicano al informe que emiti¨® el comit¨¦ de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ¡°parec¨ªa promisoria¡±, dice Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, una organizaci¨®n de derechos humanos que trabaja desde hace 30 a?os en el pa¨ªs. La Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n comunicaba en un bolet¨ªn que recib¨ªa ¡°respetuosamente¡± las recomendaciones para hacer frente a la crisis de violencia que deja ya casi 100.000 desaparecidos. La segunda, la ma?ana siguiente, fue ¡°muy dif¨ªcil de entender¡±, agrega Aguirre. El presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador criticaba en su conferencia matutina el diagn¨®stico de los expertos independientes y les achacaba no actuar ¡°con apego a la verdad¡±: ¡°Ning¨²n organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados¡±.

El comit¨¦ hab¨ªa recomendado abandonar la militarizaci¨®n de la seguridad p¨²blica y llamaba a adoptar de forma ¡°urgente¡± una pol¨ªtica nacional de prevenci¨®n y erradicaci¨®n ¡°para que en M¨¦xico la desaparici¨®n deje de ser el paradigma del crimen perfecto¡±. El presidente, entonces, se distanci¨® de Felipe Calder¨®n, que en 2006 sac¨® a los militares a la calle para combatir la delincuencia, y de Enrique Pe?a Nieto, que mantuvo el despliegue hasta 2018. ¡°Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ej¨¦rcito para reprimir¡±, asegur¨®. Aguirre (Ciudad de M¨¦xico, 40 a?os) reconoce que ¡°es posible que la realidad haya cambiado en algunas aristas¡±. ¡°Es notorio que ha cambiado en los aspectos ret¨®ricos, pero la violencia no se ha revertido¡±, se?ala a EL PA?S. Adem¨¢s del Centro Prodh, otras organizaciones y asociaciones de v¨ªctimas han lamentado la reacci¨®n del mandatario. ¡°Es algo muy penoso que no contribuye a que se reconozca el calado de la crisis y a que se tomen las medidas para revertirlas¡±, apunta el activista.

Pregunta. ?C¨®mo valora el informe del comit¨¦ de la ONU?

Respuesta. Es un informe riguroso, solvente. El comit¨¦ tard¨® m¨¢s de ocho a?os en lograr que M¨¦xico permitiera su visita y es m¨¦rito de esta Administraci¨®n haberlo permitido. El informe es el diagn¨®stico m¨¢s acabado e integral que hoy tenemos de la crisis de desapariciones que vive M¨¦xico, una crisis que no tiene parang¨®n en el continente porque seg¨²n las cifras oficiales estamos llegando ya a 100.000 personas desaparecidas. Aunque hay iniciativas muy plausibles como los centros de identificaci¨®n humana y hay funcionarios emp¨¢ticos, no tenemos en M¨¦xico una pol¨ªtica de Estado que articule a todos los niveles de Gobierno y a las distintas instancias para hacerle frente a esta crisis. Quiz¨¢ una de las expresiones m¨¢s emblem¨¢ticas de esto son los conflictos institucionales reiterados entre las fiscal¨ªas y las comisiones de b¨²squeda a nivel federal y en los Estados.

P. ?Cu¨¢les son las recomendaciones m¨¢s urgentes que debe atender M¨¦xico?

R. Lo que se?ala el comit¨¦ para atender la crisis forense es muy relevante porque podr¨ªan darse avances si hubiese coordinaci¨®n entre las instituciones, recursos y voluntad. Por ejemplo, con la creaci¨®n inmediata del Banco Nacional de Datos Forenses, que la ley ordena de 2017. Y tambi¨¦n que se cree una pol¨ªtica nacional de prevenci¨®n y erradicaci¨®n de las desapariciones. Lo que entre l¨ªneas nos dice el comit¨¦ es que no va a haber sistema de justicia y de atenci¨®n a v¨ªctimas capaz de lidiar con la crisis de desapariciones en M¨¦xico si cada a?o se a?aden miles y miles m¨¢s de nuevos casos. Requerir¨ªa que el presidente, con ese liderazgo que tiene y que se ha visto refrendado en las urnas, convoque a los gobernadores, a los fiscales de todos los Estados, a todas las comisiones de b¨²squeda.

P. ?C¨®mo se consigue la prevenci¨®n?

R. El comit¨¦ lo vincula a la pol¨ªtica de seguridad. Mientras no disminuya la violencia en el pa¨ªs dif¨ªcilmente disminuir¨¢n las desapariciones, y ah¨ª es donde el comit¨¦ dice que la militarizaci¨®n es una pol¨ªtica de seguridad que debe revisarse.

P. ?Ve posible la desmilitarizaci¨®n en este sexenio?

R. Ha sido una recomendaci¨®n constante de pr¨¢cticamente todos los ¨®rganos internacionales que han analizado la situaci¨®n de M¨¦xico. Con mucha insistencia, se?alan que cuando se utiliza las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad p¨²blica se ponen en riesgo los derechos humanos, y por eso han recomendado con sensatez que el retiro de las fuerzas armadas de las labores que hoy realizan no sea s¨²bito porque en algunas regiones de M¨¦xico eso simplemente no es posible. En el presente sexenio en vez de avanzar en esa direcci¨®n se cre¨® una Guardia Nacional que se caracteriza por su impronta castrense. No parece factible que esta Administraci¨®n impulse con seriedad un programa de desmilitarizaci¨®n paulatina de las instituciones de seguridad p¨²blica. Por el contrario. Y el historial del Ej¨¦rcito mexicano es un historial de opacidad y de mucha elusi¨®n de los controles civiles. No tenemos controles externos civiles capaces de hacer frente a la fuerza que hoy tienen las Fuerzas Armadas.

P. En casos como el de Ayotzinapa, por ejemplo, ha habido avances durante este Gobierno. ?C¨®mo valora el actual enfoque de derechos humanos?

R. A principios de sexenio, se reconoc¨ªa la crisis de derechos humanos, se impulsaban algunos nombramientos relevantes, pero tambi¨¦n advert¨ªamos otras medidas que no iban en el sentido correcto. Por ejemplo, la colonizaci¨®n pol¨ªtica de la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos, que le ha arrestado autonom¨ªa; las reformas a la Ley Org¨¢nica de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, que fueron en sentido contrario de lo que se necesitaba, y otras. Tambi¨¦n hemos visto que algunas medidas van en la direcci¨®n correcta en derechos sociales: por ejemplo, es muy notorio el aumento en el salario m¨ªnimo. Pero la militarizaci¨®n y el retroceso en la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica son dos sombras que permean en todo el balance de la agenda de derechos humanos y que hoy nos preocupan a muchas organizaciones. Paralelamente, hay muchas aristas de la agenda de derechos humanos que pasan por los gobiernos estatales y sobre los que tendr¨ªan que dar cuenta, no tanto el Gobierno federal y el presidente, sino los gobernadores y los ¨®rganos estatales.

P. ?Por qu¨¦ cree que el presidente descalific¨® el informe?

R. Es dif¨ªcil especular. Creo que el propio formato de las conferencias matutinas propicia que este tipo de declaraciones, un tanto viscerales, se hayan vuelto relativamente comunes en la conversaci¨®n p¨²blica nacional y eso no es positivo. Parte de lo que es muy descorazonador de la respuesta del presidente es la poca empat¨ªa con las familias. Con mucha frecuencia se relativiza o mal entiende la exigencia de justicia de las v¨ªctimas, que no es una interpretaci¨®n partidista. Tambi¨¦n es cierto que no es la primera vez que el presidente expresa una opini¨®n desinformada y negativa sobre el trabajo que realizan los organismos internacionales de derechos humanos. Cuando se?ala que en el pasado estos organismos no criticaron la situaci¨®n de M¨¦xico o callaron frente a los abusos, es un juicio falso porque ha habido un monitoreo estrecho en los ¨²ltimos tres lustros.

P. L¨®pez Obrador dijo que a los expertos de la ONU ¡°hay que ponerlos al tanto¡± de que la realidad ¡°ya es otra¡± diferente a la de los a?os de la llamada guerra contra el narco. Pero ha habido m¨¢s de 30.500 desapariciones forzadas en lo que va de este sexenio. Casi una de cada tres. ?C¨®mo se pone en contexto ese dato?

R. Estamos llegando a 100.000 personas desaparecidas, seg¨²n los registros oficiales. La inmensa mayor¨ªa han sido desaparecida a partir de que se recrudeci¨® la llamada guerra contra las drogas, fundamentalmente en el sexenio de Felipe Calder¨®n, y su continuidad en el sexenio de Enrique Pe?a Nieto. Reconociendo que hay un c¨²mulo mayoritario de esas desapariciones que sucedieron en otras administraciones y que es real hasta cierto punto que se trata de una herencia del pasado, tambi¨¦n es cierto que es una herida del presente porque en esta administraci¨®n tambi¨¦n tenido a?os con m¨¢s de 35.000 homicidios y violaciones a derechos humanos.

No es que simplifiquemos y pensemos que eso pod¨ªa hacerse en un par de a?os o que no veamos la herencia dolorosa que dejaron las anteriores administraciones. Pero poco ayuda para revertir esa realidad de violencia y de dolor que hoy subsiste en M¨¦xico negar lo que emp¨ªricamente es demostrable con datos.

P. El presidente tambi¨¦n sigue negando que en M¨¦xico haya impunidad.

R. Las fiscal¨ªas y procuradur¨ªas estatales siguen con un profundo d¨¦ficit en su atenci¨®n a las v¨ªctimas, en su capacidad de construir casos, en su capacidad judicializar causas. Tenemos un sistema de justicia roto y colapsado. Nuestro problema de impunidad est¨¢ sobre todo en las fiscal¨ªas, no en los jueces y juezas. Hay algunas islas de buenas pr¨¢cticas, como es la unidad que lleva el caso Ayotzinapa, pero la mayor¨ªa de las causas no tienen esas condiciones. No se han emprendido los cambios que tendr¨ªan que haberse implementado en esta instituciones y por eso el comit¨¦ se encuentra con que solo hay 36 sentencias por desaparici¨®n en el pa¨ªs. Cuando eso empiece a cambiar, cuando se pueda demostrar que hay m¨¢s carpetas de investigaci¨®n o averiguaciones previas judicializadas por casos de desaparici¨®n, de tortura o de ejecuciones, cuando haya m¨¢s sentencias, entonces podremos hablar de que la impunidad se ha empezado a revertir en M¨¦xico, pero ese no es todav¨ªa el caso.

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