La ONU insta a M¨¦xico a abandonar ¡°de inmediato¡± la militarizaci¨®n de la seguridad p¨²blica
El comit¨¦ de expertos independientes que visit¨® el pa¨ªs para documentar la situaci¨®n de las desapariciones forzadas cree que la estrategia para combatir la delincuencia ha sido ¡°insuficiente e inadecuada¡±
El Comit¨¦ contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha instado a M¨¦xico a abandonar ¡°de inmediato¡± el enfoque de militarizaci¨®n de la seguridad p¨²blica en el pa¨ªs. El grupo de expertos independientes que visit¨® M¨¦xico en noviembre ha se?alado este martes que la estrategia implementada desde los a?os noventa y a¨²n vigente ha sido ¡°insuficiente e inadecuada¡± para la protecci¨®n de los derechos humanos. ¡°Las recientes reformas normativas no escapan a esta tendencia¡±, ha indicado la presidenta del comit¨¦, Carmen Rosa Villa Quintana, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra (Suiza). El informe presentado resalta que la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos emiti¨® 162 recomendaciones a las secretar¨ªas de la Defensa (Sedena) y la Marina por violaciones graves a los derechos humanos; 15 estaban relacionadas con desapariciones forzadas.
¡°La permanente participaci¨®n de la Fuerza Armada¡± en las labores de seguridad p¨²blica en M¨¦xico ¡°permite poner en duda¡± su respeto a ¡°los est¨¢ndares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana¡±, se?ala el informe. La Sedena y la Marina se encuentran entre las cinco autoridades federales con mayor n¨²mero de recomendaciones en tr¨¢mite ante la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con el informe, y la Sedena y la Guardia Nacional figuran entre las diez autoridades se?aladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos. Ante esta situaci¨®n, Villa Quintana ha se?alado la necesidad de ¡°fortalecer a las fuerzas civiles del orden¡± y de poner en marcha un plan de retiro ¡°ordenado, inmediato y verificable¡± de los militares de las tareas de seguridad p¨²blica.
La estrategia de militarizaci¨®n se foment¨® especialmente a partir del sexenio del panista Felipe Calder¨®n (2006-2012), que sac¨® el Ej¨¦rcito a la calle para combatir a los c¨¢rteles. La conocida como guerra contra el narcotr¨¢fico ha continuado desde entonces. La modalidad no cambi¨® con la llegada al poder de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador (Morena), quien hab¨ªa prometido cambiarla. En 2019, sin embargo, el presidente cre¨® la Guardia Nacional como una instituci¨®n policial de car¨¢cter civil que en la pr¨¢ctica es un cuerpo militar: de sus 101.182 integrantes, el 58% provienen del Ej¨¦rcito y 16% el de la Marina; solo un tercio perteneci¨® a la antigua Polic¨ªa Federal. Un a?o despu¨¦s, L¨®pez Obrador public¨® un acuerdo presidencial que ordenaba a la Fuerzas Armadas permanecer en las funciones de seguridad. Las desapariciones crecieron durante este per¨ªodo de forma exponencial. M¨¢s del 98% de las observadas en el informe sucedieron entre 2006 y 2021.
El documento se?ala que los datos ¡°evidencian la estrecha relaci¨®n entre el incremento de las desapariciones¡± y la estrategia implementada en el Gobierno de Calder¨®n. Cuando el comit¨¦ estuvo en M¨¦xico, entre el 15 y el 26 de noviembre, hab¨ªa 95.121 personas registradas como desaparecidas desde 1964. 112 desapariciones sucedieron durante la visita de los expertos independientes, que recorrieron 13 Estados y se entrevistaron con autoridades federales y estatales, comisiones de b¨²squeda, familiares de v¨ªctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, adem¨¢s de asistir a exhumaciones, jornadas de rastreo y a prisiones. Se trat¨® de la primera visita del organismo, que desde 2013 hab¨ªa intentado participar en los procesos de b¨²squeda sin el respaldo de los gobiernos.
Las desapariciones forzadas contin¨²an siendo cometidas directamente por agentes p¨²blicos del ¨¢mbito federal, estatal y municipal. La delincuencia organizada, adem¨¢s, se ha convertido en ¡°un perpetrador central¡± de desapariciones, ¡°con diversas formas de connivencia y diversos grados de participaci¨®n, aquiescencia u omisi¨®n de servidores p¨²blicos¡±. ¡°Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores p¨²blicos, pero tambi¨¦n pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales¡±, ha comentado Villa Quintana. Aunque los desaparecidos siguen siendo sobre todo hombres de entre 15 y 40 a?os, las cifras oficiales muestran un aumento ¡°notable¡± de las desapariciones de ni?os y ni?as a partir de los 12 a?os, de adolescentes y de mujeres. ¡°Se tratar¨ªa de desapariciones que tendr¨ªan como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotaci¨®n sexual¡±, ha aclarado Villa Quintana.
Alerta por ¡°la impunidad casi absoluta¡±
Solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones hab¨ªan sido judicializados hasta el 26 de noviembre de 2021, seg¨²n las indagaciones del comit¨¦ de expertos, y solo se hab¨ªan emitido 36 sentencias en todo el pa¨ªs. A ello, se?ala el informe, se suma la actitud, ¡°pasiva muchas veces¡±, de las instituciones judiciales, lo que provoca ¡°falta de confianza¡± de las v¨ªctimas y resulta en un ¡°alto n¨²mero¡± de casos no reportados. ¡°La impunidad en M¨¦xico es un rasgo estructural que favorece la reproducci¨®n y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las v¨ªctimas¡±, ha dicho Villa Quintana. El comit¨¦ ha considerado que la lucha contra esta falta de investigaci¨®n y condenas es ¡°impostergable¡±.
A las desapariciones se suma otra problem¨¢tica, que es la crisis forense. Seg¨²n datos p¨²blicos, m¨¢s de 52.000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense. ¡°Seg¨²n varios expertos entrevistados¡±, apunta el documento, ¡°en las actuales condiciones ser¨ªan necesarios 120 a?os para identificarlos¡±. Los estados de Baja California, Ciudad de M¨¦xico, Estado de M¨¦xico, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo Le¨®n concentran casi el 72% de los cuerpos no identificados. Los servicios forenses, se?ala el informe, son ¡°insuficientes¡± y la situaci¨®n se agrava porque los instrumentos previstos en la ley no han sido establecidos. Recientemente, el Gobierno ha propuesto crear un centro de identificaci¨®n humana para atender la crisis.
Aunque se han establecido ¡°m¨²ltiples proyectos y pol¨ªticas p¨²blicas para afrontar las desapariciones¡± a lo largo de los a?os, la falta de coordinaci¨®n entre las diferentes instituciones y actores, el presupuesto reducido con el que operan las comisiones de b¨²squeda y la falta de personal evita frenar el fen¨®meno, de acuerdo con el informe. Por eso, el comit¨¦ ha instado al Gobierno a adoptar de forma ¡°urgente¡± una pol¨ªtica nacional para prevenir y erradicar las desapariciones que involucre a las autoridades federales, estatales, municipales, a los ¨®rganos aut¨®nomos, a las v¨ªctimas y a los colectivos que las representan, que combata las causas de las desapariciones forzadas y apunte a su no repetici¨®n. ¡°Para que en M¨¦xico la desaparici¨®n deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevenci¨®n debe ser el centro de la pol¨ªtica nacional¡±, ha apuntado Villa Quintana.
Un llamado a fortalecer el Mecanismo de Protecci¨®n para periodistas
Los expertos de la ONU han considerado “preocupante” la desapariciónde más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. Ninguno ha sido localizado, según advierte el informe, y las investigaciones o sanciones a los responsables “no han tenido avances”. El asesinato de ocho reporteros en los primeros tres meses del año ha llevado los ataques contra la prensa en México y el contexto de precariedad en el que trabajan los comunicadoes al ámbito internacional, desde donde diferentes organismos y gobiernos han reclamado a López Obrador que atienda e investigue estos atentados. El comité de Naciones Unidas que visitó el país en noviembre también ha mostrado su “preocupación” por la desaparición de defensores de derechos humanos en el territorio, para quienes “las agresiones son una realidad constante”, y ha llamado a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos federales y estatales de protección de víctimas.
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