Los 43: el s¨ªmbolo de un pa¨ªs en manos del crimen

Para millones de personas, en M¨¦xico y el mundo, se convirtieron en una suerte de m¨¢rtires y en el s¨ªmbolo de los horrores que es capaz de alcanzar un Estado cuando est¨¢ coludido con las organizaciones criminales. Para otros, fueron unas v¨ªctimas que estaban en el lugar y momento equivocados, en un pa¨ªs que es como un campo minado y en el que dar un paso en falso es fatal. Incluso, existe una minor¨ªa radical que ha querido presentarlos como unos alborotadores que pagaron con la vida el error de meterse donde no deb¨ªan (y que terminaron por ser explotados pol¨ªticamente despu¨¦s de su desaparici¨®n). Lo indudable es que los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa que fueron secuestrados en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, representan una herida social a¨²n abierta y significaron uno de los mayores puntos de quiebre entre la sociedad mexicana y el poder institucional en los ¨²ltimos decenios.

A lo largo de los casi ocho a?os que han transcurrido desde los hechos, se han divulgado todo tipo de versiones de lo que ocurri¨®, incluida la famosa ¡°verdad hist¨®rica¡±, defendida por el entonces procurador Jes¨²s Murillo Karam (apresado el pasado viernes, bajo cargos de desaparici¨®n forzada y tortura) y adoptada por el Gobierno federal en su conjunto hasta el cambio de colores en la Administraci¨®n en 2018. Aquella versi¨®n, en resumen, propon¨ªa que los j¨®venes, que estaban tomando camiones de transporte por la fuerza para llevarlos a una protesta, fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por obra del grupo criminal Guerreros Unidos, con el apoyo de polic¨ªas municipales sobornados. Los delincuentes los habr¨ªan confundido con integrantes de Los Rojos, una organizaci¨®n rival. Esta postura nunca fue aceptada por los padres de los estudiantes, y tambi¨¦n fue impugnada por los informes del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) que indag¨® el caso durante casi dos a?os.

Al llegar a la presidencia en 2018, el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador descart¨® la investigaci¨®n previa y form¨® una Comisi¨®n de la Verdad del Caso Ayotzinapa, que ha ido adoptando el enfoque de que la desaparici¨®n de los estudiantes fue un episodio que requiri¨®, adem¨¢s de la voluntad criminal de Guerreros Unidos, de una amplia participaci¨®n de instituciones, que incluyen a mandos militares y de la polic¨ªas federal, estatal y municipales, y tambi¨¦n autoridades de procuraci¨®n de justicia de todos los niveles. Esto, claro, no solo para desaparecer a los j¨®venes, sino para alterar las escenas del crimen, falsear la informaci¨®n y ocultar datos. La Fiscal¨ªa federal emiti¨® ¨®rdenes de detenci¨®n contra 46 exfuncionarios relacionados con el asunto, incluyendo al encargado de la indagaci¨®n original, Tom¨¢s Zer¨®n, quien evadi¨® a la justicia y se encuentra actualmente en Israel. Por si esto fuera poco, cuando menos veintis¨¦is personas relevantes para la investigaci¨®n han muerto durante su desarrollo, agrega la Comisi¨®n. El caso Ayotzinapa, pues, es la turbiedad encarnada.

La detenci¨®n de Murillo Karam ha levantado controversias. Desde la oposici¨®n se se?ala que, m¨¢s que una medida de justicia, se trata de una maniobra de medios que terminar¨¢ desvaneci¨¦ndose y recuerdan lo que ha sucedido con los arrestos de los exfuncionarios Rosario Robles (libre desde la semana pasada) y Emilio Lozoya (quien goz¨® de meses de libertad y cuyas acusaciones contra la administraci¨®n pasada no han llegado a nada concreto a¨²n). En lo que s¨ª coincide la nueva indagatoria con la descartada es en el hecho de que no existe posibilidad alguna de que sigan vivos aquellos j¨®venes, provenientes de comunidades marginales y populares, que fueron llevados contra su voluntad y masacrados y cuyo destino tr¨¢gico sigue ensombreciendo el pa¨ªs.

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