L¨®pez Obrador choca con la Suprema Corte por la propuesta de eliminar la prisi¨®n preventiva oficiosa

La propuesta de eliminar la prisi¨®n preventiva oficiosa est¨¢ en el centro de un nuevo choque entre Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador y el Poder Judicial. El presidente no ve con buenos ojos que se declare inconstitucional utilizar el encarcelamiento para evitar el riesgo de fuga. ¡°La esencia es que se busque impunidad y corrupci¨®n¡±, ha dicho el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa de este mi¨¦rcoles. Est¨¢ previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n se pronuncie sobre la validez de esta medida cautelar el pr¨®ximo mes de septiembre. En su proyecto, el ministro Luis Mar¨ªa Aguilar asegura que los encarcelamientos de oficio no se pueden aplicar de forma autom¨¢tica porque violan los principios jur¨ªdicos de presunci¨®n de inocencia y proporcionalidad de las sanciones. La decisi¨®n que tome el m¨¢ximo tribunal puede ser determinante tanto en el terreno de los derechos humanos como en las estrategias de procuraci¨®n e impartici¨®n de justicia y prevenci¨®n del delito en M¨¦xico.

¡°La prisi¨®n preventiva constituye una medida excepcional y no puede ser la regla general, es decir, debe ser inusual y utilizarse s¨®lo de manera ins¨®lita¡±, plantea Aguilar en el texto que se discutir¨¢ en el pleno de la Corte. El ministro pone en la mira una reforma que se aprob¨® en el Congreso en 2019 que amplia el cat¨¢logo de delitos por los que se puede encarcelar a una persona para evitar el riesgo de fuga y alega que contemplar esta medida para m¨¢s delitos choca con art¨ªculos de la Constituci¨®n que consagran los derechos humanos y el respeto a la libertad de los ciudadanos.

La reforma al art¨ªculo 19, que rige cuando se puede aplicar la prisi¨®n de oficio, establece que una persona puede ir a la c¨¢rcel de forma autom¨¢tica cuando es acusada de delitos como violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas. Entre otros, en ese cat¨¢logo de delitos graves tambi¨¦n est¨¢n el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento il¨ªcito, robo a casa habitaci¨®n, a transporte de carga y de combustible, lo que coloquialmente se conoce como huachicoleo. Tambi¨¦n hubo modificaciones en el C¨®digo Penal y Fiscal, el C¨®digo de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional en concordancia con esa ampliaci¨®n del cat¨¢logo de delitos graves.

El problema que identifica Aguilar es que se abusa del encarcelamiento de los acusados como medida de prevenci¨®n del delito, lo que hace que muchas personas est¨¦n en la c¨¢rcel durante a?os antes de ir a juicio y, en su caso, recibir una sentencia. En esencia, son privadas de la libertad antes de que se compruebe si son culpables o no, lo que en la opini¨®n del ministro va contra los derechos humanos. Cuatro de cada diez personas tras las rejas en M¨¦xico est¨¢n en la c¨¢rcel bajo el principio de prisi¨®n preventiva, casi 92.600, seg¨²n el Cuaderno mensual de informaci¨®n estad¨ªstica penitenciaria que public¨® la Secretar¨ªa de Seguridad en junio de 2022. La mayor¨ªa de esas personas, sostiene el ministro, est¨¢n en condiciones de vulnerabilidad y no tuvieron acceso a una defensa adecuada.

Adem¨¢s del proyecto de Aguilar, hay otro elaborado por la ministra Norma Luc¨ªa Pi?a sobre un amparo en revisi¨®n y que tambi¨¦n est¨¢ relacionado con la prisi¨®n preventiva oficiosa. Es probable que los proyectos se analicen en conjunto en los pr¨®ximos d¨ªas. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado durante a?os que la prisi¨®n preventiva no debe utilizarse de facto como una medida punitiva y han insistido en que las autoridades deben encontrar otros mecanismos para evitar fugas y reincidencia de los criminales. La discusi¨®n se intensific¨® en esos ¨²ltimos a?os que se aprob¨® el nuevo sistema penal acusatorio y en los que comenz¨® su aplicaci¨®n.

El contraargumento de las autoridades es que ese nuevo sistema penal acusatorio, bajo el argumento de garantizar los derechos humanos, ha complicado las tareas de contenci¨®n del delito y que a las pocas horas que deten¨ªan a alguien ya estaba saliendo por la puerta por orden de un juez. La intenci¨®n de la reforma de 2019, aprobada por la mayor¨ªa legislativa de Morena, era dar un marco legal para que los detenidos no pudieran escapar f¨¢cilmente de las diligencias tras cometer un delito grave. ¡°Hay dos temas en la Corte, una eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan¡±, ha se?alado L¨®pez Obrador. Para el Gobierno y la Fiscal¨ªa General, acotar o eliminar la prisi¨®n preventiva es quitar armas para combatir el crimen.

La abogada Paola Zavala Saeb dice que la ley ya contempla 13 medidas cautelares para delitos graves, entre ellas la prisi¨®n preventiva justificada, pero aclara que lo que se est¨¢ analizando en esta sesi¨®n de la Corte es que ya no se utilice prisi¨®n preventiva oficiosa, es decir, que se aplique de forma autom¨¢tica para ciertos delitos. Zavala Saeb se?ala que es crucial diferenciar la prisi¨®n preventiva justificada y oficiosa, y que lo que se est¨¢ buscando impulsar es que las Fiscal¨ªas justifiquen adecuadamente el uso de la prisi¨®n preventiva cuando lo amerite y que los jueces no est¨¦n atados de manos para aplicarla de oficio. ¡°El Estado no est¨¢ trabajando en la investigaci¨®n de los delitos¡±, comenta.

L¨®pez Obrador pidi¨® al secretario de Gobernaci¨®n, Ad¨¢n Augusto L¨®pez, y a la consejera jur¨ªdica de la Presidencia, Mar¨ªa Estela R¨ªos, que fijaran una postura oficial previa a la votaci¨®n del m¨¢ximo tribunal. ¡°Es fundamental la existencia de la prisi¨®n preventiva oficiosa para ciertos delitos¡±, se lee en el posicionamiento del Ejecutivo. El Ejecutivo tambi¨¦n revirti¨® el viejo reclamo de la sociedad civil de que las autoridades deb¨ªan encontrar una alternativa a la prisi¨®n de oficio y dijo que era la Suprema Corte la que deb¨ªa idear otros mecanismos para garantizar que la justicia fuera expedita.

El presidente del Supremo, Arturo Zald¨ªvar, ya se ha pronunciado en contra de la prisi¨®n preventiva y ha dicho que es ¡°inconvencional¡± con la Carta Americana de Derechos Humanos. Zald¨ªvar bas¨® su criterio en la incompatibilidad entre lo que dice la Constituci¨®n y lo que dictan los tratados y convenciones internacionales a los que se ha suscrito M¨¦xico. Frente a esa contradicci¨®n, se?ala el ministro presidente, la interpretaci¨®n constitucional que debe pesar m¨¢s es la defensa de las libertades de las personas. ¡°Es inconstitucional, as¨ª lo he defendido siempre¡±, escribi¨® en sus redes sociales.

¡°?Qu¨¦ no un juez deber¨ªa, independientemente de lo legal, buscar la impartici¨®n de justicia?¡±, ha sostenido L¨®pez Obrador. ¡°Pedimos al m¨¢ximo tribunal que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad p¨²blica del pa¨ªs, a las v¨ªctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecuci¨®n criminal¡±, se agrega en el comunicado publicado horas m¨¢s tarde. La sesi¨®n del Poder Judicial est¨¢ programada despu¨¦s de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebre una sesi¨®n este viernes sobre un caso relacionado con la prisi¨®n preventiva en el pa¨ªs: Garc¨ªa Rodr¨ªguez y Reyes Alp¨ªzar contra M¨¦xico. Con la pol¨¦mica de fondo, la decisi¨®n est¨¢ en manos de la Corte, con las implicaciones potenciales que esto puede tener en el sistema judicial del pa¨ªs y para miles de personas en su sistema penitenciario.

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