Radiograf¨ªa de la violencia homicida en la era L¨®pez Obrador

Tras los ataques recientes del crimen organizado contra la poblaci¨®n, el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador presumi¨® sus pol¨ªticas contra la inseguridad. Los bloqueos carreteros, incendios a locales y asesinato de civiles inocentes al azar en cinco Estados del pa¨ªs obligaron a las autoridades a dar explicaciones sobre la capacidad del narco de poner en jaque a la ciudadan¨ªa. El mandatario insisti¨® en que los homicidios van en descenso, que los ¨²ltimos golpes a los c¨¢rteles hab¨ªan dado resultados y la respuesta violenta hab¨ªa sido una consecuencia de la irritaci¨®n de un ¡°narco debilitado¡±. Aunque esta teor¨ªa la han cuestionado algunos expertos consultados por este diario, las cifras de homicidios han descendido en algunos puntos de la geograf¨ªa mexicana, aunque en otros han aumentado por encima de lo que soportaban en 2015. Esta es una radiograf¨ªa de la evoluci¨®n de la violencia en la era L¨®pez Obrador. La imagen resultante es compleja, y no tan apegada a las din¨¢micas pol¨ªticas como argumentan partidarios y opositores del gobierno, sino m¨¢s bien a movimientos diferenciados a ras de territorio.

A cierre de 2021, la tasa de homicidios en M¨¦xico fue de 28 por cada 100.000 habitantes. Efectivamente, tanto esta cifra como el dato avanzado de la primera mitad de 2022 supone un leve pero claro descenso respecto a a?os anteriores: el m¨¢ximo de 2018 (casi 30) es el pico hist¨®rico de una serie que en su metodolog¨ªa actual se remonta a 1990. Este tope fue presentado por el ejecutivo actual como una ¡°herencia recibida¡± del mandato de Enrique Pe?a Nieto que se habr¨ªa logrado combatir. Pero, por una parte, es igualmente cierto que el dato se mantiene muy alto en t¨¦rminos comparativos, por encima de pa¨ªses como Colombia (23), Brasil (22) o Guatemala (17), que tambi¨¦n han sufrido los embates del crimen organizado, seg¨²n la recopilaci¨®n que mantiene el Banco Mundial. Y, por otra, la superposici¨®n de la din¨¢mica de homicidios con los periodos presidenciales no ofrece coincidencias especialmente n¨ªtidas. Ciertamente, la escalada comenz¨® a partir de 2006, cuando el expresidente Felipe Calder¨®n emprendi¨® una guerra contra el narco que contin¨²a, aunque con menos fuerza, estos d¨ªas. Pero el descenso que el expresidente Pe?a Nieto se atribuy¨® en alg¨²n momento de su mandato ya empezaba en los ¨²ltimos a?os del sexenio de Calder¨®n, y el pri¨ªsta tuvo tanto un m¨ªnimo en 2014-15 como una escalada que le dej¨® en el triste r¨¦cord de 2018. As¨ª las cosas, resulta dif¨ªcil predecir hacia d¨®nde se mover¨¢ la cifra ¡®roja¡¯ en la segunda mitad del gobierno de L¨®pez Obrador.

Adem¨¢s de las cifras de asesinatos, es necesario tener en cuenta cuando se habla de violencia de una de las peores tragedias del pa¨ªs: los desaparecidos. En M¨¦xico hay hasta la fecha 104.889 personas en paradero desconocido y m¨¢s de 53.000 que han sido hallados en fosas clandestinas, pero que todav¨ªa no se han podido identificar. Para dimensionar, uno debe imaginarse una fosa com¨²n del tama?o del imponente Estadio Azteca repleto de gente. Una mayor¨ªa de ellos desaparecieron desde 2006, inicio de la mentada guerra. Y, a diferencia de la tasa de homicidios, la de personas desaparecidas o no localizadas no ha dejado de escalar: sus ¡°valles¡± son m¨¢s planos, y su ascenso bajo el mandato obradorista, incuestionable. Si se compara con conflictos armados o la represi¨®n militar en otros pa¨ªses, resulta dif¨ªcil entender c¨®mo no es la prioridad de cualquier Gobierno: Colombia cuenta con poco m¨¢s de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivi¨® el pa¨ªs; en Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dej¨® alrededor de 30.000, seg¨²n cuentas de organizaciones no gubernamentales; y en Guatemala, las tres d¨¦cadas de conflicto y represi¨®n gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un c¨¢lculo de Amnist¨ªa Internacional.

La geograf¨ªa de la violencia

Las tasas nacionales de homicidios o desapariciones son apenas un resumen federal. Si de cualquier pa¨ªs del mundo puede decirse que las din¨¢micas de violencia que alberga son complejas y diferenciadas, esto es quiz¨¢s especialmente cierto en M¨¦xico: no s¨®lo por su tama?o, sino tambi¨¦n por su ubicaci¨®n geogr¨¢fica y por los distintos factores que lo atraviesan. Si la violencia est¨¢ fragmentada, es cambiante y se mueve en paralelo con econom¨ªas ilegales de todo tipo, es esperable que su consecuencia ¨²ltima (la muerte) tambi¨¦n lo haga. Por eso, aunque los ¨ªndices nacionales acaparan titulares, oscurecen una varianza gigantesca que va desde los 2,3 homicidios por 100.000 habitantes de Yucat¨¢n (hist¨®ricamente una de las zonas m¨¢s pac¨ªficas del pa¨ªs, que lo sigue siendo) hasta los 108 de Zacatecas. Y no s¨®lo, ni sobre todo, pesan las diferencias en 2021, sino lo que ha pasado cada entidad territorial para llegar hasta su situaci¨®n actual. Desde esta perspectiva todas ellas se pueden dividir en varios grupos, seg¨²n hayan superado o no la actual media nacional en alg¨²n punto del pasado reciente, y en funci¨®n de c¨®mo se ha movido la tasa.

Zacatecas y Sonora tienen el triste t¨ªtulo de tener tasas r¨¦cord para ambos territorios, y adem¨¢s ser los ¨²nicos de alta incidencia homicida en los que el ritmo se ha acelerado bajo el mandato de L¨®pez Obrador. En Guanajuato, Baja California, Morelos, Michoac¨¢n o (a niveles menores) San Luis Potos¨ª los homicidios per capita tambi¨¦n han crecido pero el aumento no se ha acelerado como en los anteriores. Y a rengl¨®n seguido aparece un grueso de entidades federativas con mejoras desde 2018 pero que no ha logrado bajar de los niveles de 2015 (comparando as¨ª trienio con trienio: el ¨²ltimo de Pe?a Nieto con el primero del actual gobierno): Colima, Chihuahua (en ambos los niveles siguen especialmente elevados a pesar de la tendencia), Quintana Roo, Jalisco, Tabasco, Oaxaca, Nayarit o Tamaulipas (con mejoras m¨¢s significativas). Guerrero, Sinaloa y Baja California Sur son los tres que lograron bajar de los niveles de 2015, dejando sus m¨¢ximos atr¨¢s (por ahora).

Por debajo de la media nacional est¨¢n los territorios comparativamente menos violentos, pero incluso entre ellos hay diferencias importantes. Nuevo Le¨®n, el Estado de M¨¦xico, Tlaxcala, Campeche o Quer¨¦taro est¨¢n viendo ascensos m¨¢s o menos proncunciados, m¨¢s o menos sostenidos que en alguno de ellos podr¨ªa estallar como ya lo hizo en el pasado en alguno de los listados en el anterior grupo. En contraste, Puebla, Veracruz, o la propia capital sufrieron incrementos que bajaron desde 2017, 2018 o 2019. Coahuila, Chiapas o Durango tienen un perfil m¨¢s plano, como Yucat¨¢n, que sigue a la feliz cola de esta clasificaci¨®n.

Estas variaciones son la punta del iceberg de la violencia que se mueve por debajo. Como lo son tambi¨¦n las cambiantes (y dicientes) cifras de muertes violentas que tienen lugar fuera del Estado de residencia habitual de la v¨ªctima.

El gr¨¢fico muestra un dato importante. El 42% de los asesinados en Baja California no eran de ah¨ª. Esto se debe muy posiblemente a que desde 2015 el cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n irrumpi¨® en este rinc¨®n del noreste del pa¨ªs altamente codiciado por las rutas del narcotr¨¢fico. Su llegada a una zona controlada por otros grupos provoc¨® una sangr¨ªa de muertos y una guerra entre bandas que permanece estos d¨ªas. Muchos de los reci¨¦n llegados para arrebatarle a los de Jalisco el poder que hab¨ªan acumulado provienen de Sinaloa y Sonora, muchos colaboradores del legendario cartel de Sinaloa. Por su parte, Jalisco ha reclutado tambi¨¦n a gente en su Estado y en Michoac¨¢n para hacer frente a esta batalla en el norte. As¨ª, mientras la mentada tasa ascend¨ªa en Baja California, en Sonora o en Tamaulipas, se moderaba en Jalisco o en Chihuahua.

Pero la imagen no est¨¢ completa sin incluir una vez m¨¢s la cifra de desapariciones. Ciertamente, Zacatecas encabeza esta clasificaci¨®n en 2021 como tambi¨¦n lo hace con la de homicidios. Pero es Jalisco quien ocupa el segundo lugar, seguido de cerca de Nayarit y Morelos: n¨®tese que mientras este ¨²ltimo s¨ª presentaba un incremento notable de homicidios desde 2018, los otros dos ten¨ªan descensos.

Y es que cuando uno compara en t¨¦rminos relativos la evoluci¨®n de homicidios y la de desapariciones en algunos estados, como por ejemplo en los dos con mayor incidencia de este ¨²ltimo fen¨®meno, puede observar que en ciertos casos los ascensos son disparejos.

En el caso de Jalisco, de hecho, como se adelantaba m¨¢s arriba el gr¨¢fico muestra claramente c¨®mo las desapariciones suben mientras los homicidios no. Esto hace sospechar de un ¡®efecto reemplazo¡¯ en los datos entre ambos indicadores. De hecho, cruz¨¢ndolos se obtiene una correlaci¨®n m¨¢s d¨¦bil de la que cabr¨ªa esperar, emergiendo una serie de entidades federativas con menos homicidios que la media nacional, pero m¨¢s desapariciones.

Aunque el grueso de ambas cifras son hombres, en M¨¦xico como en otros pa¨ªses, las mujeres son objeto de una violencia homicida y de desaparici¨®n especialmente dirigida a ellas. El fen¨®meno del feminicidio merece ser analizado aparte por sus caracter¨ªsticas espec¨ªficas, por sus implicaciones pol¨ªticas y sociales diferenciadas, y tambi¨¦n por lo dif¨ªcil que resulta interpretar los datos al respecto en la mara?a legal federal. Pero s¨ª resulta necesario referir c¨®mo la divisi¨®n por sexos de las v¨ªctimas var¨ªa notablemente en el espacio y en el tiempo. Sirva la cifra de desapariciones para subrayar lo desproporcionado de las mismas hacia las mujeres especialmente en el Estado de M¨¦xico, ¨²nico con un volumen sustancial de este fen¨®meno en el que representan casi la mitad del total. Para el pa¨ªs son el 29%, una cifra que aumenta a oleadas, siendo una de ellas el periodo desde 2019 (uno de incrementos de feminicidios seg¨²n datos oficiales).

Homicidios y percepci¨®n de inseguridad

El grado de inseguridad percibido por la ciudadan¨ªa es una de las principales correas de transmisi¨®n entre la violencia y la pol¨ªtica en una democracia. Y, una vez m¨¢s, M¨¦xico muestra una considerable variaci¨®n.

Llama por ejemplo la atenci¨®n la percepci¨®n de inseguridad alt¨ªsima en Tabasco, uno de los Estados tradicionalmente m¨¢s seguros del pa¨ªs, con menor n¨²mero de homicidios. Uno de los motivos puede estar relacionado a que la poblaci¨®n no solo percibe la inseguridad en t¨¦rminos de muertos, sino otro tipo de delitos relacionados con el crimen organizado, como la extorsi¨®n. Es habitual que el narco, especialmente cuando controla un territorio o plaza, imponga un impuesto o cuota a los negocios, empresarios, que contribuye a financiar su poder criminal. Este tipo de delito apenas se denuncia, cuentan a este diario los expertos, pues el miedo a las represalias es muy alto. De manera que las cifras oficiales de extorsi¨®n manejan una cifra negra que imposibilita el diagn¨®stico del problema.

Pero es muy posible que haya otros mecanismos en marcha: la brecha existente entre la inseguridad percibida en el propio municipio y el barrio o vecindario, siendo ¨¦ste un nivel mucho m¨¢s cercano a la experiencia de uno, ayuda a entender que la inseguridad tiene quiz¨¢s m¨¢s que ver con la informaci¨®n que llega por v¨ªas secundarias que por el conocimiento de primera mano. No en vano la correlaci¨®n entre inseguridad percibida y grado de homicidios es clara cuando se pregunta por el nivel municipal, pero no al buscarla con el barrio.

Esto sugiere que efectivamente el terreno de la percepci¨®n de inseguridad es uno de batalla pol¨ªtica y dial¨¦ctica, informacional en ¨²ltima instancia. Las cifras de homicidios o desapariciones juegan su papel, sin duda. Pero es seguro que lo har¨¢n junto a otros muchos elementos que el gobierno de L¨®pez Obrador (y sus contrincantes) manejar¨¢n durante el trienio que a¨²n les queda en el poder.

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