Una de las 20 ¨®rdenes de detenci¨®n del ¡®caso Ayotzinapa¡¯ es contra el general acusado de matar a seis estudiantes
A tres semanas de que la Fiscal¨ªa anunciara las ¨®rdenes de arresto contra decenas de militares y polic¨ªas, no hay noticia de captura alguna
Se ha impuesto el silencio sobre el caso Ayotzinapa, despu¨¦s de un mes de agosto muy movido, semanas de novedades y confusiones que han colocado la investigaci¨®n en un punto determinante. El Gobierno ha se?alado a un general de participar activamente en el ataque contra los estudiantes normalistas, situaci¨®n que, de confirmarse, cambiar¨ªa radicalmente el relato sostenido estos a?os, la idea de una embestida perpetrada ¨²nicamente por actores locales. Un juez ha pedido la detenci¨®n del general, seg¨²n han confirmado a EL PA?S fuentes cercanas a la investigaci¨®n. De momento, la Fiscal¨ªa, encargada de los arrestos, no lo ha hecho.
El general en cuesti¨®n es Jos¨¦ Rodr¨ªguez, comandante del 27 batall¨®n de Infanter¨ªa, con sede en Iguala (Guerrero), en el momento del ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Coronel entonces, Rodr¨ªguez ascendi¨® a general en 2015 y se retir¨® poco despu¨¦s. Su detenci¨®n es una de las 83 que pidi¨® la Fiscal¨ªa el 19 de agosto, de las que no se ha vuelto a tener noticia. Entre los 83 hay 20 militares, 44 polic¨ªas, 14 presuntos delincuentes, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, y cinco ¡°autoridades administrativas y judiciales¡± del Estado de Guerrero.
El nombre del general salt¨® a los medios hace semana y media. El 26 de agosto, el subsecretario de Gobernaci¨®n, Alejandro Encinas, acompa?¨® al presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, en su conferencia de prensa matutina, para presentar las conclusiones del informe sobre el caso Ayotzinapa, que ha elaborado estos a?os la comisi¨®n que investiga el caso. Encargado de la comisi¨®n, Encinas dijo: ¡°Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro d¨ªas despu¨¦s de los hechos. Y que fueron ultimados y desaparecidos por ¨®rdenes del coronel, presuntamente el coronel Jos¨¦ Rodr¨ªguez¡±.
Aunque podr¨ªa inferirse que la orden de detener al general apunta directamente al presunto asesinato de los seis estudiantes, la Fiscal¨ªa no lo ha aclarado. Hasta el momento, el ¨²nico militar detenido que tuvo alg¨²n tipo de participaci¨®n en el caso Ayotzinapa es el capit¨¢n Jos¨¦ Mart¨ªnez Crespo. En la noche del ataque, Crespo estuvo a cargo de la fuerza de reacci¨®n del 27 batall¨®n y acudi¨® a varios de los escenarios de la agresi¨®n, caso de Perif¨¦rico Norte, la comandancia de la polic¨ªa de Iguala o el Hospital Cristina, donde se refugiaron algunos estudiantes. Crespo est¨¢ preso por un delito de delincuencia organizada, por colaborar con Guerreros Unidos, y no por el ataque.
En todo caso, las declaraciones de Encinas cayeron como una bomba. Primero, por la relevancia narrativa que supone. Y luego, por las implicaciones judiciales a corto y medio plazo. El reto es may¨²sculo, adem¨¢s, pues pone a prueba la flexibilidad del Gobierno, que ha planteado la resoluci¨®n del caso como un asunto de Estado, a la vez que ha confiado amplias parcelas de administraci¨®n a las Fuerzas Armadas. El caso del general Rodr¨ªguez aparece as¨ª como un indicador de la capacidad del Ejecutivo para soportar inercias contrarias.
La semana y media que ha seguido al bombazo ha sido, sin embargo, de puro silencio. Ni la comisi¨®n que investiga el caso, ni la Fiscal¨ªa, ni el Ej¨¦rcito se han referido en p¨²blico a este asunto desde el 26 de agosto. Tampoco lo ha hecho L¨®pez Obrador. El caso recuerda, aunque en escalas distintas, al del funcionario del Centro Nacional de Inteligencia, Ignacio Mendoza, que la Fiscal¨ªa ha se?alado por torturar a detenidos del caso Ayotzinapa durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018). Trabajador del servicio de inteligencia de este Gobierno y del anterior, Mendoza cuenta igualmente con orden de detenci¨®n, pero su paradero se desconoce.
El anexo ocho
M¨¢s all¨¢ de la orden de detenci¨®n contra Rodr¨ªguez, los se?alamientos de Encinas en su contra provienen de intercambios de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala y alrededores, entre ellos el antiguo mando militar. En estos a?os, la comisi¨®n ha obtenido m¨¢s de 400 capturas de pantalla, de las que ha verificado apenas una cuarta parte, donde aparecen estas comunicaciones. A partir de su contenido, la comisi¨®n concluye que el general orden¨® el asesinato de seis de los 43, cautivos durante d¨ªas a las afueras de Iguala.
Las capturas y su contenido han sido motivo de pol¨¦mica estos d¨ªas. El GIEI, el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a M¨¦xico para colaborar en las investigaciones, ha se?alado: ¡°No conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen en el informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos¡±. Era la primera vez que el GIEI marcaba distancias con la comisi¨®n estos a?os.
En los mensajes, detallados en los cap¨ªtulos cuatro y cinco del anexo ocho del informe, aparece por ejemplo un intercambio entre el coronel, el alcalde entonces de Iguala, Jos¨¦ Luis Abarca, y El Chino, presunto operador de las comunicaciones de Guerreros Unidos. La comisi¨®n ha se?alado a Abarca, preso por delitos distintos a la desaparici¨®n de los normalistas, de ser el que orden¨® el ataque.
Seg¨²n el anexo ocho del informe, un documento t¨¦cnico elaborado por el Centro de Investigaci¨®n en Ciencias de Informaci¨®n Geoespacial, asociado del Conacyt, Abarca se ¡°coordina¡± con el Chino y el Coronel durante el ataque para ¡°arreglar la situaci¨®n y evitar que se manche su imagen¡±. En las p¨¢ginas siguientes, el anexo aporta mensajes entre integrantes de Guerreros Unidos que refieren al ¡°Coronel¡± en los d¨ªas posteriores al ataque. En uno, del 29 de septiembre, la ¡°Gorda¡± le dice al ¡°Chino¡±, por ejemplo, que otro integrante de la banda criminal, ¡°El Negro¡±, ha ido a ver al mando militar al 27 Batall¨®n.
El anexo incorpora despu¨¦s un intercambio entre el ¡°Chino¡± y el ¡°Coronel¡± del 30 de septiembre de 2014, cuatro d¨ªas despu¨¦s del ataque. En los mensajes, cuyo contenido se resume en el documento principal del informe, el ¡°Coronel¡± le dice al ¡°Chino¡± que ¨¦l y su gente ya se encargaron de los estudiantes de la ¡°bodega vieja¡±, lugar donde supuestamente los tuvieron cautivos. Luego le pregunta si quedan m¨¢s normalistas vivos. Despu¨¦s, el ¡°Coronel¡± le dice al ¡°Chino¡± que le diga al ¡°Negro¡± que le pague lo que le debe. Por ¨²ltimo, el militar le pregunta al ¡°Chino¡± si el primo de uno de los estudiantes desaparecidos est¨¢ activo en Los Rojos, grupo criminal contrario. El ¡°Chino¡± contesta que s¨ª.
Cambio de paradigma
La presunta implicaci¨®n del general Rodr¨ªguez plantea un cambio de paradigma. Durante el gobierno de Pe?a Nieto, los investigadores se?alaron que polic¨ªas de Iguala y otros municipios y el grupo delincuencial Guerreros Unidos atacaron a los muchachos en el municipio. Los criminales asesinaron a los 43 normalistas desaparecidos, seg¨²n esta versi¨®n, quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron los restos a un r¨ªo cercano. Incluso, la vieja Fiscal¨ªa asegur¨® haber hallado restos de uno de los 43 en el r¨ªo, versi¨®n hoy tildada de montaje por sus sucesores.
Cuando en los primeros meses de la investigaci¨®n, finales de 2014 y principios de 2015, la prensa pregunt¨® a la Fiscal¨ªa por la presunta implicaci¨®n del Ej¨¦rcito en el ataque, la respuesta fue contundente: no. Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. El GIEI ha documentado, por ejemplo, el cuestionable comportamiento del principal operador militar en la zona en la noche del ataque, el capit¨¢n Crespo.
?l y una docena de soldados patrullaron Iguala durante la embestida criminal, amedrentando a estudiantes heridos y refugiados en el hospital Cristina. Tambi¨¦n acudieron a Barandilla, lugar donde polic¨ªas municipales llevaron a una parte de los normalistas desaparecidos. Adem¨¢s del grupo de Crespo, un militar de inteligencia estuvo al tanto del ataque en otro de los puntos del municipio, el Palacio de Justicia, donde incluso tom¨® fotograf¨ªas.
Hace unos meses, Encinas y la comisi¨®n desvelaron tambi¨¦n que el Ej¨¦rcito hab¨ªa monitoreado en tiempo real las comunicaciones de la red criminal de Iguala. En octubre del a?o pasado, la comisi¨®n divulg¨® dos documentos de la Secretar¨ªa de la Defensa que recog¨ªan comunicaciones de Guerreros Unidos y polic¨ªas de la zona, en las horas y d¨ªas posteriores al ataque.
Por todo ello, estos a?os se ha hablado de que el papel del Ej¨¦rcito durante el ataque hab¨ªa sido de omisi¨®n. De no ayudar a los muchachos y no aportar informaci¨®n para tratar de encontrar a los desaparecidos. Superado el paradigma de la quema masiva del basurero, se?alado el hallazgo de restos en el r¨ªo como un montaje, el se?alamiento contra el general Rodr¨ªguez abre la puerta al mayor cambio de paradigma en el caso durante el actual Gobierno.
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