La CIDH acusa ¡°intromisiones graves¡± en la investigaci¨®n del ¡®caso Ayotzinapa¡¯

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado al Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador a asegurar la independencia de la Unidad Especial de Investigaci¨®n y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) para ¡°reencausar¡± la investigaci¨®n. As¨ª lo ha se?alado el Tercer Informe del Mecanismo de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), presentado este martes en la escuela normal Isidro Burgos en Guerrero. La encargada de MESA, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troiti?o, ha alertado en entrevista con este peri¨®dico de una ¡°injerencia¡± del Ejecutivo en la causa judicial y ha pedido medidas para que las familias de los estudiantes recuperen la confianza en quienes llevan la investigaci¨®n. Para Arosemena de Troiti?o, hubo ¡°intromisiones graves¡± en el trabajo de la unidad del Ministerio P¨²blico, que llevaron a la renuncia del fiscal Omar G¨®mez Trejo. La CIDH ha se?alado adem¨¢s que, a ocho a?os de la desaparici¨®n de los 43, uno de los mayores desaf¨ªos contin¨²a siendo el ocultamiento de informaci¨®n por parte del Ej¨¦rcito.

G¨®mez Trejo fue quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado. El fiscal del caso Ayotzinapa dej¨® su puesto tras semanas de desencuentros y choques con el titular de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), Alejandro Gertz Manero. La unidad que llevaba la causa pidi¨® a mediados de agosto 83 ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra involucrados en la desaparici¨®n de los j¨®venes. Poco despu¨¦s la FGR solicit¨® la cancelaci¨®n de al menos 21 de esas ¨®rdenes de detenci¨®n, entre quienes figuraban 16 militares, que hab¨ªan sido acusados de delincuencia organizada. El propio presidente justific¨® la decisi¨®n de Gertz y asegur¨® que las acusaciones contra los militares buscaban generar una ¡°rebeli¨®n¡± en el Ej¨¦rcito.

Arosemena de Troiti?o, que ha celebrado que el Gobierno mexicano reconozca Ayotzinapa como un crimen de Estado, ante la pregunta de si el presidente encubri¨® a militares, ha se?alado que la calificaci¨®n que se dio como ¡°un asunto de Estado¡± trajo nuevos peligros en materia de independencia judicial. ¡°Que sea un asunto de Estado significa que el pa¨ªs reconoce la trascendencia de un asunto como este, pero eso no puede facilitar que el Ejecutivo o el Legislativo intervengan en el sistema de justicia. Si el sistema de justicia est¨¢ determinando un asunto, lo debe determinar basado en un material probatorio. Esa posici¨®n [del presidente] es injerencia¡±, ha dicho. ¡°Lo que pide hoy el informe es que estos avances que fueron muy significativos, que se alcanzaron durante este tiempo, no se vengan abajo y que se fortalezca la unidad para que efectivamente se asegure que cumple con los est¨¢ndares, una debida diligencia, una independencia en el trabajo¡±, ha agregado.

La CIDH celebr¨® el cambio de estrategia que tom¨® la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador al llegar al poder y crear tanto la UEILCA como la comisi¨®n presidencial, y asegur¨® que tuvieron un impacto positivo en la b¨²squeda de la verdad. Pero el organismo internacional se?ala que en las ¨²ltimas semanas hubo denuncias de afectaci¨®n a la independencia de estas dos instancias creadas, por lo que pide analizar los hechos denunciados y tomar ¡°medidas concretas para reencausar la investigaci¨®n¡±. Entre las acciones que el informe se?ala como actos que perjudicaron la independencia y fueron considerados ¡°intromisiones graves¡± est¨¢n precisamente la cancelaci¨®n de las 21 ¨®rdenes de aprehensi¨®n y el ¡°preocupante desplazamiento¡± de la unidad en la judicializaci¨®n y detenci¨®n del exprocurador Jes¨²s Murillo Karam, el arquitecto de la ¡°verdad hist¨®rica¡±.

En cuanto a las acusaciones que recaen sobre la entonces Procuradur¨ªa General de Justicia, dirigida por Murillo Karam, la CIDH ha considerado que la localizaci¨®n de restos ¨®seos de dos estudiantes en la Barranca de la Carnicer¨ªa desmintieron esa narrativa y permitieron abrir nuevas l¨ªneas de investigaci¨®n para el esclarecimiento de lo sucedido. ¡°Estos hallazgos constituyen una evidencia m¨¢s que desvirt¨²a y demuestra las inconsistencias de la versi¨®n dada a conocer por la PGR en la que el destino final de los estudiantes normalistas habr¨ªa sido el Basurero de Cocula o el r¨ªo San Juan.

Arosemena de Troiti?o ha reclamado tambi¨¦n que se pasara por encima del exfiscal del caso, Omar G¨®mez Trejo, y se nombrara a una persona ajena al expediente, como el abogado Rosendo G¨®mez Piedra, hombre cercano al secretario de Gobernaci¨®n. ¡°Se pasa por encima de la autoridad y por eso hacemos el se?alamiento de un retroceso en la independencia¡±, ha dicho. ¡°La Fiscal¨ªa hoy tiene que demostrar que est¨¢ actuando con independencia, tiene que demostrar que maneja el caso, que lo conoce, para no romper con este proceso, que no queremos que termine con una decisi¨®n que refleje precisamente el desconocimiento del caso o sencillamente la impunidad¡±.

Una de las mayores pol¨¦micas recientes en la investigaci¨®n fue la captura de una serie de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala, que fueron presentados por la comisi¨®n presidencial, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. Despu¨¦s de difundidas, el GIEI desech¨® esas pruebas porque no era ¡°posible garantizar la originalidad de los mensajes¡±. La comisionada ha agregado este martes que fue una jugada apresurada por parte de la comisi¨®n de Encinas y que ser¨¢ la UEILCA quien deber¨¢ acreditar la veracidad de esas im¨¢genes.

Sobre el ocultamiento de informaci¨®n, la comisionada recuerda en la entrevista que ella asisti¨® a una reuni¨®n en la Secretar¨ªa de la Defensa, donde se les asegur¨® que las fuerzas armadas no ten¨ªan ¡°nada que ver¡± con el asunto. ¡°Resulta alarmante la aparici¨®n y entrega tard¨ªa de una serie de documentos bajo la custodia de fuerzas militares y ¨®rganos de inteligencia del Estado¡±, incide el informe. El documento, que contiene recomendaciones al Estado mexicano en materia de desaparici¨®n forzada, afirma que mientras la comisi¨®n presidencial y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la CIDH, accedieron a documentos del Ej¨¦rcito, mientras que a la Fiscal¨ªa se los negaron o les dijeron que no exist¨ªan.

A ocho a?os de la desaparici¨®n de los 43, la CIDH reconoce que el paradero de los j¨®venes, el esclarecimiento de lo sucedido y la determinaci¨®n de los responsables contin¨²a pendiente. La teor¨ªa de la Fiscal¨ªa es que lo que pas¨® el 26 y 27 de septiembre de 2014 fue producto de una disputa entre Guerreros Unidos y otra organizaci¨®n criminal rival. Mientras que la Comisi¨®n de la Verdad maneja la hip¨®tesis, en la misma l¨ªnea que la anterior, que se debi¨® a un cargamento espec¨ªfico en juego. La teor¨ªa de la CIDH tiende m¨¢s hacia la primera, y agrega: ¡°Se observan piezas de evidencia que indican que los estudiantes podr¨ªan haber sido privados de la vida y sus restos desaparecidos a trav¨¦s de cremaciones o mediante su disoluci¨®n en ¨¢cido¡±.

En las ¨²ltimas semanas, y ante los diversos sucesos de la causa, el GIEI se debati¨® entre alargar su mandato hasta diciembre o dar por finalizada su participaci¨®n. De sus miembros, ?ngela Buitrago y Carlos Beristain decidieron continuar, mientras que Francisco Cox y Claudia Paz decidieron irse porque no hab¨ªa condiciones para quedarse. Con solo la mitad del grupo, se convirti¨® entonces en un mecanismo de seguimiento. Consultada sobre esto, Arosemena de Troiti?o quit¨® hierro a la situaci¨®n y evadi¨® responder si hab¨ªan recibido presi¨®n del Gobierno. ¡°Se ten¨ªa que llegar a un punto final, porque esto en alg¨²n momento tiene que concluir¡±, ha explicado.

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