La Suprema Corte ordena la liberaci¨®n inmediata de tres hombres injustamente presos desde hace siete a?os

Despu¨¦s de siete a?os y medio en una c¨¢rcel de Tabasco, Gonzalo Garc¨ªa, Juan Luis L¨®pez y H¨¦ctor Mu?oz van a ser liberados. Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n han sido un¨¢nimes al considerar que las pruebas de la Fiscal¨ªa fueron insuficientes para condenarlos por tentativa de secuestro y han concedido un amparo liso y llano que implica su liberaci¨®n inmediata. En una sesi¨®n que ha dejado al descubierto las deficiencias e irregularidades de los agentes, fiscales y jueces involucrados en el caso, retratado en el documental de Netflix Duda razonable, el pleno del alto tribunal de M¨¦xico se ha erigido como la herramienta para ¡°corregir una grave injusticia¡±.

El 20 de junio de 2015, H¨¦ctor Mu?oz sufri¨® un accidente de tr¨¢fico con una camioneta frente a una gasolinera en Ciudad Pemex (Tabasco). Tras una ri?a con el conductor, identificado como A. C. P., y de recibir un disparo en la mano, H¨¦ctor fue detenido y acusado de haber intentado secuestrar a este individuo. Adem¨¢s de a ¨¦l, los agentes arrestaron a otros dos hombres ¡ªGonzalo Garc¨ªa y Juan Luis L¨®pez¡ª que estaban descansando dentro de su veh¨ªculo en esa misma gasolinera. Los acusaron y los presentaron como una banda de secuestradores.

La Suprema Corte ha dejado probado que los polic¨ªas no pidieron las grabaciones del lugar de los hechos, no entrevistaron a ning¨²n testigo, se contradicen entre sus versiones, no identificaron ning¨²n indicio, no encontraron ninguna comunicaci¨®n entre los tres hombres, no aseguraron armas ni respetaron la cadena de custodia de los objetos y veh¨ªculos involucrados. La ¨²nica testigo de los hechos defend¨ªa la inocencia de los acusados.

Nada m¨¢s ser detenidos, los tres hombres fueron llevados a un edificio secreto de la Fiscal¨ªa donde fueron torturados: sufrieron golpes y ahogamientos con bolsas de pl¨¢stico. Dos d¨ªas m¨¢s tarde el Ministerio P¨²blico concedi¨® que no hab¨ªa pruebas suficientes para probar la tentativa de secuestro y orden¨® su liberaci¨®n. Sin embargo, en el primero de muchos giros inveros¨ªmiles, los agentes los detuvieron entonces por el secuestro de la hermana de A. C. P., identificada como G. L. P., que hab¨ªa sucedido el 26 de mayo de 2015.

La entrada en escena del documentalista Roberto Hern¨¢ndez y del abogado Andr¨¦s Andrade consigui¨® en junio de 2017 la absoluci¨®n de los tres hombres por el delito de secuestro de G. L. P. Los hombres ten¨ªan fuertes coartadas para el d¨ªa en que la mujer hab¨ªa sido privada de la libertad. Un crimen para el que, adem¨¢s, ya hab¨ªan otros hombres detenidos. El mismo d¨ªa que ten¨ªan que ser puestos en libertad, la Fiscal¨ªa lo evit¨® relanzando la acusaci¨®n por el intento de secuestro de A. C. P. Hab¨ªan pasado dos a?os y no hab¨ªa ninguna prueba nueva. Fueron vinculados a proceso y enviados a prisi¨®n preventiva oficiosa.

El lugar equivocado en el momento equivocado

En febrero de 2018 comienza el juicio oral en la Tercera Sala Penal de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ese proceso judicial, que consider¨® culpables a los tres hombres y los conden¨® a tres a?os y seis meses de c¨¢rcel, es el que ha analizado la SCJN. Los ministros han considerado que se viol¨® de forma absoluta el derecho a la presunci¨®n de inocencia de Gonzalo, Juan Luis y H¨¦ctor. Y que los jueces recargaron a los acusados con la responsabilidad de probar su inocencia, cuando es al contrario: la Fiscal¨ªa es quien debe probar la culpabilidad del acusado.

¡°Este caso exhibe una insuficiencia probatoria tan patente que la defensa pudo haber ejercido el derecho a guardar silencio ¡ªes decir, pudo haber callado, pudo no haber ofrecido una teor¨ªa alternativa de los hechos¡ª y aun as¨ª estar¨ªamos en condiciones de afirmar que la Fiscal¨ªa no reuni¨® los elementos necesarios para soportar la carga probatoria que le correspond¨ªa¡±, ha se?alado el ministro Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena, ponente del proyecto.

Despu¨¦s de un repaso exhaustivo a todas las pruebas, testimonios y evidencias que probaban que los tres hombres no hab¨ªan tenido intenci¨®n de secuestrar a A. C. P., y que los jueces no consideraron, Guti¨¦rrez Ortiz Mena tambi¨¦n se?ala: ¡°La ¨²nica manera de explicar un ejercicio de desestimaci¨®n tan tajante como el que fue adoptado por el tribunal de juicio oral es una constante presunci¨®n de culpabilidad¡±.

El proyecto del ministro tambi¨¦n da voz a la defensa de los tres acusados, que aseguraba que todo ¡°era producto de una fabricaci¨®n dolosa por parte de la Fiscal¨ªa, la cual habr¨ªa arrastrado una serie de errores desde el primer proceso impulsado contra de los quejosos por el secuestro de G. L. P., hermana de A. C. P., y que ahora, de alguna manera, buscaba compensar con la persecuci¨®n de una nueva acusaci¨®n evidentemente infundada¡±.

Los ministros han sido tajantes respecto a la actuaci¨®n de las autoridades: ¡°Es un t¨ªpico caso donde simplemente tres personas estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, donde la arbitrariedad y el abuso de poder se hace patente, donde se tortura, donde se fabrican pruebas, donde se fabrican culpables y donde la justicia no importa, lo ¨²nico que importa es satisfacer un deseo, no s¨¦ si estad¨ªstico o de qu¨¦ otro tipo de la autoridad¡±, ha argumentado tajante Arturo Zald¨ªvar, presidente de la SCJN.

¡°Es un c¨²mulo de irregularidades, considero que esta Suprema Corte no puede quedar callada ante la violaci¨®n de su derecho a la libertad, no podemos guardar un c¨®mplice silencio, fueron falsamente inculpadas¡±, ha dicho la ministra Yazm¨ªn Esquivel este jueves, ¡°propongo el m¨¢s alto grado de reparaci¨®n posible y dar vista a las autoridades para que se abran las indagatorias esclarecer las responsabilidades administrativas y penales que procedan¡±.

¡°Es un caso de abierta injusticia: un error judicial¡±

La alarmante cadena de errores judiciales no qued¨® ah¨ª. Los abogados de Gonzalo, Juan Luis y H¨¦ctor no apelaron la condena de tres a?os y seis meses que impuso el tribunal, porque pr¨¢cticamente ellos ya llevaban ese tiempo en prisi¨®n, por lo que iban a salir libres mucho antes que si apelaban la sentencia, pese a considerarla injusta. En el ¨²ltimo momento fue la Fiscal¨ªa quien apel¨® la decisi¨®n y un tribunal de apelaci¨®n de Tabasco cambi¨® la condena: les dict¨® 50 a?os de prisi¨®n en vez de tres. ¡°Este es un caso de abierta injusticia: un error judicial. De manera totalmente injusta e ilegal se les reclasific¨® el delito, es como si hubiera sido un nuevo procedimiento, nada m¨¢s que utilizaron la apelaci¨®n¡±, ha dicho la ministra Loretta Ortiz.

Aqu¨ª entra el poder de la Suprema Corte. Seg¨²n el procedimiento, no se puede solicitar un amparo directo si la defensa no ha agotado los recursos en el procedimiento ordinario, es decir, si no ha apelado la sentencia cuando tuvo posibilidad. Este caso, que fue ofrecido al pleno por Zald¨ªvar, pod¨ªa sentar un precedente de excepci¨®n a esta norma cuando se den algunos requisitos como que quien apele la condena sea la Fiscal¨ªa y que de ese resultado se agrave considerablemente la sentencia.

¡°Esta decisi¨®n va m¨¢s all¨¢ de algo legal, va a ayudar a otras personas que est¨¢n privadas de la libertad, porque abre la puerta a que el derecho penal sea m¨¢s flexible, a dejar de lado esta visi¨®n tan formalista de los procesos¡±, apunta la coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, Leslie Jim¨¦nez, ¡°este caso conmemora todo lo que la Corte tiene que tener en cuenta para el an¨¢lisis de otros casos, en los que existan tecnicismos que est¨¢n dificultando el acceso a la justicia¡±. En esa misma l¨ªnea se expresa Luis Tapia, abogado especialista en derechos humanos: ¡°Es muy valioso que la Corte est¨¢ enviando un mensaje a los tribunales de que lo procesal no es m¨¢s importante que el fondo, no se deben privilegiar las formas sino la resoluci¨®n del asunto¡±.

El documentalista Roberto Hern¨¢ndez, autor de Presunto culpable y Duda razonable, que ha respondido por tel¨¦fono a EL PA?S, celebra la resoluci¨®n de la Suprema Corte pero pide poner atenci¨®n en los hilos que quedan colgando del caso. ¡°Algo que siempre me ha preocupado es que quienes orquestaron este caso siguen en puestos de la Fiscal¨ªa¡±, dice Hern¨¢ndez, que menciona a C¨¦sar Oliveros, fiscal antisecuestros en Tabasco que fue contratado para ese mismo puesto ahora en Ciudad de M¨¦xico, con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, o el vicefiscal en el caso Juan Francisco Vera Ayala y Mar¨ªa del Rosario Delf¨ªn Rosales, la fiscal de Alto Impacto de Tabasco, quienes ahora est¨¢n investigando los casos de secuestro en Puebla. ¡°Lo que deber¨ªa de ocurrir realmente es que haga una auditor¨ªa de todos los casos que intervinieron, no solo es un despido, es una investigaci¨®n que hecha por tierra lo casos que han participado¡±, propone Hern¨¢ndez.

El periodista, que confiesa entre risas que soltar esta investigaci¨®n despu¨¦s de siete a?os va a ser como ¡°una suerte de desempleo¡±, apunta a todos los casos como el de Gonzalo, Juan Luis y H¨¦ctor que ocurren diariamente en M¨¦xico: ¡°Las instituciones de administraci¨®n de justicia est¨¢n capturadas por intereses pol¨ªticos o por el crimen organizado, no es un sistema que est¨¦ orientado a impartir justicia. Entonces hay personas que quedan atrapadas dentro de este sistema y, antes de que se haga una reforma m¨¢s profunda, solo llegamos a salvar unas cuantas vidas¡±.

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