La CIDH alerta de que los jesuitas de Cerocahui est¨¢n en una situaci¨®n de riesgo ¡°grave, urgente e irreparable¡±

A siete meses del asesinato de dos sacerdotes de Cerocahui, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares de protecci¨®n a 11 de los miembros de la comunidad por considerar que se encuentran en una situaci¨®n de riesgo ¡°grave, urgente e irreparable¡±. En su resoluci¨®n, el ente internacional pide al Estado mexicano que ¡°adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal, y prevenir actos de amenaza, intimidaci¨®n y violencia en su contra¡±. La CIDH da un plazo de 15 d¨ªas al Gobierno para integrar estas medidas y le solicita una actualizaci¨®n peri¨®dica.

El 20 de junio de 2022, los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaqu¨ªn Mora Salazar fueron asesinados dentro de la parroquia San Francisco Javier, en la sierra Tarahumara de Chihuahua. Los sacerdotes trataron de defender a Pedro Palma, un gu¨ªa tur¨ªstico que se hab¨ªa refugiado en el templo y a quien persegu¨ªan miembros del crimen organizado. Los tres terminaron acribillados por los sicarios. Se llevaron en una camioneta sus cuerpos, que aparecieron tirados dos d¨ªas m¨¢s tarde.

Detr¨¢s del crimen, las autoridades situaron a Jos¨¦ Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Un l¨ªder del narco local, aliado del grupo criminal Los Salazar, una c¨¦lula del C¨¢rtel de Sinaloa, que act¨²a como un cacique en la sierra. La Fiscal¨ªa ofreci¨® una recompensa de cinco millones de pesos ¡ªunos 250.000 d¨®lares¡ª, pero El Chueco sigue sin ser detenido.

Su impunidad le permiti¨® el pasado 24 de agosto grabar un video a cara descubierta en el que amenazaba al p¨¢rroco Jes¨²s Reyes, testigo y sobreviviente del crimen. El criminal avisaba de que iba a incendiar la comunidad y asesinar a toda persona que colabore con los sacerdotes en los procesos judiciales, adem¨¢s de que iba a regresar a Cerocahui a por Reyes ¡°por boc¨®n¡±. Estas amenazas, adem¨¢s, han sido difundidas por los pueblos de la sierre, con el objetivo de que nadie pueda ayudar a los cl¨¦rigos.

La comunidad jesuita de Cerocahui, un municipio rural, ind¨ªgena y pobre de M¨¦xico, de unos 1.000 habitantes, ha advertido en numerosas ocasiones que las autoridades municipales han sido impuestas por El Chueco y que incluso el director de la polic¨ªa de una localidad vecina trabaja para el crimen organizado. Esta colusi¨®n explica que algunos de los agresores sigan recorriendo libremente el territorio. Al Chueco incluso se le ha visto en una fiesta a menos de 20 kil¨®metros de Cerocahui, y dos de sus principales operadores fueron detenidos en octubre con granadas y armas. Posteriormente fueron liberados.

La Fiscal¨ªa ha anunciado que han detenido a 31 personas relacionadas con el crimen, pero el clima de terror se mantiene, denuncian los sacerdotes, tanto que les est¨¢ impidiendo realizar sus actividades normales. La protecci¨®n que hasta ahora han recibido del Estado incluye el apoyo de un par de agentes de la Guardia Nacional, una seguridad que califican de ¡°insuficiente¡±: ¡°En particular, durante los fines de semana no pueden cubrir todas las necesidades del equipo religioso, tanto de los que viajan, como los que se quedan en la comunidad¡±. Adem¨¢s, ¡°los miembros de la Guardia Nacional no contar¨ªan con condiciones m¨ªnimas de estad¨ªa, tales como hospedaje o sanitarios, teniendo que brind¨¢rselos la propia comunidad. Ello, no solo limita el espacio que se utiliza para labores pastorales, sino que impone una carga para la comunidad¡±, apuntan.

Ante esta informaci¨®n, la CIDH concluye: ¡°A pesar del transcurso del tiempo, a¨²n no se han brindado medidas de protecci¨®n adecuadas a la situaci¨®n de riesgo, lo que puede ocasionar afectaciones a sus derechos a la vida e integridad en cualquier momento¡±. La Comisi¨®n incluye entre las medidas cautelares necesarias a Jes¨²s Reyes, A.G.C., N.C.J., Esteban de Jes¨²s Cornejo, Sebasti¨¢n Salamanca, Luis Ram¨®n Avitia, Luis Gilberto Alvarado; M.L.R.C., Enrique Javier Mireles, Alberto Mungu¨ªa y Daniel Mart¨ªn. Todos ellos, incide la CIDH, ¡°estar¨ªan siendo vigilados¡±, puesto que ¡°se han presentado reportes de sicarios en comunidades aleda?as que estar¨ªan amenazando con atacarlos¡±.

Para el ente internacional, que los sacerdotes fueran asesinados en su propio templo y que los agresores est¨¦n ligados a un c¨¢rtel reconocido a nivel mundial como el de Sinaloa ¡°refleja el alto margen de actuaci¨®n que tuvieron personas armadas¡±. Por esta raz¨®n, exigen al Gobierno que mejore las medidas de protecci¨®n propuestas hasta ahora.

El imperior criminal del Chueco no es desconocido para las Fuerzas Armadas mexicanas, que desde hace tiempo siguen sus pasos. La masiva filtraci¨®n de correos de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena), a la que EL PA?S tuvo acceso, revel¨® que el Ej¨¦rcito conoc¨ªa desde hace por lo menos dos a?os antes de la tragedia de Cerocahui pr¨¢cticamente todo sobre el cacique: sus alianzas con el Cartel de Sinaloa, las rutas de tr¨¢fico de droga que utilizaba y el r¨¦gimen de terror que impuso a la poblaci¨®n civil de la zona. Estaba, incluso, dentro de una lista de objetivos prioritarios de su aparato de inteligencia. Las alarmas, sin embargo, no sonaron hasta que los religiosos y el gu¨ªa fueron acribillados. A d¨ªa de hoy, sigue en busca y captura.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs