El Gobierno mexicano evade los cuestionamientos de la ONU sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas

La Organizaci¨®n de las Naciones Unidas (ONU) pidi¨® al Estado mexicano respuestas sobre el avance de las pesquisas en el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua en junio de este a?o y pruebas de que se han investigado las amenazas contra los defensores de derechos humanos en la sierra Tarahumara. Tres relator¨ªas especiales del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hicieron llegar la petici¨®n formal al Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador un mes despu¨¦s del crimen perpetrado contra los religiosos, seg¨²n documentos publicados esta semana por la organizaci¨®n internacional a los que ha tenido acceso EL PA?S. Las autoridades respondieron dos d¨ªas antes de que venciera el plazo de la solicitud con un escueto documento oficial, en el que afirmaron que la Fiscal¨ªa estatal no consign¨® ninguna amenaza contra los sacerdotes. Tampoco entraron en detalles m¨¢s all¨¢ de la informaci¨®n que ya es p¨²blica sobre las indagatorias para dar con Jos¨¦ Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el principal sospechoso que sigue pr¨®fugo de la justicia.

Los sacerdotes Joaqu¨ªn C¨¦sar Mora Salazar y Javier Campos Morales fueron asesinados a tiros el pasado 20 de junio dentro de una iglesia, donde resguardaban al gu¨ªa tur¨ªstico Pedro Palma. El gu¨ªa tambi¨¦n fue asesinado tras ser perseguido por Gente Nueva, el grupo delictivo que encabezaba El Chueco en Cerocahui, una peque?a comunidad ind¨ªgena al suroeste del Estado de Chihuahua. Despu¨¦s de matarlos, los integrantes de la organizaci¨®n criminal sustrajeron los tres cuerpos y los abandonaron en un paraje un par de d¨ªas despu¨¦s, tras arrastrarlos con una camioneta. El crimen provoc¨® la indignaci¨®n de la Iglesia cat¨®lica que alz¨® la voz para cuestionar la estrategia de seguridad del Gobierno de L¨®pez Obrador. ¡°Expreso mi dolor y consternaci¨®n por el asesinato en M¨¦xico¡±, dijo el papa Francisco el 22 de junio.

¡°Expresamos nuestra profunda preocupaci¨®n por el asesinato de los defensores de derechos humanos y sacerdotes jesuitas Joaqu¨ªn C¨¦sar Mora Salazar y Javier Campos Morales, que tememos haya estado directamente relacionado con su labor¡±, se lee en el documento firmado el pasado 22 de julio por los relatores especiales de la ONU sobre la situaci¨®n de los defensores de derechos humanos, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. Los tres relatores pidieron al Gobierno mexicano que diera ¡°atenci¨®n urgente¡± a la solicitud y dieron un plazo de 60 d¨ªas para responder.

La respuesta se produjo, precisamente, casi dos meses despu¨¦s: en un oficio firmado el pasado 20 de septiembre por la Misi¨®n Permanente de M¨¦xico ante la ONU en la ciudad suiza de Ginebra. Las autoridades mexicanas reiteraron que no hab¨ªa registros judiciales de alguna amenaza contra los sacerdotes y no dieron informaci¨®n sobre las situaciones denunciadas por otros defensores otros defensores de derechos humanos. S¨ª explicaron que hay un testigo que ha recibido protecci¨®n para resguardar su seguridad. Tambi¨¦n se se?ala que la Comisi¨®n Ejecutiva de Atenci¨®n de V¨ªctimas de Chihuahua busc¨® a los familiares de los sacerdotes asesinados, pero se admite que no pudo establecer contacto directo con ellos, aunque est¨¢n ¡°en disposici¨®n¡± de brindarles apoyo.

Sobre las investigaciones, la misi¨®n de M¨¦xico dijo que se han hecho diligencias para entrevistar a personas que identificaran los cad¨¢veres de las v¨ªctimas, dar un parte informativo a las autoridades ministeriales y hacer diversos procedimientos periciales como necropsias, levantamiento de informaci¨®n criminal¨ªstica y series de fotograf¨ªas. Tambi¨¦n se reserv¨® la identidad de todos los testigos que se?alaron a El Chueco y Gente Nueva como los responsables, se decomis¨® el veh¨ªculo donde se transportaron los cuerpos y se inici¨® un operativo de busca y captura de los sospechosos. Tras presentar el informe, las autoridades piden que se de por resuelta la solicitud conjunta. Sin contar los considerandos, todo el informe de los primeros tres meses de las indagatorias a la ONU cabe en cuatro p¨¢ginas.

¡°Que tres mandatos especiales de la ONU se haya pronunciado sobre el caso y demandado informaci¨®n sobre la indagatoria da cuenta del impacto global de estos eventos que, sin embargo, siguen impunes¡±, afirma el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro Ju¨¢rez (Centro Prodh), una instituci¨®n fundada por la Compa?¨ªa de Jes¨²s. ¡°Es relevante que los relatores encuadren la actividad de los sacerdotes jesuitas asesinados como propia de defensores de derechos humanos, pues en raz¨®n de ello las autoridades del Estado mexicano tienen una obligaci¨®n agravada de debida diligencia en la investigaci¨®n para que no queden impunes los hechos¡±, agrega.

Tras la filtraci¨®n masiva de documentos de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional, EL PA?S adelant¨® en octubre que las fuerzas de seguridad conoc¨ªan desde dos a?os antes de los asesinatos el poder de El Chueco y su imperio criminal en el sur de Chihuahua. El Ej¨¦rcito sab¨ªa de las alianzas del principal sospechoso con el Cartel de Sinaloa, las rutas de tr¨¢fico de droga que utilizaba y el r¨¦gimen de terror que impuso a la poblaci¨®n civil de la zona. Estaba, incluso, dentro de una lista de objetivos prioritarios de su aparato de inteligencia. Las alarmas, sin embargo, no sonaron hasta que los religiosos y el gu¨ªa fueron acribillados.

Tras el asesinato, se orden¨® a los militares de la zona hacer un ¡°seguimiento¡± a las actividades de representantes de la Iglesia cat¨®lica y de otras denominaciones religiosas. En uno de los documentos filtrados se pide vigilar posibles agresiones, pero tambi¨¦n consignar ¡°posibles v¨ªnculos con la D.O [delincuencia organizada]¡± de los eclesi¨¢sticos y su ¡°postura respecto a la pol¨ªtica de seguridad del Gobierno federal, incluyendo pronunciamientos¡±. ¡°Es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos, hasta hoy pr¨®fugo, y s¨ª en monitorear los pronunciamientos p¨²blicos de los sacerdotes¡±, reproch¨® la Compa?¨ªa de Jes¨²s tras la publicaci¨®n del reportaje.

¡°Quisi¨¦ramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas¡±, solicitan los funcionarios de la ONU. ¡°Quisi¨¦ramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan¡±, agregan.

¡°A casi seis meses, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar al perpetrador ante la justicia y la situaci¨®n de la sierra Tarahumara no ha mejorado¡±, lamenta el Centro Prodh. Ante los se?alamientos, las autoridades argumentaron en septiembre que segu¨ªa la b¨²squeda de testigos y el rastreo de los agresores. Pese a m¨²ltiples operativos y diligencias judiciales, el crimen que estremeci¨® a la sierra Tarahumara y a todo un pa¨ªs sigue sin respuesta.

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