Un grupo de fiscales de EE UU se suma a M¨¦xico en su batalla legal contra el tr¨¢fico de armas

La lucha legal iniciada en 2021 por M¨¦xico para llevar a la justicia a 11 gigantes de la industria armamentista estadounidense ha dado un nuevo paso. Fiscales de 18 territorios de EE UU ¡ªjunto a varias autoridades de seguridad, organizaciones y Gobiernos de otros pa¨ªses¡ª se han sumado esta semana a la apelaci¨®n del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador despu¨¦s de que un juez de Massachusets desechara una primera demanda civil en septiembre pasado. El pa¨ªs latinoamericano reclama ¡°pr¨¢cticas comerciales negligentes e il¨ªcitas¡± a los fabricantes, ¡°que facilitan el tr¨¢fico ilegal de armas a M¨¦xico¡±.

¡°Los acusados y los carteles mexicanos est¨¢n involucrados en un intercambio letal: los demandados proveen de armas de asalto y rifles para francotiradores que las organizaciones criminales utilizan para fabricar drogas y aterrorizar a ciudades enteras en M¨¦xico; los carteles, a cambio, importan esas drogas y siembran el caos en Estados Unidos¡±, se lee en el Amicus curiae, un documento presentado ante la corte de apelaciones del primer circuito para respaldar las demandas del Gobierno mexicano. El escrito est¨¢ firmado por autoridades de California, Texas, Nueva York, Illinois y Pensilvania, entre otros. ¡°Nuestras oficinas han visto de primera mano el efecto catastr¨®fico que la conducta de los acusados ha tenido en nuestras comunidades, con una escalada de la violencia y guerras por el territorio peleadas con estas armas¡±, se agrega.

El apoyo de las autoridades llega meses despu¨¦s de que la causa mexicana sufriera un primer rev¨¦s y no fuera admitida a juicio el a?o pasado. El juez federal que llevaba el caso, Dennis Saylor, asegur¨® en su resoluci¨®n que la corte ten¨ªa ¡°empat¨ªa por los mexicanos¡±, pero que el tribunal ten¨ªa en cuenta la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (m¨¢s conocida por sus siglas, PLCAA), una pol¨¦mica ley promovida en 2005 que blinda a la industria de armas por el mal uso de las mismas. D¨ªas despu¨¦s de la decisi¨®n del juez, el canciller Marcelo Ebrard anunci¨® una nueva demanda, esta vez en una corte de Arizona.

En los apoyos de los Amicus Curiae ¡ªlas autoridades que han respaldado voluntariamente la nueva demanda y que son ajenos al litigio¡ª, los fiscales de los 18 territorios estadounidenses consideran que el argumento sobre el blindaje de la PLCAA defendido por el juzgador solo ampara a la industria en caso de los malos usos por parte de terceros y no ¡°por sus propias malas conductas o pr¨¢cticas¡±. ¡°El Tribunal de Distrito no consider¨® las enormes cargas econ¨®micas (y no econ¨®micas) que preserva la solicitud de PLCAA [...] al inundar M¨¦xico con armas de fuego intencionalmente, los demandados [los 11 fabricantes] causan un da?o profundo en los EE UU. Ha surgido un ciclo com¨²n: sus armas se compran en los EE UU, a menudo con las ganancias de la venta de drogas ilegales¡±, se?alan en el escrito los fiscales.

Los abogados de M¨¦xico presentaron varios documentos para mostrar m¨²sculo ante la corte de apelaciones. Otro de los escritos ha sido firmado por ex polic¨ªas, oficiales de justicia y funcionarios de agencias de seguridad, que muestran su apoyo a las demandas de M¨¦xico y defienden que los productores de armas saben que sus pr¨¢cticas ponen las armas en manos de traficantes, que las cruzan y terminan cayendo en posesi¨®n de los c¨¢rteles mexicanos. Esa posici¨®n era uno de los argumentos que el Ejecutivo mexicano expon¨ªa en las 139 p¨¢ginas de la demanda inicial, presentada ante el tribunal de Massachusetts en 2021: ¡°Ellos saben bien que esas armas est¨¢n entre las favoritas de los c¨¢rteles de la droga¡±. En el escrito de las autoridades han solicitado que no se permitan la evasi¨®n de responsabilidades de los fabricantes.

La violencia que ha sumido a M¨¦xico en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas no ha sido una excepci¨®n en el continente. La Red de Seguridad Humana para Am¨¦rica Latina y el Caribe, junto a seis pa¨ªses de la regi¨®n han enviado un tercer comunicado, defendiendo la importancia de que este tipo de casos ¡ªen los que entran los involucrados en el proceso de tr¨¢fico de armas¡ª sean juzgados en una corte federal. ¡°La violencia armada es una de las crisis de salud p¨²blica m¨¢s importantes en la regi¨®n¡±, exponen en el escrito. Ese documento est¨¢ firmado por los Gobiernos de Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas y Trinidad y Tobago, cuyos apoyos se cabildearon a trav¨¦s de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe?os.

El Gobierno mexicano ha reclamado que alrededor de medio mill¨®n de armas cruzan la frontera con EE UU de manera ilegal, lo que alimenta la ola de violencia homicida que azota al pa¨ªs. Para tratar de destacar la responsabilidad de los fabricantes, el Ejecutivo de L¨®pez Obrador trat¨® de mantener una estrategia desde dos frentes: el diplom¨¢tico ¨Dcon una mesa de negociaciones con Washington¨D; y el legal, con la demanda interpuesta. Entre los 11 fabricantes demandados se encuentra Smith & Wesson, la compa?¨ªa estadounidense m¨¢s destacada, adem¨¢s de otras marcas como Colt, Barrett y Glock.

En las ¨²ltimas semanas, el ala conservadora de EE UU ha estado en el foco. Varios congresistas republicanos han tratado de presionar a M¨¦xico para que replantee su estrategia de seguridad para quitarle poder al narco en la regi¨®n, y ha propuesto encasillar a los c¨¢rteles mexicanos como grupos ¡°terroristas¡±. Desde el Ejecutivo de L¨®pez Obrador han llegado a criticar el intervencionismo que podr¨ªa suponer la introducci¨®n del Ej¨¦rcito estadounidense en la frontera de M¨¦xico. Mientras en Estados Unidos se reclama el flujo de droga desde la frontera sur, M¨¦xico insiste en poner un alto a las armas que llegan ilegalmente desde su vecino del norte.

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