Un juez desecha la demanda de M¨¦xico contra los fabricantes de armas en EE UU

Tom¨® algo m¨¢s de un a?o para que una de las demandas m¨¢s importantes iniciadas por el Estado mexicano se topara con el muro judicial de EE UU. Este viernes, el juez federal Dennis Saylor ha desechado el proceso que la canciller¨ªa de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador comenz¨® en agosto de 2021 en contra de las 11 principales fabricantes de armas de su vecino del norte. El juicio pretend¨ªa subrayar la responsabilidad de quienes hacen y distribuyen el armamento en la violencia que sufren amplias regiones de M¨¦xico. Se sab¨ªa que el camino que recorr¨ªa esta denuncia no ser¨ªa sencillo. El Gobierno pretend¨ªa reclamar en los tribunales miles de millones de d¨®lares en compensaciones. El juez Saylor ha acabado con las ambiciones. M¨¦xico, no obstante, acudir¨¢ a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito.

En su argumentaci¨®n, el juzgador se?ala que M¨¦xico reclama que Smith & Wesson promovi¨® sus armas en publicidad, que daba la idea de que cualquiera pod¨ªa hacerse de rifles de alto poder, de estilo militar. Este tipo de armas, se?alaban los abogados del Gobierno mexicano, atra¨ªan a que personas y organizaciones combatieran contra soldados y polic¨ªas mexicanos. ¡°M¨¦xico, sin embargo, no ha identificado ninguna ley del derecho com¨²n o estatutos que sean violados por esta publicidad¡±, se?ala Saylor. ¡°Aunque la conducta del acusado tenga falta de tacto, nada en esos anuncios es ilegal, inmoral, poco ¨¦tico o sin escr¨²pulos¡±, a?ade el magistrado en referencia de calificativos utilizados por los mexicanos en su demanda.

La estrategia legal de la canciller¨ªa se inici¨® en un tribunal de Boston (Massachusetts). Al radicar all¨ª el caso, el Gobierno mexicano esperaba que su caso tuviera m¨¢s posibilidades y encontrara a un juez m¨¢s habituado a la regulaci¨®n de armas en lugar de otros que se oponen a cualquier control del armamento, como sucede en los circuitos judiciales de Texas, Arizona y otros bastiones republicanos. Sin embargo, uno de los argumentos que elaboran las autoridades judiciales de EE UU es que M¨¦xico no tiene facultades para actuar en el proceso judicial interpuesto contra Colt, un fabricante que est¨¢ basado en el Estado de Connecticut. M¨¦xico se?alaba que le correspond¨ªa un monto de compensaci¨®n porque el tr¨¢fico de armas violentaba un acuerdo de pr¨¢cticas comerciales de aquella entidad. ¡°El demandante debe tener facultades y protecci¨®n de dicho acuerdo para hacer un reclamo¡±, se?ala el documento.

El principal portavoz de la iniciativa en el ¨²ltimo a?o ha sido el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que hab¨ªa evitado entrar en un debate diplom¨¢tico que condenara la Segunda Enmienda ¡ªel derecho constitucional en EE UU para poseer armas¡ª sino que enfoc¨® sus esfuerzos en se?alar el conocimiento que los fabricantes y distribuidores tienen para posicionar sus productos entre los grupos criminales como potenciales clientes. La denuncia de M¨¦xico enumeraba m¨¢s de un centenar de cr¨ªmenes desde 2004 en los que las armas utilizadas para matar hab¨ªa sido traficadas ilegalmente desde EE UU, unas 340.00 al a?o seg¨²n c¨¢lculos del Gobierno mexicano.

Las autoridades mexicanas sab¨ªan que el proceso llevar¨ªa varios a?os. Ten¨ªan la esperanza que de sus argumentos pudieran evitar una pol¨¦mica ley nacional que blinda desde 2005 a los fabricantes de armas ante juicios iniciados por el mal uso, como los tiroteos masivos, suicidios y homicidios. Esta, conocida como Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA, por sus siglas en ingl¨¦s), hace casi intocables a los ya de por s¨ª poderosos actores. ¡°La demanda civil por da?os en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la Canciller¨ªa seguir¨¢ insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro pa¨ªs¡±, ha expresado la canciller¨ªa mexicana en un comunicado, tras la decisi¨®n del juez.

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