Una funcionaria del Poder Judicial, acusada por el Gobierno de participar en los contratos corruptos de Garc¨ªa Luna

Una funcionaria de alto nivel del Poder Judicial suscribi¨® hace m¨¢s de una d¨¦cada contratos que beneficiaron a la red de corrupci¨®n de Genaro Garc¨ªa Luna, secretario de Seguridad P¨²blica en el Gobierno de Felipe Calder¨®n. Se trata de Sonia Vargas Terrero, que entre 2009 y 2011 se desempe?¨® como directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Polic¨ªa Federal y otorg¨® cuatro contratos por 71,6 millones de d¨®lares a las empresas Nice Systems Ltd. y Nunvav Inc., ambas relacionadas con el exfuncionario calderonista. Los contratos fueron para la instalaci¨®n y mantenimiento de equipos y programas de espionaje telef¨®nico. Ahora, Vargas Terrero fue contratada en abril de este a?o como directora de la Coordinaci¨®n de Administraci¨®n del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la instituci¨®n encargada de vigilar el desempe?o y buena conducta de los jueces. Este caso ha sido utilizado por L¨®pez Obrador para reforzar sus descalificaciones al Poder Judicial y en particular a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Pi?a, que tambi¨¦n preside el CJF.

La organizaci¨®n de derechos digitales R3D obtuvo los contratos asignados por Vargas Terrero desde la Polic¨ªa Federal a la red corrupta de Garc¨ªa Luna. En los documentos aparece la firma aut¨®grafa de la funcionaria. Tres contratos fueron suscritos a lo largo de 2009 con la compa?¨ªa israel¨ª Nice Systems Ltd., perteneciente a miembros de la familia Weinberg, testaferros de Garc¨ªa Luna. La intenci¨®n era adquirir la plataforma de espionaje NiceTrack, que fabricaba a nivel mundial la compa?¨ªa de los socios de Garc¨ªa Luna. Luego, en 2011, Vargas Terrero adjudic¨® un contrato a Nunvav Inc., empresa de la que Garc¨ªa Luna era beneficiario final, para dar mantenimiento a los equipos de intervenci¨®n telef¨®nica que fueron vendidos previamente a la Polic¨ªa Federal por sus prestanombres. Negocio redondo. Esos contratos se dieron mientras Garc¨ªa Luna era titular de la Secretar¨ªa de Seguridad y jefe de Vargas Terrero.

El excolaborador de Calder¨®n fue declarado culpable de narcotr¨¢fico y delincuencia organizada por un jurado de Nueva York en febrero pasado. Pero enfrenta una nueva demanda civil en el Estado de Florida por haberse enriquecido mediante una treintena de contratos asignados por dependencias gubernamentales a empresas suyas y de sus socios. A trav¨¦s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Gobierno mexicano le reclama una fortuna de 750 millones de d¨®lares obtenidos gracias a contrataciones ama?adas con la Polic¨ªa Federal, la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n y la Fiscal¨ªa de la Ciudad de M¨¦xico entre 2009 y 2018, durante los sexenios de Calder¨®n y de Enrique Pe?a Nieto. En el recurso, la UIF agreg¨® una lista de los contratos considerados corruptos e incluy¨® los cuatro suscritos por Vargas Terrero.

Este lunes, el director de la UIF, Pablo G¨®mez, ha informado de que la demanda se encuentra estancada debido a que los imputados ¡ªentre los que figuran Garc¨ªa Luna y los Weinberg¡ª han promovido recursos legales para frenar el reclamo del Gobierno mexicano. G¨®mez ha agregado que tanto Vargas Terrero como otros exfuncionarios que firmaron contratos est¨¢n denunciados tambi¨¦n ante la Fiscal¨ªa mexicana. ¡°Es necesario decir que las personas que he mencionado est¨¢n dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, no son desconocidas, est¨¢n sujetas a investigaci¨®n, pero no solo por estos actos que est¨¢n conectados a una gran trama de corrupci¨®n; estamos insistiendo que estas personas est¨¢n involucradas, porque son quienes firmaron los contratos y por lo tanto quienes autorizaron las erogaciones¡±, dijo el funcionario durante la conferencia ma?anera. G¨®mez ha agregado que los servicios contratados por Vargas Terrero con las empresas de Garc¨ªa Luna no fueron entregados a la Polic¨ªa Federal, por lo que se trata de un t¨ªpico caso de desv¨ªo de recursos p¨²blicos.

L¨®pez Obrador ha se?alado que la ministra Norma Pi?a es responsable directa de la contrataci¨®n de Vargas Terrero en el CJF. ¡°Eso tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que tambi¨¦n no sirve para nada, es un florero, est¨¢ de adorno. Porque si funcionara el Consejo de la Judicatura del poder Judicial, pues ellos tendr¨ªan que estar viendo esto, de c¨®mo se va a contratar en el poder Judicial a quien est¨¢ acusada por firma de contratos ilegales, inmorales, en la ¨¦poca de Garc¨ªa Luna. ?C¨®mo el Poder Judicial va a contratar a esta se?ora! ?Y qu¨¦ hace el Consejo de la Judicatura, que es el ¨®rgano que debe de vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros? Ah, pero resulta que la presidenta de la Suprema Corte es tambi¨¦n la presidenta del Consejo de la Judicatura, y hay otros miembros, pero todos se callan¡±, dijo el mandatario en su conferencia del viernes.

No obstante, la designaci¨®n de la titular de la Coordinaci¨®n de Administraci¨®n del CJF no depende directamente de la presidenta Pi?a, sino de la Comisi¨®n de Administraci¨®n, un ¨®rgano colegiado del que no participa la ministra. Este diario consult¨® al ¨¢rea de comunicaci¨®n social de la Judicatura para cuestionarle si se abrir¨ªa alguna investigaci¨®n interna sobre Vargas Terrero o si esta ser¨ªa separada del cargo, pero al momento de esta publicaci¨®n la pregunta no hab¨ªa sido atendida.

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