¡®Operaci¨®n Safiro¡¯: siete a?os de impunidad del PRI (y de mala suerte para M¨¦xico)
Gobiernos, partidos, jueces e instituciones condujeron al fracaso una s¨®lida investigaci¨®n que por primera vez pudo haber sentado en el banquillo a los art¨ªfices de la gran corrupci¨®n en el pa¨ªs
Se atribuye al pol¨ªtico Carlos Castillo Peraza la afirmaci¨®n de que ¡°todos los mexicanos llevamos un priista dentro¡±. Curiosamente, ¨¦l no militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino en el entonces opositor Acci¨®n Nacional (PAN). Sus palabras eran un diagn¨®stico pol¨ªtico. El PRI tuvo en el siglo pasado tal influencia en la vida p¨²blica que control¨® todas las instituciones y gobern¨® todos los rincones del pa¨ªs. Su poder fue rotundo. Domin¨® la pol¨ªtica, pero tambi¨¦n la cultura, el entretenimiento, los medios. El partido m¨¢s antiguo de M¨¦xico ten¨ªa como proyecto moldear un pa¨ªs a su semejanza, con una poblaci¨®n que profesara sus mismos valores, en una suerte de biopol¨ªtica, de gobernanza del esp¨ªritu. La corrupci¨®n, la transa, el chanchullo, la mordida, se normaliz¨® desde el poder. No por nada, el ¨²ltimo presidente priista, Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), cre¨ªa que la corrupci¨®n era un problema cultural. De hecho, el suyo fue uno de los sexenios m¨¢s corruptos de la historia mexicana.
El priismo de Pe?a Nieto promet¨ªa una nueva forma de gobernar. Aparecieron nuevos cuadros, j¨®venes egresados de universidades extranjeras, t¨¦cnicos motivados por el know how (saber hacer las cosas) m¨¢s que por las ideolog¨ªas del siglo pasado. El PRI intentaba as¨ª conquistar de nuevo la confianza del votante mexicano, que ech¨® al partido hegem¨®nico de la presidencia en el 2000, tras siete d¨¦cadas de mandato ininterrumpido (cosa muy distinta es decir que se acab¨® con el priismo). Pe?a Nieto, el pol¨ªtico que devolvi¨® al tricolor al poder en 2012, se rode¨® de un grupo de asesores tecn¨®cratas, gobernantes en los Estados y empresarios que dedicaron gran parte de sus esfuerzos a saquear las arcas p¨²blicas. Varios de esos colaboradores han sido encarcelados, otros son buscados por la justicia y unos m¨¢s se han ido al exilio (el expresidente vive en Espa?a). El partido, en realidad, hab¨ªa renovado ¨²nicamente su apariencia, el peinado y la sonrisa.
Durante ese sexenio se elabor¨® y ejecut¨® uno de los m¨¢s sofisticados mecanismos de desv¨ªo de recursos p¨²blicos y blanqueo, la Operaci¨®n Safiro (nombrada deliberadamente con ¡®s¡¯ y no con ¡®z¡¯). Se trat¨® de una acci¨®n concertada entre el Gobierno pe?ista y los gobiernos estatales en manos del PRI para extraer millones de pesos del erario, blanquearlos mediante una compleja red de empresas fantasma, y luego inyectarlos a las campa?as electorales donde el partido intentaba retener el poder o arrebatarlo a sus adversarios. El mecanismo fue descubierto a finales de 2016 por la Fiscal¨ªa de Chihuahua, cuando el PAN sac¨® al tricolor de la gubernatura estatal. Tras siete a?os en los que la investigaci¨®n fue objeto de una gigantesca disputa pol¨ªtica y judicial emprendida por el PRI, que desde el primer momento intent¨® sofocar la indagatoria, el caso finalmente fue sepultado por la Suprema Corte de Justicia el pasado 11 de octubre.
Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador gan¨® las elecciones presidenciales de 2018 con la bandera del combate a la corrupci¨®n del pasado y el presente. Pero el dinero desviado en la Operaci¨®n Safiro no se ha recuperado; solo exfuncionarios menores han enfrentado la justicia; algunos involucrados han muerto en circunstancias extra?as; los pesos pesados del c¨ªrculo pe?ista y del PRI no fueron llamados a cuentas; las empresas fantasma utilizadas en el entramado corrupto contin¨²an funcionando... Siete a?os de normalidad, se dir¨ªa. El partido se asoma al pa¨ªs que molde¨® y ve su n¨ªtido reflejo, intacto. El espejo no se rompi¨®. Siete a?os m¨¢s de buena suerte para el PRI. Los malaventurados est¨¢n en otra parte, del otro lado del cristal.
El mecanismo de saqueo
La Operaci¨®n Safiro se comenz¨® a desentra?ar en Chihuahua, pero se trat¨® de un modelo de corrupci¨®n replicado en varios Estados gobernados por el PRI entre 2015 y 2016, en un momento en que el partido en el poder se jugaba su dominio en el Congreso ¡ªeran elecciones legislativas intermedias¡ª y el control de las gubernaturas. La operaci¨®n involucr¨® a tres instancias: la Secretar¨ªa de Hacienda federal, entonces encabezada por Luis Videgaray, un hombre de todas las confianzas de Pe?a Nieto; el PRI, que presid¨ªa el exgobernador de Sonora, exdiputado y exsenador Manlio Fabio Beltrones; y el gobierno estatal en cuesti¨®n. El caso de Chihuahua, que entonces gobernaba C¨¦sar Duarte, sirve para explicar el funcionamiento del saqueo.
En abril de 2016, la Unidad de Pol¨ªtica y Control Presupuestario de Hacienda transfiri¨® al Gobierno de Chihuahua 275 millones de pesos. Casi de inmediato, y en un solo d¨ªa, los recursos fueron depositados a las cuentas de empresas de papel que simularon contratos con la Secretar¨ªa de Educaci¨®n estatal para la impartici¨®n de cursos y asesor¨ªas. Del total del dinero recibido de Hacienda, 246 millones de pesos (13,4 millones de d¨®lares) fueron enviados a las compa?¨ªas Samex, Sinnax, Sisas y Despacho de Profesionistas Futura, que fueron constituidas en la misma semana, en la misma notar¨ªa y pr¨¢cticamente con los mismos accionistas. Los restantes cuatro millones de pesos (218.000 d¨®lares) fueron transferidos a la empresa Jet Combustibles, propiedad de Alejandro Guti¨¦rrez, La Coneja, un pol¨ªtico de Coahuila al que Beltrones hab¨ªa designado secretario general adjunto del PRI.
El dinero fue dispersado entre abril y junio a trav¨¦s de una compleja red de m¨¢s empresas fachada y testaferros, en su mayor¨ªa personas pobres cuyas identidades fueron robadas. La Fiscal¨ªa de Chihuahua comenz¨® a desentra?ar el mecanismo luego de que el PRI perdi¨® la elecci¨®n de ese Estado el 5 de junio de 2016 frente al panista Javier Corral. Los empleados del saliente gobierno de Duarte pusieron manos a la obra para ¡°empapelar¡± las transferencias millonarias, es decir, elaborar contratos, estudios de mercado y comprobantes que dieran la apariencia de que las contrataciones se hab¨ªan hecho conforme a la ley. No lo lograron. La Fiscal¨ªa obtuvo las facturas que probaban las salidas de dinero irregulares.
Varios funcionarios de Duarte decidieron colaborar con las investigaciones y rindieron testimonios que resultaron clave para dibujar la magnitud de la Operaci¨®n Safiro. El secretario de Hacienda del duartismo, Jaime Herrera, declar¨® a la Fiscal¨ªa que recibi¨® la instrucci¨®n de parte del gobernador y de La Coneja para concretar el desv¨ªo de los 250 millones de pesos. Herrera tambi¨¦n se?al¨® que las empresas mediante las que se efectu¨® la operaci¨®n fueron dispuestas por el hombre de Beltrones. Otros exempleados de Duarte aportaron afirmaciones que confirmaban lo dicho por el exsecretario.
El dinero robado circul¨® durante dos meses por una red de 20 empresas y casas de bolsa. Once de las compa?¨ªas involucradas tambi¨¦n recibieron en 2016 dep¨®sitos de otros gobiernos estatales del PRI por un monto adicional de 301 millones de pesos, de acuerdo con una investigaci¨®n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. Los Estados que efectuaron esos desv¨ªos fueron Durango, Morelos, Sonora, Colima, Michoac¨¢n y el Estado de M¨¦xico. Sumando el dinero comprometido de Chihuahua, los recursos malversados en la Operaci¨®n Safiro suman, al menos, 551 millones de pesos.
Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE), que inici¨® una indagatoria siguiendo la pista del financiamiento de campa?as electorales, document¨® que varios militantes del PRI participaron en la operaci¨®n, como testaferros o representantes legales de las compa?¨ªas de papel. Otros ayudaron activamente a cobrar cheques en ventanillas bancarias para convertir el dinero a efectivo. Adem¨¢s, seg¨²n el expediente del INE, otra empresa de la que La Coneja era accionista, Crec Desarrollos, recibi¨® el mismo a?o un dep¨®sito de la dirigencia del PRI ¡ªde la que el personaje era secretario general adjunto, recu¨¦rdese¡ª mediante una triangulaci¨®n con otra compa?¨ªa.
La investigaci¨®n del INE solo vino a corroborar que el partido tricolor prest¨® su estructura pol¨ªtica, desde sus militantes de a pie hasta sus dirigentes, para posibilitar el desv¨ªo y blanqueo de recursos de Safiro. Cuando se revel¨® en los medios la existencia del mecanismo de corrupci¨®n, en diciembre de 2017, tanto Beltrones como Videgaray negaron estar involucrados en delito alguno. El exgobernador Duarte hab¨ªa huido meses atr¨¢s a Estados Unidos. Solo ser¨ªan detenidos La Coneja, un pu?ado de exfuncionarios medios de Chihuahua y testaferros sin relevancia.
La Viuda Negra
Un asesinato m¨²ltiple acapar¨® los titulares en mayo de 2020. Un alto exfuncionario de la Secretar¨ªa de Hacienda de Pe?a Nieto hab¨ªa sido ejecutado por un grupo armado junto a sus tres hermanos y su madre de 60 a?os mientras todos participaban de una fiesta familiar. El crimen sucedi¨® a plena luz del d¨ªa, en un fraccionamiento acomodado del Estado de Morelos, a donde las v¨ªctimas y sus familiares fueron a pasar el confinamiento de la pandemia. Poco tiempo despu¨¦s se supo que el objetivo del ataque era Isaac Gamboa, el extitular de la Unidad de Pol¨ªtica y Control Presupuestario de Hacienda. Nada menos que quien autoriz¨® con su firma las transferencias millonarias a los Estados participantes de la Operaci¨®n Safiro.
Las autoridades de Hacienda, en el Gobierno de L¨®pez Obrador, descubrieron que Gamboa, su esposa ¡ªBethzabee Brito¡ª y sus hermanos hab¨ªan construido una enorme fortuna en a?os recientes. El exfuncionario y su familia crearon empresas fantasma que formaban parte de una red que blanque¨® alrededor de 5.800 millones de pesos (318 millones de d¨®lares). Los Gamboa invirtieron varios millones en propiedades en Ciudad de M¨¦xico. Los investigadores sospechaban que parte de la fortuna de Gamboa proven¨ªa de sobornos pagados por su participaci¨®n en los desv¨ªos de Safiro, y que su conglomerado de compa?¨ªas fachada pudo ser utilizado tambi¨¦n para blanquear los fondos malversados.
La Fiscal¨ªa de Chihuahua recab¨® testimonios de testigos que implicaban a Gamboa en la trama de los desv¨ªos al PRI. El secretario de Hacienda de Duarte declar¨® que La Coneja, la mano derecha de Beltrones, le pidi¨® expresamente ponerse de acuerdo con el alto funcionario de Hacienda para efectuar el desv¨ªo desde Chihuahua. Gamboa, pues, era una pieza clave, la bisagra entre el Gobierno federal, el partido y los gobernadores.
Se trataba de un hombre de mucha confianza de Luis Videgaray. Ambos comenzaron a colaborar desde 2007, Cuando Videgaray contrat¨® a Gamboa para trabajar en la Secretar¨ªa de Finanzas del Estado de M¨¦xico, que gobern¨® Pe?a Nieto antes de convertirse en presidente. La Fiscal¨ªa de Chihuahua ten¨ªa planes de llamar a Gamboa a testificar, pues su firma estaba plasmada en el convenio de la transferencia recursos de la Federaci¨®n al Estado. La autoridad ministerial no lo consigui¨®, porque la Administraci¨®n de Pe?a Nieto, con la colaboraci¨®n de jueces federales, emprendi¨® una agresiva ¡ªy exitosa¡ª estrategia para arrebatar a Chihuahua el control de la carpeta de investigaci¨®n.
A pesar de los nexos de Gamboa con la Operaci¨®n Safiro, la indagatoria de su asesinato ¡ªa cargo de la Fiscal¨ªa de Morelos, lugar donde sucedi¨® el crimen¡ª nunca tom¨® en cuenta sus antecedentes pol¨ªticos y de corrupci¨®n. La Fiscal¨ªa de ese Estado captur¨® a la viuda de Gamboa, Bethzabee Brito, y la acus¨® del multihomicidio. Seg¨²n la autoridad, la mujer quer¨ªa quedarse con la fortuna y huir con un amante. La apodaron la Viuda Negra. A tres a?os y medio del asesinato, ella sigue en prisi¨®n sin sentencia, lo mismo que uno de los sicarios.
Los investigadores en Chihuahua a cargo del expediente de los desv¨ªos nunca dieron cr¨¦dito a esa versi¨®n. El exgobernador Corral y su fiscal declararon a los medios que Gamboa era un hombre que sab¨ªa demasiado sobre la Operaci¨®n Safiro y que los ¨²nicos beneficiados con su silencio eran los funcionarios de primer nivel y pol¨ªticos del entorno de Pe?a Nieto.
El encubrimiento del fraude
Isaac Gamboa ten¨ªa tanta importancia para el pe?ismo que la Secretar¨ªa de Hacienda federal presion¨® abiertamente al Gobierno de Chihuahua para que el funcionario fuese excluido de la investigaci¨®n. La carta que us¨® la Administraci¨®n de Pe?a Nieto fue cerrar al Estado el flujo de fondos federales para provocar una crisis de gobernabilidad a Corral. El exgobernador ha contado antes la an¨¦cdota de c¨®mo, en una reuni¨®n en Hacienda en enero de 2018, le dijeron que, si quer¨ªa destrabar el conflicto, deb¨ªa hablar personalmente con el presidente Pe?a Nieto para llegar a un acuerdo. La Coneja hab¨ªa sido detenido semanas antes y el priismo estaba nervioso.
Corral rechaz¨® las presiones y ventil¨® al p¨²blico el chantaje del pe?ismo a cambio de impunidad. Lo que vino despu¨¦s fue el despliegue de una operaci¨®n gubernamental a varias bandas para arrebatar a la justicia de Chihuahua la competencia para indagar la Operaci¨®n Safiro. La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), encabezada por Alberto El¨ªas Beltr¨¢n, otro fiel colaborador de Pe?a Nieto, promovi¨® recursos legales para que la investigaci¨®n pasara a manos de la Federaci¨®n y el asunto fuese juzgado por la justicia federal. La defensa del operador de Beltrones se sum¨® a la misma estrategia. El pe?ismo quer¨ªa investigarse y juzgarse a s¨ª mismo.
El argumento de la FGR era que los recursos reclamados por Chihuahua eran de origen federal, no estatal. La estrategia prosper¨®, gracias a la influencia del Gobierno priista en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia. El entonces presidente del Supremo, Luis Mar¨ªa Aguilar, dej¨® en firme la resoluci¨®n de un tribunal colegiado que hab¨ªa ordenado el traspase de la carpeta de Chihuahua a la justicia federal. Una vez que la FGR tuvo el control de la indagatoria, esta no solo se estanc¨®, sino que se hizo lo posible por librar al ¨²nico detenido de mayor perfil, La Coneja, de toda responsabilidad.
En una audiencia en agosto de 2018, los fiscales de la FGR retiraron las acusaciones contra el colaborador de Beltrones. El juez federal que llevaba la causa penal determin¨® que se cancelara el expediente. El Gobierno de Chihuahua promovi¨® un amparo contra el sobreseimiento de la carpeta, exigiendo que se le reconociera como v¨ªctima del desv¨ªo millonario. La ley mexicana exige el consentimiento de la parte ofendida para que proceda el carpetazo de un expediente. Si Chihuahua ganaba el amparo, pod¨ªa echar atr¨¢s el cierre de la investigaci¨®n. Era su ¨²ltimo recurso para salvar el caso.
El pe?ismo tambi¨¦n jugaba a contrarreloj. En julio de ese a?o gan¨® las elecciones presidenciales L¨®pez Obrador y el grupo pol¨ªtico del PRI buscaba desesperadamente un asidero. Unas semanas antes de pasar la estafeta al nuevo mandatario electo, la Consejer¨ªa Jur¨ªdica presidencial promovi¨® ante la Suprema Corte un recurso para blindar a Pe?a Nieto y a su gabinete de cualquier investigaci¨®n emprendida por fiscal¨ªas estatales. El recurso fue admitido por el ministro Eduardo Medina Mora. No era m¨¢s que un amparo para cubrirse las espaldas con la anuencia del Supremo.
Corral y sus investigadores siempre sostuvieron que exist¨ªa un pacto de impunidad de altos vuelos para encubrir los desv¨ªos del tricolor. Una imagen pareci¨® darles la raz¨®n. En mayo de 2019, el abogado Juan Collado celebraba la boda de su hija. El letrado era un conocido defensor de prominentes priistas. Su despacho represent¨® tambi¨¦n a La Coneja, am¨¦n de que el propio Collado hizo directamente negocios con el Gobierno de Duarte en Chihuahua. A la boda acudieron el ya exfiscal El¨ªas Beltr¨¢n, y los ministros Medina Mora, Aguilar y Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena. La foto produjo una sacudida en la pol¨ªtica mexicana, pues pon¨ªa en duda los l¨ªmites de la divisi¨®n de poderes.
El recurso de Corral contra el carpetazo de la Operaci¨®n Safiro escal¨® a la Suprema Corte y se resolvi¨® apenas hace unas semanas, con un proyecto del ministro Ortiz Mena. La resoluci¨®n fue en contra de la petici¨®n de Chihuahua. El Supremo razon¨® que a una entidad como un gobierno estatal no se le puede otorgar el car¨¢cter de v¨ªctima en un proceso penal, salvo en los casos en que se le afecte su patrimonio. Si bien se podr¨ªa sostener que el dinero desviado pertenec¨ªa a los ciudadanos chihuahuenses, no era propiedad del gobierno estatal, de acuerdo con la sentencia.
Punto final
Gracias a la ayuda del pe?ismo, La Coneja solo tuvo que purgar una sentencia en Chihuahua por los cuatro millones de pesos que entraron a las cuentas de su empresa Jet Combustibles. A estas alturas de la historia ¨¦l ya es un hombre libre y sin deudas con la justicia. La mayor¨ªa de los exfuncionarios medianos que participaron en la operaci¨®n de desv¨ªo ya han purgado sus penas. Incluso uno de los principales protagonistas del duartismo, Antonio Tar¨ªn, muri¨® en abril pasado (se suicid¨®, seg¨²n las autoridades estatales).
El exgobernador Duarte fue capturado y extraditado de EE UU en 2022. Est¨¢ vinculado a proceso en Chihuahua por otros delitos de corrupci¨®n no relacionados con Safiro. El nuevo Gobierno estatal, encabezado por Mar¨ªa Eugenia Maru Campos, del PAN, se ha convertido en el principal abogado de Duarte. La Fiscal¨ªa de Maru Campos ha acusado al fiscal que encabez¨® la investigaci¨®n de los desv¨ªos en el duartismo de haber torturado psicol¨®gicamente a los imputados para que aceptaran las culpas e implicaran al exgobernador. Detr¨¢s de tal defensa de Duarte est¨¢ el hecho de que ese mismo fiscal document¨® sobornos del exmandatario a Maru Campos cuando esta era una diputada local. Duarte ha promovido recursos para poder llevar su proceso en libertad, alegando motivos de salud. No hay nada que impida pensar que eso puede ocurrir.
Han pasado siete a?os desde que la Fiscal¨ªa de Corral inici¨® la carpeta de investigaci¨®n sobre la Operaci¨®n Safiro, un expediente que promet¨ªa hacer caer, por fin, a los grandes perpetradores de la corrupci¨®n en M¨¦xico. El freno de mano que meti¨® el Gobierno pe?ista a la indagatoria provoc¨® su naufragio. Eso, y la colaboraci¨®n transversal de funcionarios de todos los partidos y todo tipo de instituciones, de peque?os funcionarios a prominentes jueces.
El INE, que document¨® el entrelazamiento entre la estructura priista y la red de blanqueo de dinero, decidi¨® no sancionar al partido, por no tener la certeza de que los recursos efectivamente hayan beneficiado al PRI. El Tribunal Electoral valid¨® esa resoluci¨®n. Ning¨²n partido, salvo Morena, protest¨® (el PAN y el PRD, que a?os antes alzaron la voz por los desv¨ªos de Chihuahua, callaron ahora, pues son aliados electorales del PRI). El ¨²ltimo clavo al ata¨²d lo puso la Suprema Corte. Es el ethos priista descrito por Castillo Peraza, el coletazo que prueba que el dinosaurio a¨²n vive.
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