El Tribunal Electoral perdona al PRI por el desv¨ªo de 250 millones de pesos de la ¡®Operaci¨®n Safiro¡¯

El Tribunal Electoral federal (TEPJF) ha dado carpetazo al desv¨ªo de 250 millones de pesos en el que estuvo envuelto el exgobernador de Chihuahua C¨¦sar Duarte y la c¨²pula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016. El m¨¢ximo tribunal en materia electoral ha confirmado este mi¨¦rcoles una resoluci¨®n adoptada por el INE el pasado 30 de marzo, en la que concluy¨® que no hay certeza de que los recursos malversados, una vez convertidos en dinero l¨ªquido, hubieran ido efectivamente a parar a las cuentas del partido o a sus campa?as electorales. La sentencia del TEPJF, aprobada por una mayor¨ªa de cuatro votos contra dos, deja sin sanci¨®n uno de los mayores casos de corrupci¨®n pol¨ªtica de los ¨²ltimos tiempos: la Operaci¨®n Safiro, un sofisticado mecanismo de desv¨ªo de recursos que involucr¨® al Gobierno de Duarte, a l¨ªderes de la plana mayor del PRI ¡ªque entonces dirig¨ªa Manlio Fabio Beltrones¡ª y a funcionarios de primer nivel de la Secretar¨ªa de Hacienda de Enrique Pe?a Nieto.

Este caso de desv¨ªo de recursos tiene una vertiente penal que ha seguido otro derrotero. El aspecto electoral, que ha pasado por las manos del INE y el TEPJF, se basa en la presunci¨®n de que los recursos desviados se usaron para financiar campa?as electorales del PRI en las elecciones intermedias de 2015 y las estatales de 2016, seg¨²n los indicios obtenidos por la Fiscal¨ªa de Chihuahua ¡ªque comenz¨® a indagar el delito una vez que el panista Javier Corral arrebat¨® la gubernatura a Duarte¡ª y la Fiscal¨ªa Especializada en Delitos Electorales. Esas indagatorias, sumadas a la que elabor¨® la Unidad T¨¦cnica de Fiscalizaci¨®n del INE, han probado que funcionarios p¨²blicos, empresarios corruptos y pol¨ªticos afiliados al PRI ¡ªsimples militantes y mandos estatales y nacionales¡ª participaron en todas las etapas del mecanismo de desaparici¨®n de los recursos: desde su dispersi¨®n a cuentas de empresas fachada hasta su conversi¨®n a dinero l¨ªquido mediante el cobro de cheques en ventanillas bancarias.

A pesar de las pruebas que muestran c¨®mo el partido prest¨® su estructura pol¨ªtica para posibilitar el desv¨ªo y blanqueo de recursos, el magistrado Felipe Fuentes, autor del proyecto de sentencia, ha considerado que no se puede concluir que el mecanismo tuvo por objeto beneficiar al PRI. ¡°Yo, de todo el material probatorio, si bien se justifica una primera etapa de que s¨ª existe un desv¨ªo de recursos, no se justifica la conclusi¨®n en el sentido de que esos recursos hubieran beneficiado o se hubieran dirigido hacia el Partido Revolucionario Institucional¡±, ha sostenido el magistrado. Sus colegas M¨®nica Soto, Indalfer Infante y Jos¨¦ Luis Vargas votaron a favor de su proyecto. El magistrado Felipe de la Mata se ha ausentado de la sesi¨®n.

Los magistrados Reyes Rodr¨ªguez, presidente del tribunal, y Janine Ot¨¢lora se pronunciaron porque el asunto fuera devuelto al INE, a fin de que este hiciera un nuevo an¨¢lisis de las pruebas con un nuevo enfoque, partiendo de que los autores de esquemas de corrupci¨®n buscan, precisamente, impedir la trazabilidad del dinero, de modo que no se puede esperar que haya pruebas indubitables o ¡°directas¡±. ¡°Creo que se establecen los argumentos suficientes para exigir al INE un nuevo an¨¢lisis probatorio, teniendo en cuenta que en estos casos en donde se denuncian esquemas de desv¨ªos de recursos no resulta v¨¢lido exigir un est¨¢ndar probatorio de prueba directa, ya que estos esquemas est¨¢n dise?ados, precisamente, para evitar o eludir la existencia de estas¡±, ha dicho el magistrado Rodr¨ªguez.

El presidente del tribunal ha a?adido que la Sala Superior ha llegado a la imposici¨®n de sanciones en casos de corrupci¨®n mediante ¡°inferencias l¨®gicas de pruebas indirectas¡±. En el caso de la Operaci¨®n Safiro, una prueba ¡°indirecta¡± es la participaci¨®n de funcionarios de gobiernos priistas y militantes del mismo partido en la trama corrupta. Rodr¨ªguez ha ejemplificado que de esa manera se pudo castigar el Pemexgate, que involucr¨® un desv¨ªo del sindicato de Pemex al PRI; el caso Amigos de Fox, sobre un financiamiento ilegal a la campa?a presidencial del PAN en 2000, o el caso Estancias infantiles del Partido del Trabajo, una fachada de desv¨ªo de recursos. El magistrado Fuentes defendi¨® su proyecto con el argumento de que en el caso del Fideicomiso de Morena no se sancion¨® al partido a pesar de que se prob¨® la participaci¨®n de sus militantes en el manejo de los recursos.

La Fiscal¨ªa de Delitos Electorales mantiene abierta una carpeta de investigaci¨®n por la Operaci¨®n Safiro desde hace siete a?os, pero no la ha llevado ante un juez. La vertiente penal por delitos de corrupci¨®n de funcionarios p¨²blicos se encuentra entrampada en la Suprema Corte de Justicia, a ra¨ªz de un pleito entre la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica y el Gobierno de Chihuahua por el control de la investigaci¨®n. El exgobernador Duarte, por su parte, se encuentra vinculado a proceso en su Estado por otros asuntos de corrupci¨®n, a la espera de sentencia, pero no por el caso Safiro. Los altos funcionarios del Gobierno pe?ista, desde Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda en el a?o de los hechos, hasta el propio expresidente, no han sido llamados a rendir cuentas.

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