Un cateo ilegal, sin abogado y amenazada: el caso de la falsa ¡°Mataviejitas¡±avanza hacia la Suprema Corte

La llave de la libertad de Araceli V¨¢zquez est¨¢ ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n. Su historia fue expuesta en el reciente documental La Dama del Silencio: el caso Mataviejitas. En 2004, la presi¨®n medi¨¢tica por encontrar a la asesina serial de adultas mayores que ten¨ªa en vilo a la capital del pa¨ªs precipit¨® su detenci¨®n y posterior condena entre una monta?a de irregularidades. Ni siquiera la captura de la verdadera culpable en 2006 la sac¨® de la c¨¢rcel.

Ahora, nuevas pruebas obtenidas a partir del expediente judicial de su caso muestran que durante el proceso de averiguaci¨®n previa, la entonces Fiscal¨ªa de Homicidios del Distrito Federal viol¨® sus garant¨ªas constitucionales como inculpada. Esto ha abierto la puerta a un recurso con la intenci¨®n de que el caso sea reabierto por el m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs.

El documental producido por Mezcla y Netflix reaviv¨® el inter¨¦s por el caso. Hasta el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, solicit¨® en una de sus conferencias matutinas del pasado agosto la revisi¨®n de la sentencia de V¨¢zquez. La condena que se busca revisar es de casi 24 por asesinato. V¨¢zquez tiene otras cuatro causas penales de robo.

Las contradicciones del caso fueron expuestas en el documental con base en documentos oficiales desclasificados, as¨ª como en este reportaje de EL PA?S, y muestran la debilidad de las pruebas que se usaron para condenar a V¨¢zquez. Tambi¨¦n se revela un modus operandi en la fabricaci¨®n de culpables en torno a los homicidios de adultas mayores que conmocionaron a la capital de M¨¦xico entre los a?os 2000 y 2006.

La defensa de V¨¢zquez present¨® este 28 de septiembre un recurso de revisi¨®n ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de M¨¦xico, sobre el amparo directo por el cual dicho tribunal ratific¨® en 2008 su sentencia condenatoria. Eso a pesar de que Juana Barraza, la responsable de los homicidios de adultas mayores, ya hab¨ªa sido detenida y estaba a punto de ser sentenciada por 16 homicidios.

Este mes de octubre, dicho tribunal orden¨® que la revisi¨®n sea enviada a la Suprema Corte de la Naci¨®n. Esto podr¨ªa ser un primer paso hacia su libertad, por la que V¨¢zquez ha esperado 19 a?os.

Nuevas piezas del rompecabezas a partir de la defensa legal iniciada por los abogados penalistas Daniel Corona Aguilera y Jos¨¦ Gil Garc¨ªa, tras el estreno del documental, revelan que el proceso de averiguaci¨®n con que el Ministerio P¨²blico consign¨® a V¨¢zquez, y con base en el cual fue sentenciada, viol¨® sus garant¨ªas constitucionales de adecuada defensa y no autoincriminaci¨®n.

V¨¢zquez fue presentada ante los medios de comunicaci¨®n el 1 de abril de 2004 con una bata y peluca. El entonces subprocurador capitalino Renato Sales Heredia asegur¨® que ella era la responsable del homicidio de Gloria Enedina Rizo Ram¨ªrez, crimen que a?os despu¨¦s le fue comprobado a Juana Barraza. Sin embargo, V¨¢zquez continu¨® en prisi¨®n al ser acusada tambi¨¦n del homicidio de Margarita Aceves Quezada, pese a que testigos no la reconocieron en la c¨¢mara Gesell como la mujer sospechosa que vieron con la v¨ªctima el d¨ªa del crimen. De hecho, la descripci¨®n f¨ªsica de la sospechosa encaja en el perfil de Barraza, al igual que su modus operandi.

Una serie de ilegalidades ya hab¨ªa ocurrido durante las 48 horas previas a la rueda de prensa. V¨¢zquez fue detenida el 31 de marzo en relaci¨®n con un caso aislado de robo, tras lo cual le fue designado un defensor de oficio de nombre Marco Antonio Mart¨ªnez Bernal. Sin embargo, ¨¦ste no estuvo presente en ninguna de las declaraciones ministeriales que posteriormente rindi¨® Araceli. Esto constituye una primera ilegalidad, seg¨²n sus abogados. En espec¨ªfico, una violaci¨®n de un derecho constitucional.

En su primera declaraci¨®n ministerial, Araceli s¨®lo fue asistida por su sobrino, Julio C¨¦sar Carabia Castillo, quien contaba con un nivel de instrucci¨®n primaria. Durante dicho interrogatorio, seg¨²n consta en el expediente, V¨¢zquez acept¨® haber robado a diversas personas (como lo reconoce al d¨ªa de hoy), pero neg¨® ser la responsable de los homicidios de adultas mayores, como tambi¨¦n lo negaron las testigos del homicidio de Margarita Aceves que fueron citadas para intentar identificarla.

Tambi¨¦n autoriz¨® a personal de la Fiscal¨ªa a realizar una ¡°inspecci¨®n¡± en su casa en Acolman, Estado de M¨¦xico. ¡°Un cateo ilegal y desaseado¡± indica el abogado Daniel Corona, pues las autoridades capitalinas no ten¨ªan facultades en otro estado, y adem¨¢s era necesaria la autorizaci¨®n de un juez y m¨¢s formalidades. Esto constituye una segunda ilegalidad.

Las autoridades sostuvieron que durante la ¡°inspecci¨®n¡± irregular encontraron en casa de Araceli la bata y peluca con la cual la presentaron en la rueda de prensa y aseguraron que era su disfraz, as¨ª como un reloj que pertenec¨ªa a la v¨ªctima Margarita Aceves, entre m¨¢s objetos.

Posteriormente, en una ampliaci¨®n de la declaraci¨®n ministerial realizada el 1 de abril, tambi¨¦n sin la presencia de su abogado defensor, a V¨¢zquez se le pregunt¨® de forma gen¨¦rica de qui¨¦n eran los objetos supuestamente hallados en su casa, a lo cual respondi¨® que de las personas que robaba. Araceli sostiene a la fecha que dicha evidencia, la cual no conoc¨ªa a detalle, fue plantada en su domicilio por el personal del fiscal de Homicidios, Guillermo Zayas, y que durante el tiempo en el que estuvo detenida fue torturada y amenazada con respecto a su familia. Esta autoincriminaci¨®n constituir¨ªa una tercera ilegalidad.

Las declaraciones ministeriales, que adem¨¢s no est¨¢n certificadas en la causa penal recibida por el juzgado ¡ªuna cuarta ilegalidad, seg¨²n su defensa¡ª, no ten¨ªan valor probatorio legal, pues no s¨®lo habr¨ªan sido obtenidas bajo tortura, sino que ninguna de ellas fue realizada en presencia de un defensor de oficio.

Aun as¨ª, en la resoluci¨®n del amparo promovido por V¨¢zquez hacia 2008, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito tom¨® como v¨¢lida y legal la declaraci¨®n ministerial. Lo cual implica una interpretaci¨®n directa a un precepto de la Constituci¨®n y por ello se espera que el caso sea reabierto por la Corte, al revestir un inter¨¦s excepcional en materia constitucional y de derechos humanos.

Al respecto, el abogado Corona refiere que el amparo que en su momento fue promovido contra la sentencia condenatoria de Araceli, ¡°es muy corto y carece del m¨¢s m¨ªnimo esfuerzo argumentativo y de correcta exposici¨®n jur¨ªdica, ya que la situaci¨®n legal de Araceli involucraba un mayor esfuerzo en la explicaci¨®n y planteamiento de los conceptos de violaci¨®n a sus derechos como inculpada¡±.

El recurso que ya se encuentra en la Suprema Corte tendr¨¢ que ser evaluado para determinar si la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n que alega la defensa de Araceli V¨¢zquez es aceptada para su an¨¢lisis. En ese caso, el m¨¢ximo tribunal podr¨ªa ordenar su libertad inmediata por violaciones graves a sus derechos fundamentales, como ocurri¨® en 2022 con tres hombres encarcelados injustamente por tentativa de secuestro en Tabasco, asunto abordado en el documental Duda Razonable, o con Florence Cassez, la ciudadana francesa que fue liberada en 2013.

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