Los normalistas lanzan cohetes contra el Palacio Nacional para exigir una reuni¨®n con L¨®pez Obrador
Los estudiantes, compa?eros de los 43 j¨®venes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, contin¨²an presionando al Gobierno para destrabar la investigaci¨®n. La prensa local habla de ocho polic¨ªas heridos
El caso Ayotzinapa amenaza con reventar en la cara del presidente. Casi literalmente. Un grupo de normalistas, los estudiantes compa?eros de los 43 j¨®venes secuestrados por la polic¨ªa y el grupo criminal Guerreros Unidos en septiembre de 2014, han arrojado cohetes y otros artefactos explosivos caseros contra la fachada del Palacio Nacional de Ciudad de M¨¦xico en la tarde de este lunes. Los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos han regresado a la sede simb¨®lica del Poder Ejecutivo, blanco habitual de su ira, despu¨¦s de derribar una de sus puertas durante una protesta en marzo. Entonces y ahora, la escalada persegu¨ªa la misma estrategia, de momento, sin resultados: presionar para que Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador se re¨²na con ellos y as¨ª destrabar el bloqueo que se ha instalado en la investigaci¨®n por la desaparici¨®n de los 43, agitada la semana pasada por la decisi¨®n de una jueza de conceder la libertad provisional a ocho militares investigados por su implicaci¨®n en el crimen.
De acuerdo con Milenio, ocho polic¨ªas han sido heridos debido a los explosivos. Los normalistas han llegado sobre las 10.00 al Centro Hist¨®rico y se han manifestado hasta llegar al Palacio Nacional, donde han lanzado una decena de cohetes. Los agentes de seguridad que custodian la residencia del presidente han tratado de repeler a los estudiantes con escudos y extintores. Los j¨®venes han abandonado el Z¨®calo r¨¢pidamente a bordo de varios autobuses.
El caso Ayotzinapa ha alcanzado uno de sus puntos de mayor tensi¨®n de los ¨²ltimos a?os. Las relaciones entre L¨®pez Obrador y los familiares de los 43 est¨¢n pr¨¢cticamente rotas, con los parientes y los normalistas acusando al presidente de dejar morir la investigaci¨®n para cuidar las espaldas del Ej¨¦rcito. Aunque el dirigente asegur¨® a mediados de abril que se reunir¨¢ con ellos el 3 de junio, el d¨ªa despu¨¦s de las elecciones presidenciales, la promesa no parece haber calmado los ¨¢nimos.
El conflicto lleva desbord¨¢ndose desde principios de a?o. El problema de ra¨ªz que denuncian los normalistas y los familiares de los 43 es la imposibilidad de acceder a cientos de documentos de inteligencia militar que, seg¨²n ellos, contienen informaci¨®n b¨¢sica para avanzar en una investigaci¨®n sin progresos significativos desde hace a?os ni esperanza de tenerlos. La Secretar¨ªa de la Defensa Nacional niega la existencia de los informes y L¨®pez Obrador cierra filas con ellos, pero hay evidencias que apuntan a que los archivos s¨ª se encuentran en poder del Ej¨¦rcito: voces como la del grupo independiente de expertos (GIEI) que investig¨® por a?os el crimen (y abandon¨® M¨¦xico en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) o el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso.
Los ¨¢nimos volvieron a inflamarse a finales de la semana pasada, con la noticia de que la jueza Raquel Duarte Cedillo concedi¨® la libertad provisional a ocho militares implicados en el secuestro, sobrevolados por los delitos de desaparici¨®n forzada y delincuencia organizada por una presunta colaboraci¨®n con Guerreros Unidos. A pesar de un elevado riesgo de fuga, seg¨²n Reforma, la magistrada les concedi¨® seguir su proceso en libertad, a cambio de una fianza, presentarse en el juzgado dos veces al mes y otras medidas cautelares.
Era la segunda vez que los soldados lograban la libertad provisional. La primera caus¨® un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, enfrentados durante todo el sexenio. La Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n public¨® entonces un incendiario comunicado en el que acusaba a los jueces de ¡°valerse de pretextos procedimentales¡± para dejar de lado ¡°los derechos de las v¨ªctimas a la verdad, la justicia y la no repetici¨®n¡± y ¡°obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso¡±. Un juzgado federal volvi¨® a ordenar el arresto de los ocho militares una semana despu¨¦s de su liberaci¨®n.
El 6 de marzo, los normalistas ya acudieron al Palacio Nacional mientras el presidente celebraba La ma?anera y echaron una puerta abajo con las mismas reivindicaciones que ahora. Tras la protesta se desataron semanas de enfrentamientos sin cuartel entre los estudiantes y las fuerzas armadas. La polic¨ªa asesin¨® a un normalista, Yanqui Kothan G¨®mez Peralta, de 23 a?os, y el presunto homicida, despu¨¦s de haber sido arrestado, logr¨® huir con el apoyo de las autoridades. Fue finalmente detenido un mes despu¨¦s.
El asesinato del joven incendi¨® las protestas, con disturbios que se sucedieron contra la sede del Poder Ejecutivo de Guerrero, la Fiscal¨ªa estatal y cualquier s¨ªmbolo de poder que los normalistas encontraran a su paso. Hubo renuncias de funcionarios de alto nivel, responsabilidades pol¨ªticas, la destituci¨®n de la fiscal en contra de su voluntad: d¨ªas de convulsi¨®n y lucha con la sensaci¨®n de que Guerrero iba la deriva. El anuncio de L¨®pez Obrador de reunirse con los familiares de los 43 pasadas las elecciones pareci¨® aplacar la furia. Hasta ahora.
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