Los ocho militares del ¡®caso Ayotzinapa¡¯ acusados de delincuencia organizada salen en libertad provisional

La jueza Raquel Duarte Cedillo ha concedido en la madrugada de este jueves la libertad provisional mientras avanza el proceso judicial a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, el secuestro de 43 estudiantes en septiembre de 2014, a manos de la polic¨ªa y el grupo criminal Guerreros Unidos, de los que no se ha vuelto a saber nada. Sobre los ocho soldados, acusados precisamente de colaboraci¨®n con Guerreros Unidos, pesa el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con Reforma, la Guardia Nacional alert¨® de que existe un elevado riesgo de fuga. Duarte Cedillo les ha impuesto el pago de 100.000 pesos como garant¨ªa, la obligaci¨®n de presentarse en el juzgado los d¨ªas 1 y 16 de cada mes, la retirada del pasaporte y la prohibici¨®n de salir de M¨¦xico o acercarse a v¨ªctimas y testigos. Se espera que en las pr¨®ximas horas abandonen el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de M¨¦xico, donde estaban encerrados.

La decisi¨®n judicial forma parte de una enrevesada trama que da nuevos volantazos en los tribunales cada poco tiempo, el ¨²ltimo episodio de una batalla entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por el control del relato sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho implicados ¡ªGustavo Rodr¨ªguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andr¨¦s Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada D¨ªaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo D¨ªaz¡ª fueron detenidos en junio de 2023. En ese momento, la misma jueza que les ha concedido ahora la libertad provisional pidi¨® que fueran encarcelados por un delito de desaparici¨®n forzada.

Los ocho forman parte de un grupo de una veintena de militares que orden¨® detener el juez a petici¨®n de la UEILCA, la unidad especial de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica para el caso Ayotzinapa, en agosto de 2022. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tumb¨® la mayor¨ªa de arrestos, entre ellos los de estos ocho soldados. En 2023, las ¨®rdenes de aprehensi¨®n fueron reactivadas por el fiscal encargado del caso, Rosendo G¨®mez Piedra, sustituto de Omar G¨®mez Trejo, que abandon¨® M¨¦xico y se refugi¨® en Estados Unidos al considerar que las autoridades estaban ¡°dinamitando¡± la investigaci¨®n.

A principios de este a?o, la defensa de los militares pidi¨® sustituir la prisi¨®n provisional por una visita quincenal al juzgado, medida que Duarte Cedillo acept¨® ¡ªla misma jueza tambi¨¦n otorg¨® la libertad provisional el pasado agosto a otro imputado por el caso Ayotzinapa, el general Rafael Hern¨¢ndez¡ª. La magistrada impuso como requisito el pago de una fianza de 50.000 pesos, la retenci¨®n de su pasaporte y la prohibici¨®n de acercarse a testigos y v¨ªctimas del caso, as¨ª como evitar acudir al Estado de Guerrero.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro Ju¨¢rez (Prodh) y abogado implicado en el caso (lleg¨® a ser espiado por una dependencia del Estado mexicano con el programa Pegasus) ha denunciado en Aristegui que los militares est¨¢n recibiendo apoyo institucional y de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena) a pesar de los cargos que hay sobre ellos.

La primera concesi¨®n de la libertad provisional, mientras avanzaba el proceso judicial, provoc¨® una sacudida pol¨ªtica y medi¨¢tica, con el caso agitando la campa?a electoral entre cr¨ªticas de los familiares de los 43 j¨®venes al presidente. Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador prometi¨® en campa?a resolver el crimen, pero durante su sexenio no ha habido avances tangibles para dar con el paradero de los estudiantes. Los familiares de los j¨®venes le acusan de haber cerrado filas con el Ej¨¦rcito y dar la espalda a las v¨ªctimas.

La primera liberaci¨®n de los ocho soldados desencaden¨® tambi¨¦n un choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, enemigos habituales. La Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n public¨® entonces un incendiario comunicado en el que acusaba a los jueces de ¡°valerse de pretextos procedimentales¡± para dejar de lado ¡°los derechos de las v¨ªctimas a la verdad, la justicia y la no repetici¨®n¡±: ¡°Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso¡±.

Una semana despu¨¦s de la libertad provisional de los ocho soldados, el 1 de febrero, un juzgado federal orden¨® su vuelta a prisi¨®n, por el delito de delincuencia organizada en lugar de por el de desaparici¨®n forzada. La UEILCA se vali¨® de dos declaraciones de testigos protegidos de la FGR, Carla y Neto, antiguos integrantes de Guerreros Unidos, que reconocieron a los acusados, a pesar de que en sus anteriores declaraciones nunca mencionaron a los ocho militares, hecho que despert¨® los recelos de los familiares de los 43.

La base del problema actual son una serie de documentos de inteligencia militar que contienen informaci¨®n necesaria para que la investigaci¨®n avance, de acuerdo con los parientes de los 43. La Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena) niega su existencia, respaldada por L¨®pez Obrador. El grupo independiente de expertos (GIEI) que investig¨® por a?os el crimen (y abandon¨® M¨¦xico en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso, han asegurado que los archivos existen y se encuentran en poder del Ej¨¦rcito.

La mayor¨ªa de los ocho militares ostentaban el rango de soldados cuando sucedi¨® el ataque de los estudiantes, en 2014. Todos formaron parte de un convoy de la Sedena que patrull¨® por Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, durante y despu¨¦s de la embestida. La FGR presume que su presencia en el convoy respond¨ªa a su cercan¨ªa del grupo criminal que con el tiempo se convirti¨® en el principal sospechoso, Guerreros Unidos.

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