Claves y dificultades en la confecci¨®n del informe final de la Guerra Sucia en M¨¦xico

Menos de tres a?os despu¨¦s de su creaci¨®n, la comisi¨®n que investiga la Guerra Sucia en M¨¦xico empieza a ofrecer sus resultados finales. Una de sus cinco patas, el Mecanismo de Esclarecimiento Hist¨®rico (MEH), el m¨¢s activo estos a?os, present¨® el viernes la primera de sus dos colecciones finales, 5.000 p¨¢ginas que dibujan parte de la represi¨®n del Estado durante las d¨¦cadas finales del siglo pasado, con el PRI en la cumbre su poder. A la espera de los trabajos...

Menos de tres a?os despu¨¦s de su creaci¨®n, la comisi¨®n que investiga la Guerra Sucia en M¨¦xico empieza a ofrecer sus resultados finales. Una de sus cinco patas, el Mecanismo de Esclarecimiento Hist¨®rico (MEH), el m¨¢s activo estos a?os, present¨® el viernes la primera de sus dos colecciones finales, 5.000 p¨¢ginas que dibujan parte de la represi¨®n del Estado durante las d¨¦cadas finales del siglo pasado, con el PRI en la cumbre su poder. A la espera de los trabajos del resto de equipos, el documento presentado ilumina un periodo oscuro, pese a las trabas, todav¨ªa hoy, del Ej¨¦rcito y los servicios de inteligencia.

No ha sido un camino f¨¢cil. La sombra de fracasos pasados titila en la retina de los investigadores. Y no por falta de inter¨¦s o resultados. Durante el sexenio del panista Vicente Fox (2000-2006), una fiscal¨ªa especial, dotada de un equipo de investigaci¨®n, hizo lo que han hecho ahora sus sucesores, centr¨¢ndose exclusivamente en la represi¨®n contra disidentes pol¨ªticos. Al final, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) public¨® un informe distinto al que hab¨ªa entregado la fiscal¨ªa especial, recortado, evitando se?alar delitos y perpetradores.

Ahora la situaci¨®n parece distinta. Fox cerr¨® la fiscal¨ªa especial y permiti¨® una cacer¨ªa contra su titular, Ignacio Carrillo. Aunque la investigaci¨®n perdur¨®, qued¨® marcada por la ruptura y la sospecha, y apenas tuvo resultados judiciales. Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, que culmina su mandato el 30 de septiembre, quiso retomar el asunto, investigar lo que hubiera que investigar, llevas los casos necesarios ante los jueces, reparar a las v¨ªctimas. En octubre de 2021, su Gobierno creo la Comisi¨®n para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Hist¨®rico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Dependiente de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, la comisi¨®n estar¨ªa dotada de cinco instrumentos, el MEH, un comit¨¦ ¡°para el impulso a la justicia¡±, otro ¡°para el Impulso a la Memoria y Garant¨ªa de No Repetici¨®n¡±, un plan de b¨²squeda de los desaparecidos y otro de reparaci¨®n del da?o. La buena voluntad apenas dur¨® seis meses. En un acto en junio de 2022, en el Campo Militar n¨²mero 1, sede central del Ej¨¦rcito, escenario de la represi¨®n, el general Luis Crescencio Sandoval, jefe castrense, elev¨® a los ¡°soldados ca¨ªdos¡± durante la Guerra Sucia a la misma categor¨ªa que las miles de v¨ªctimas de la contrainsurgencia. Era un presagio de las dificultades posteriores.

En los dos a?os siguientes, el MEH, punta de lanza de la comisi¨®n, disminuido tras la partida de una sus integrantes originales, y la ruptura posterior de los restantes en dos grupos, ha se?alado incansablemente las trabas del Ej¨¦rcito para consultar sus archivos. Los investigadores han denunciado que la Secretar¨ªa de la Defensa pas¨® de la ¡°colaboraci¨®n pasiva¡± a una ¡°obstrucci¨®n activa¡±, impidiendo en muchos casos su consulta o negando la existencia de documentos. Esta situaci¨®n se repet¨ªa con el Centro Nacional de Inteligencia, que, incluso, denunciaron los investigadores, hab¨ªa llegado a ocultar o modificar expedientes.

Pese a todo, llega ahora el primero de los dos informes finales del MEH, firmado por tres de los cuatro comisionados que lo integran, Carlos P¨¦rez Ricart, David Fern¨¢ndez y Abel Barrera. Queda pendiente el segundo, a cargo de Eugenia Allier, y las conclusiones y avances del resto de instrumentos. Con todo ello, Gobernaci¨®n deber¨ªa entregar un documento final antes de que concluya el sexenio.

La idea

Con m¨¢s de 5.000 p¨¢ginas, Ricart, Fern¨¢ndez y Barrera presentaban el viernes lo que ellos llaman su ¡°colecci¨®n¡±, un informe titulado ¡°Fue el Estado¡±, en clara referencia a una de las verg¨¹enzas del M¨¦xico moderno, el caso Ayotzinapa, la embestida de un monstruo criminal, enraizado en las fuerzas del Estado, contra un grupo de estudiantes rurales, de la que en septiembre se cumplen 10 a?os. La referencia destaca una de las conclusiones del informe, la permanencia de las cadenas de corrupci¨®n e impunidad del pasado en el presente, situaci¨®n que impide uno de los objetivos de la comisi¨®n, la garant¨ªa de que lo ocurrido en el siglo pasado no se repita.

Pero m¨¢s all¨¢ de eso, la principal conclusi¨®n del informe es que la represi¨®n estatal trascendi¨® a la noci¨®n hist¨®rica que se ten¨ªa de la contrainsurgencia. El Estado, desde el mismo Ej¨¦rcito, a la Polic¨ªa Judicial Federal y las estatales, pasando por gobernadores y polic¨ªas locales, usaron t¨¢cticas represivas, aprendidas y potenciadas en la d¨¦cada de 1960, contra cualquier tipo de disidencia, m¨¢s all¨¢ de la pol¨ªtica. Es decir, que la maquinaria estatal no atac¨® solo a estudiantes, embestida encarnada en la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, Ciudad de M¨¦xico, a campesinos y obreros, disidentes pol¨ªticos.

Fue algo generalizado. El monstruo represor actuaba como una red de c¨¦lulas con objetivos independientes, organizadas en torno a un ramillete de t¨¢cticas y una idea algo difusa de acabar con el comunismo de ra¨ªz. ¡°Cada gobernador, cada corporaci¨®n policial, cada mando militar, termin¨® por interpretar qu¨¦ o qui¨¦n era un comunista, qui¨¦n representaba una amenaza, c¨®mo hab¨ªa que reprimir a las disidencias, disciplinar a la poblaci¨®n y garantizar una gobernabilidad autocr¨¢tica para la permanencia del r¨¦gimen pol¨ªtico de partido ¨²nico¡±, se?ala el informe.

As¨ª, ¡°Fue el Estado¡± estudia la represi¨®n contra colectivos de la periferia, siempre alejados de la atenci¨®n medi¨¢tica. He ah¨ª su valor. Estudian masacres contra comunidades campesinas, ind¨ªgenas y afromexicanas, poblaciones que se opusieron a pol¨ªticas p¨²blicas de desarrollo, vecinos de zonas donde se plantaba marihuana o amapola, periodistas, devotos de religiones distintas a la practicada por los caciques dominantes, homosexuales, transexuales, refugiados centroamericanos, incluso integrantes del mismo aparato represor, se?alados de traici¨®n.

Los datos

El car¨¢cter exhaustivo del estudio permite entender que la represi¨®n no estuvo circunscrita a Ciudad de M¨¦xico o regiones como Guerrero, hogar de las dos guerrillas m¨¢s famosas de la ¨¦poca, encabezadas por Lucio Caba?as y Genaro V¨¢zquez, Sinaloa o Chihuahua. Al contrario, ocurri¨® en la mayor parte de estados, m¨¢s all¨¢ de que las v¨ªctimas estuvieran relacionadas con la disidencia pol¨ªtica. Al menos 17 estados del pa¨ªs registraron masacres durante los a?os de estudio, con Puebla encabezando la lista, por n¨²mero de v¨ªctimas, con al menos 91, seguido de Chiapas, con 61, y Sinaloa, con 44.

De 1965 a 1990, M¨¦xico registr¨® al menos 46 masacres, dentro de las cuales se logr¨® identificar al menos a 385 v¨ªctimas mortales, seg¨²n explica el informe. Los n¨²meros deben tomarse con cautela. Ricart, Barrera y Fern¨¢ndez estudiaron 11 colectivos de v¨ªctimas en estos a?os. Allier hizo lo propio con otros cuatro, as¨ª que las cifras aumentar¨¢n a partir de los n¨²meros de su informe, que presentar¨¢ en las pr¨®ximas semanas. Allier centra su trabajo en la disidencia cl¨¢sica, integrales de organizaciones pol¨ªtico-militares (es decir, las guerrillas, movimientos estudiantiles y sindicalistas, principalmente.

M¨¢s all¨¢ de las masacres, ¡°Fue el Estado¡± cuenta 8.594 v¨ªctimas de graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones, desaparici¨®n forzada, tortura, etc¨¦tera. De ellos, 1.063 fueron v¨ªctimas de ejecuci¨®n extrajudicial y 517, de desaparici¨®n forzada. Adem¨¢s, el informe enlista los nombres de 591 perpetradores, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, o la desaparecida Direcci¨®n Federal de Seguridad, punta de lanza de la represi¨®n pol¨ªtica.

Otra cifra que llama la atenci¨®n y que ilustra el alcance de la represi¨®n apunta al desplazamiento forzado interno de decenas de miles de personas en todo el pa¨ªs. Los comisionados cuentan 113 ¡°eventos¡± que provocaron que al menos 123.034 personas tuvieran que huir de sus casas, y evitar as¨ª engrosar la lista de v¨ªctimas anterior. La mayor¨ªa, casi 80.000, fueron v¨ªctimas de pol¨ªticas p¨²blicas del mismo Gobierno, como la construcci¨®n de presas. Por regi¨®n, casi 40.000 eran vecinos del Estado de M¨¦xico, 30.000 de Guerrero, 23.000 de Chiapas y 20.000 de Oaxaca.

Las v¨ªctimas

A la espera de cifras y detalles sobre los colectivos de v¨ªctimas estudiados por Allier, ¡°Fue el Estado¡± cuenta c¨®mo se gest¨® el aparato contrainsurgente que, como explican los comisionados, ¡°busc¨® disciplinar a una variedad de poblaciones en las que el Estado infer¨ªa semilleros de potenciales disidentes que cuestionar¨ªan su hegemon¨ªa¡±. Los gobiernos del PRI no enfrentaban en realidad una verdadera amenaza. Guerrilleros, urbanos y rurales, nunca llegaron a ser m¨¢s de 2.000.

Episodios aislados, como el asalto a un cuartel militar en Chihuahua, a finales de los 60, o secuestros de alto perfil a principios de la d¨¦cada siguiente, dieron la excusa para alimentar a la bestia represora, en un mundo en que el comunismo se convert¨ªa en el principal enemigo de occidente, como luego las drogas y m¨¢s tarde el terrorismo. ¡°De esa forma, violencias de vena capitalista, de vena patriarcal, de vena pol¨ªtico-ideol¨®gica, de vena racista y clasista terminaron por desembocar en un mismo caudal¡±, reza el texto.

La consecuencia de esto, adem¨¢s de la desarticulaci¨®n absoluta de las guerrillas y redes disidentes, fue la embestida sobre la poblaci¨®n. El informe ilumina cantidad de masacres, o bien desconocidas, olvidadas, o bien de las que apenas se sab¨ªan detalles. Es el caso de la masacre de Monte Chila, en Puebla, en enero de 1970, cuando militares y polic¨ªas judiciales asesinaron al menos a 50 campesinos, parte del ¡°movimiento campesino de peticionarios de tierras¡± del Estado. Testimonios y documentos muestran c¨®mo las autoridades llegaron a la zona, en la sierra norte de Puebla, a realizar una ¡°batida de maleantes¡±. Los maleantes resultaron ser campesinos que peleaban por conseguir un parcela de cultivo. Cuando los militares les dieron el alto, los campesinos dispararon sus escopetas. Varios soldados murieron. La respuesta fue brutal.

El listado de matanzas y los detalles de cada uno presentan un valor doble, por un lado, los detalles de cada uno, que devuelven actualidad y dignidad a las v¨ªctimas, por otro, la imagen panor¨¢mica, que extiende y profundiza el conocimiento sobre el conocimiento del Estado represor, implacable con la disidencia, pese a su origen revolucionario. As¨ª, el informe rescata, por ejemplo, la ocupaci¨®n militar del municipio de Yahualica, en Hidalgo, en 1974, en un operativo para detener guerrilleros. La ocupaci¨®n dej¨® campesinos ejecutados y mujeres violadas.

Los ejemplos son innumerables, enriqueciendo la imagen de la contrainsurgencia. En 1983, en Pantepec, Puebla, ¡°pistoleros con aquiescencia de autoridades atacaron a poblaci¨®n campesina e ind¨ªgena, habitantes de Rancho Nuevo y otras localidades¡±. En Madera, Chihuahua, en 1965, durante la cacer¨ªa posterior al ataque del cuartel militar, que de alguna forma inauguraba la lucha armada en el pa¨ªs, soldados llevaron a cabo detenciones arbitrarias y torturaron al menos a 50 vecinos de la zona, campesinos.

La construcci¨®n de varias presas e instalaciones energ¨¦ticas en Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas en la d¨¦cada de 1970 se saldaron con decenas de miles de desplazados. Militares y polic¨ªas cometieron igualmente ejecuciones extrajudiciales. El incipiente combate al narcotr¨¢fico cambiaba a finales de la d¨¦cada anterior. El Estado arre¨® el monstruo contrainsurgente contra poblaciones serranas, cercanas a campos de cultivo de marihuana y amapola. En Badiraguato, el pueblo de un adolescente Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n, el Ej¨¦rcito ¡°masacr¨® a 16 civiles y produjo 12 heridos que se hab¨ªan reunido para celebrar un bautizo¡± en abril de 1971. Cinco a?os m¨¢s tarde, militares mataron a 13 personas en otra localidad del municipio.

La lista continua ad infinitum: campesinos, pobladores, asistentes a conciertos de rock en las periferias, trabajadoras sexuales, polic¨ªas v¨ªctimas de venganzas entre corporaciones de seguridad, en el despliegue del aparato contrainsurgente, homosexuales, transexuales, religiosos¡­ ¡°Fue el Estado¡± ilumina un horror que refleja, adem¨¢s, realidades del presente.

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