Regular el caos

Algunas fuentes estiman que el n¨²mero de personas usuarias de redes sociales es de aproximadamente 3,800 millones: cerca del 50% de la poblaci¨®n mundial. Por s¨ª mismo, Facebook, que apareci¨® en su primera versi¨®n en 2004, cuenta hoy con alrededor de 2.700 millones de registros.

Un crecimiento tan acelerado dif¨ªcilmente puede ser ordenado, por eso se han generado negocios paralelos al crecimiento de las redes sociales, como la venta de bots, utilizados para desinformar y atacar a personas usuarias, o la incitaci¨®n a la violencia y al odio, generando conflictos que el Estado tiene que resolver.

La aparici¨®n de estas desviaciones ha llevado a que las redes sociales busquen autorregularse, acciones que, aunque loables, muchas veces han llegado tarde.

A esto se sum¨® recientemente la decisi¨®n de Facebook y Twitter de censurar al presidente Trump, a d¨ªas de que concluyera su encargo, lo que demostr¨® la discrecionalidad de estas plataformas y los riesgos que la libertad de expresi¨®n enfrenta en ellas. Se trata de un balance complicado, pues por un lado las redes sociales deben eliminar las publicaciones potencialmente da?inas, y por otro deben respetar la libertad de expresi¨®n, un dilema ante el cual los gobiernos no pueden permanecer indiferentes.

En Estados Unidos, la Primera Enmienda tutela la libertad de expresi¨®n frente al Gobierno, pero no frente a una empresa privada. Lo mismo ocurre en la mayor¨ªa de los pa¨ªses, aunque algunos han intentado generar regulaciones para tratar de limitar el poder y definir las responsabilidades de las redes sociales.

Alemania, por ejemplo, aprob¨® la Ley de Aplicaci¨®n de Redes, en la que obliga a las redes sociales a retirar el contenido ilegal en un plazo m¨¢ximo de 24 horas; en caso contrario, las empresas podr¨¢n ser acreedoras a multas de hasta 50 millones de euros.

En Francia se aprob¨® la Ley Avia, con la cual se impon¨ªa a buscadores y redes sociales la obligaci¨®n de eliminar el contenido manifiestamente ilegal. Esta normatividad fue desechada por el Poder Judicial galo, pero deriv¨® en que la Uni¨®n Europea iniciara un proceso de legislaci¨®n regional.

M¨¢s recientemente, el Gobierno de Estados Unidos ha expresado su intenci¨®n de modificar la secci¨®n 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, legislaci¨®n federal que otorga a las empresas de internet protecci¨®n contra la responsabilidad por el contenido generado por personas usuarias que se difunde en sus plataformas.

En M¨¦xico, aunque la Constituci¨®n establece que el derecho a la informaci¨®n ser¨¢ garantizado por el Estado, no existe un mecanismo claro para que la ciudadan¨ªa se pueda defender cuando este derecho es violentado por una empresa, como s¨ª ocurre, por ejemplo, con los juicios de amparo ante los abusos del Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) ha establecido en diversos criterios que la libertad de expresi¨®n es pilar de un Estado constitucional y democr¨¢tico de derecho. Asimismo, la Declaraci¨®n de Principios sobre la Libertad de Expresi¨®n dispone que los Estados est¨¢n obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que este solo admite limitaciones excepcionales que deben estar previamente establecidas por la ley.

La evoluci¨®n misma de las redes sociales ha dejado en claro que el derecho humano a la libertad de expresi¨®n en el ciberespacio debe ser tutelado para su ejercicio eficaz, mediante principios establecidos en las leyes, no como obst¨¢culo, sino como herramienta para su potencializaci¨®n. De esta manera, la ¨²nica forma correcta y democr¨¢tica de protegerlo es por la v¨ªa legislativa.

Conviene recordar que las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio mediante redes p¨²blicas de telecomunicaciones y, al estar estas ¨²ltimas sujetas a un r¨¦gimen de inter¨¦s p¨²blico, se considera que su regulaci¨®n se debe implementar a trav¨¦s de las normatividades correspondientes.

La velocidad vertiginosa con que las redes sociales evolucionan no debe ser un obst¨¢culo para atender las nuevas problem¨¢ticas que se puedan generar; se trata de un tema ineludible que muchos pa¨ªses ya empezaron a discutir, y M¨¦xico no puede ser la excepci¨®n.

Es tambi¨¦n necesario recordar que, junto con la libertad de expresi¨®n, los gobiernos deben garantizar la protecci¨®n de los datos personales de quienes utilizan las redes sociales, as¨ª como impulsar la justa tributaci¨®n a la que ¨¦stas deber¨ªan estar sujetas, toda vez que en M¨¦xico generan gran parte de sus ganancias. Ese es el reto que enfrentamos para ordenar el caos.

Ricardo Monreal es el l¨ªder de Movimiento de Regeneraci¨®n Nacional en el Senado mexicano.