El asesinato del ¡®negro Guerrero¡¯: el primer crimen de Estado en M¨¦xico

El 14 de febrero de 1831 fue ejecutado el presidente de M¨¦xico Vicente Guerrero. El delito que le imputaron sus enemigos fue el de sedici¨®n contra un Gobierno derivado de un golpe de Estado. El Gobierno de facto que orden¨® su ejecuci¨®n fue nada m¨¢s y nada menos que el del general Anastasio Bustamante, su antiguo enemigo durante la guerra insurgente. Incalificable fue hasta la manera ruin de su detenci¨®n. Cuando inici¨® el levantamiento militar en su contra en 1829, el presidente Vicente Guerrero abandon¨® la Ciudad de M¨¦xico para refugiarse en las monta?as del sur, cerca de Acapulco. Desde all¨ª, form¨® un ej¨¦rcito para enfrentar a los golpistas. Los enfrentamientos se dieron entre antiguos insurgentes encabezados por el mismo Guerrero y las tropas enviadas por el Gobierno con Gabriel de Armijo a la cabeza. Parec¨ªa que el tiempo hab¨ªa retrocedido 20 a?os, a la ¨¦poca cuando ambos cabecillas se hab¨ªan enfrentado una y otra vez. En esta ocasi¨®n el Gobierno tampoco pudo derrotar a Guerrero por la v¨ªa de las armas. Bustamante, en su desesperaci¨®n por eliminarlo para siempre, urdi¨® la felon¨ªa: por 3.000 onzas de oro contrat¨® los servicios del almirante genov¨¦s Francisco Picaluga para que en su barco secuestrara a Guerrero en Acapulco y lo entregara a las tropas del Gobierno en Huatulco, provincia de Oaxaca. Despu¨¦s de un juicio sumario, el presidente depuesto era pasado por las armas. En 1836, ya de regreso a Italia, Picaluga fue sentenciado a la pena capital por alta traici¨®n, la cometida contra el expresidente.

La muerte de Vicente Guerrero fue duramente condenada por la prensa mexicana y por la sociedad en general. Gener¨® un descontento que creci¨® a tal punto que desencaden¨® una nueva guerra civil que no termin¨® sino hasta la ca¨ªda del Gobierno golpista. No se puede soslayar que las descalificaciones al Gobierno del presidente Guerrero no fueron por encabezar un Gobierno supuestamente ¡°ileg¨ªtimo¡±, como suele afirmarse, sino por ser negro, el negro Guerrero, como despectivamente lo llamaba la aristocracia de la Ciudad de M¨¦xico. Lo despreciaban por segregacionistas y, claro, por impedir la preservaci¨®n de privilegios. Lo mataron en el m¨¢s descarado acto de racismo.

Se podr¨ªa argumentar que el primer crimen de Estado habr¨ªa sido el de Agust¨ªn de Iturbide en 24 de julio de 1824. No fue as¨ª. Con su coronaci¨®n el emperador hab¨ªa traicionado a la mayor¨ªa de los que le apoyaron y se hab¨ªan quedado. Su ca¨ªda hab¨ªa obedecido a una maniobra urdida por dos espa?oles que en principio militaban en bandos opuestos: el gobernador de la fortaleza de San Juan de Ul¨²a, Francisco Lemaur, y Francisco Antonio de Ech¨¢varri, supuesto incondicional de Iturbide. En vez de luchar entre s¨ª, ambos maquinaron el Plan de Casamata y con ello provocaron la ca¨ªda del imperio de Iturbide. Una vez restablecida la legalidad representada por el Congreso, este lo declar¨® enemigo p¨²blico del Estado con la sentencia de muerte en caso de pisar suelo mexicano. Tal y como sucedi¨®.

La figura heroica de Guerrero no ¡°responde al rechazo que gener¨® Iturbide¡±, como suele sostenerse. La glorificaci¨®n de un h¨¦roe es una construcci¨®n social y no simplemente algo decidido por voluntad de uno o varios gobiernos. Por ello, por m¨¢s intentos que han hecho desde hace 200 a?os algunos gobiernos mon¨¢rquicos, centralistas, dictatoriales y conservadores, para elevar a Agust¨ªn de Iturbide en el pedestal de los libertadores, no lo han conseguido, mientras que Vicente Guerrero conserva un lugar especial entre los grupos populares. Guerrero tampoco es equiparable a Iturbide: mientras que el primero buscaba beneficiar a los m¨¢s pobres, el segundo se inclinaba por la preservaci¨®n de los fueros militares y los privilegios de los m¨¢s ricos.

El hecho m¨¢s importe del Gobierno de Guerrero fue el decreto de 15 de septiembre de 1829 que abole la esclavitud. Represent¨® la culminaci¨®n de una demanda social muy sentida. Desde el inicio de la guerra civil de 1810 los insurgentes incorporaron en su agenda la liberaci¨®n de personas esclavizadas. No sucedi¨® lo mismo en el bando realista aunque en los debates para la elaboraci¨®n de la Constituci¨®n de 1812 hubo voces en favor de la abolici¨®n. No obstante, no se proscribi¨® y, peor a¨²n, se les negaron derechos pol¨ªticos a los descendientes de los africanos aunque no estuvieran o hubieran estado esclavizados. La primera Constituci¨®n Pol¨ªtica de la Rep¨²blica Mexicana gobernaba Estados, no ciudadanos como hoy en d¨ªa. Cada uno de ellos legisl¨® sobre la esclavitud en su territorio. La mayor¨ªa la proscribi¨® para siempre; sin embargo, hubo seis que la toleraron como Chihuahua, Tabasco, Yucat¨¢n, San Luis Potos¨ª y Veracruz. Hubo otros tantos, como Guanajuato que no hicieron referencia al tema. La prescripci¨®n definitiva de la condici¨®n de esclavo en toda la Rep¨²blica Mexicana se decret¨® el 15 de septiembre de 1829 y fue firmada por el presidente Vicente Guerrero. Su decisi¨®n no fue un hecho menor si observamos las leyes abolicionistas de Am¨¦rica: Chile en 1823, Provincias Unidas de Centroam¨¦rica en 1824, M¨¦xico en 1829, Uruguay en 1842, Colombia y Ecuador en 1851, Argentina en 1853, Venezuela y Per¨² en 1854, Estados Unidos de Am¨¦rica en 1865, Puerto Rico en 1873, Cuba en 1886 y Brasil en 1888. Las fechas no coinciden con el parsimonioso proceso de los siglos subsiguientes. La vindicaci¨®n de la libertad en los ¨¢mbitos culturales, pol¨ªticos y sociales, siguen a la espera de su cumplimiento.

Juan Ortiz Escamilla es doctor en Historia por El Colegio de M¨¦xico e investigador de la Universidad Veracruzana.

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