¡°No contaban con mi astucia¡±, el decreto de L¨®pez Obrador

No, no es un recurso elegante el que ha elegido el presidente L¨®pez Obrador para impedir que los jueces le detengan las grandes obras de su administraci¨®n con objeciones de impacto ambiental o aduciendo violaci¨®n de presuntos derechos de terceros. Al clasificarlas como proyectos de seguridad nacional, el presidente exent¨® a estas obras de la normatividad exigida en materia de transparencia y de muchas otras obligaciones administrativas.

El recurso, publicado en el Diario Oficial el lunes, inmediatamente fue acusado de arbitrario y autoritario, una medida que, se dijo, equivale a dar un golpe de Estado para colocar al Gobierno por encima de la ley.

En lo personal, creo que la medida del Gobierno es desaseada, pero las estridentes acusaciones habr¨ªa que enmarcarlas en el ambiente polarizado y en una lectura superficial de la coyuntura. En realidad, L¨®pez Obrador est¨¢ tratando de ganar tiempo. En la revisi¨®n de su calendario le queda claro que la cuenta regresiva ya no acepta m¨¢s amparos o litigios que puedan paralizar las obras p¨²blicas, entre ellas las m¨¢s cercanas a su coraz¨®n.

¡°Desde luego se trata de un acuerdo muy heterodoxo jur¨ªdicamente, todo esto debi¨® haberse realizado mediante reformas a las leyes y a la Constituci¨®n, no a trav¨¦s de un acuerdo administrativo, pero se ve que el tiempo apremia y por eso el presidente y su gabinete escogieron esta v¨ªa para actuar y desde luego puede haber consecuencias jur¨ªdicas¡±, ha dicho el abogado Jaime C¨¢rdenas, cercano al obradorismo.

Muy probablemente, como han mencionado muchos abogados, el acuerdo del presidente ser¨¢ impugnado y eventualmente la Suprema Corte u otras instancias judiciales lo tiren abajo, pero lo importante para la 4T es que habr¨¢ garantizado el tiempo necesario para la terminaci¨®n de las obras. Lo que en corrillos jur¨ªdicos conocen como huizachear.

En plata pura se trata de una artima?a legaloide, y sin duda poco conveniente para las mejores pr¨¢cticas democr¨¢ticas, pero la presidencia lo estar¨ªa visualizando como un recurso temporal para conjurar la estrategia, tambi¨¦n legaloide de sus rivales, para detenerlo. Porque no podemos ser ingenuos: la oposici¨®n ha hecho expl¨ªcita su intenci¨®n de parar reformas y obras sustantivas de la 4T mediante una campa?a orquestada de amparos de distinta ¨ªndole que pasan por la utilizaci¨®n de argumentos ambientalistas, jur¨ªdicos sobre los contratos y licitaciones, de derechos humanos de terceros presuntamente afectados, etc. En ocasiones recurriendo a estas figuras jur¨ªdicas con raz¨®n, en otras simplemente como recurso pol¨ªtico. Desde luego est¨¢n en su derecho de utilizar la ley para impulsar sus intereses pol¨ªticos. Y, en efecto, es una acci¨®n que ha llevado a jueces con o¨ªdos emp¨¢ticos o simplemente acatando la ley, a entregar dict¨¢menes que paralizan o retrasan distintas acciones del gobierno federal.

El presidente cree que la estrategia de sus enemigos podr¨ªa detener proyectos sociales que tienen el potencial de detonar regiones antes abandonadas y propiciar la prosperidad de millones de personas. Puede tener raz¨®n o no, pero ¨¦l est¨¢ convencido de ello.

En ese sentido y frente a las argucias legales de sus adversarios pol¨ªticos, ¨¦l recurre a una argucia legal. Pero ojo, ninguno est¨¢ violentando la ley, ambos est¨¢n utilizando lo que creen son sus facultades legales disponibles: los adversarios del r¨¦gimen, para detener acciones de un Gobierno que no coincide con su proyecto de pa¨ªs; el presidente, para garantizar que las acciones de ellos no obstaculicen las obras destinadas a propiciar un cambio social. En el proceso est¨¢n lastimando un andamiaje que en teor¨ªa deb¨ªa operar exclusivamente para el beneficio de la sociedad.

Pese a la mutua descalificaci¨®n del campo contrario, habr¨ªa que insistir en que ambas partes han operado en el marco de la legalidad. Ni la oposici¨®n ha parado las obras de manera ilegal y arbitraria (mediante boicots o incluso toma de instalaciones), ni el Gobierno ha desconocido los amparos o pasado por encima de las decisiones de los jueces. Ya la Suprema Corte dir¨¢ si el acuerdo presidencial es congruente constitucionalmente o no, de la misma manera que ha reconocido o ha rechazado amparos y recursos legales de la oposici¨®n.

Ahora bien, que no sea ilegal no significa que sea sano. Va a contrapelo de la construcci¨®n de una sociedad m¨¢s democr¨¢tica y participativa. El presidente puede tener sus razones, originadas en su deseo de mejorar la condici¨®n de los pobres, pero en caso de que tales medidas prevalezcan da?ar¨ªan una realidad en la que tambi¨¦n viven los pobres. Tiene raz¨®n L¨®pez Obrador cuando advierte que hay falsos activistas del medio ambiente, que en realidad son adversarios pol¨ªticos intentando detener el Tren Maya; pero eso no significa que toda objeci¨®n ambientalista tenga un prop¨®sito pol¨ªtico.

Con el llamado dictamen (que no es dictamen sino un acuerdo dirigido a la administraci¨®n p¨²blica), el presidente, en efecto, neutraliza el uso malicioso o perverso de amparos y objeciones de terceros, pero al mismo tiempo est¨¢ cancelando el uso leg¨ªtimo o virtuoso que tiene la sociedad para defenderse de la opacidad, de la corrupci¨®n, de los abusos de la autoridad y los excesos sobre el medio ambiente. El argumento de AMLO de que esos riesgos no existen porque en su Gobierno ya no hay corrupci¨®n o se respeta a la naturaleza, son poco consistentes ante evidencias de que eso no es as¨ª, o al menos no en todos los casos.

Desde la perspectiva de una izquierda cr¨ªtica habr¨ªa que sopesar las ventajas y desventajas de una medida que en lo inmediato favorece el avance de proyectos por el bien com¨²n, asumiendo que todas estas obras abonan a esa meta; pero que en lo mediato expropian facultades de la sociedad para participar en los asuntos p¨²blicos, haci¨¦ndolos exclusivos de la clase pol¨ªtica, as¨ª sea una que pretende gobernar en nombre del pueblo.

Lo que no ayudar¨ªa es dejarse llevar por una campa?a acr¨ªtica en defensa de instituciones que tambi¨¦n deben ser revisadas porque, hay que reconocerlo, en muchos casos est¨¢n siendo utilizadas pol¨ªticamente por adversarios del r¨¦gimen. Pero, por otro lado, es absurdo acusar como lo hace el Gobierno a todas estas instituciones de ser un instrumento de la reacci¨®n. Oposici¨®n y Gobierno est¨¢n actuando a partir de sus atribuciones legales, a reserva de lo que digan los tribunales. Lo cual no quiere decir que ¨¦ticamente sean correctas sus acciones. Pero mientras ninguno de los actores pol¨ªticos pase por encima de las decisiones de jueces y ministros, hablar de un golpe de Estado o de medidas dictatoriales o fascistas resulta tambi¨¦n un acto pol¨ªtico. M¨¢s que en un dictador, me hace pensar en el personaje que sol¨ªa decir ¡°no contaban con mi astucia¡±.

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