Las v¨ªctimas que quiere el Estado son las que se rinden

Lydia Cacho tiene miedo porque Mario Mar¨ªn hoy duerme en su casa, mientras ella lo hace fuera del pa¨ªs desde hace varios a?os por las amenazas que ha recibido. Pese a que las autoridades consideraban a su agresor como peligroso, una jueza federal le cambi¨® la medida cautelar para que enfrente su proceso por tortura en libertad y ya no en prisi¨®n. Las abogadas de Lydia han anunciado que impugnar¨¢n esta decisi¨®n porque pone en riesgo a la v¨ªctima.

Mar¨ªa Elena R¨ªos tambi¨¦n ha declarado que teme por su vida. Lleva casi 5 a?os luchando contra la impunidad en la tentativa de feminicidio con ¨¢cido que vivi¨®. Un juez local absolvi¨® el mi¨¦rcoles a sus agresores y decidi¨® dejarlos en libertad. Horas despu¨¦s, una jueza de apelaci¨®n dej¨® sin efectos esta decisi¨®n y orden¨® mantener a los acusados en prisi¨®n preventiva justificada. El proceso seguir¨¢.

Ellas son sobrevivientes de casos emblem¨¢ticos, ampliamente difundidos por los medios y respaldados socialmente y aun as¨ª no han podido encontrar justicia. Imaginen todas aquellas v¨ªctimas que no tienen el foco medi¨¢tico, que no tienen recursos y que solas se enfrentan al poder.

Por eso, no puedo dejar de pensar en la declaraci¨®n que dio Mar¨ªa Elena R¨ªos a este diario el 23 de enero de 2023: ¡°Las v¨ªctimas que quiere el Estado son las que se rinden¡±.

Cuando habla de ¡°el Estado¡±, Mar¨ªa Elena no se equivoca: se refiere a congresistas locales y federales que ante el alza de la violencia contra las mujeres hacen absurdas reformas que suben penas para sancionar a agresores que pocas veces pisan la c¨¢rcel. En M¨¦xico, m¨¢s del 95% de los delitos contra las mujeres nunca se resuelve y menos de un 3% recibe una sentencia condenatoria.

Se refiere a legisladores y legisladoras que impulsan una reforma judicial que deja de lado la revisi¨®n de leyes mal hechas, entre ellas la tipificaci¨®n que han hecho de muchos delitos que complica la vinculaci¨®n a proceso. Tampoco se les ocurre legislar para eficientar las investigaciones en las fiscal¨ªas y los recursos judiciales, para que ning¨²n caso como el de tortura que vivi¨® Lidya Cacho pueda extenderse durante 19 a?os sin que todos los involucrados est¨¦n sentenciados.

El Estado incluye tambi¨¦n al Poder Ejecutivo, a los gobernadores como Alejandro Murat, acusado por Mar¨ªa Elena de proteger a su principal agresor, Juan Antonio Carrizal. O Mar¨ªo Mar¨ªn, exgobernador de Puebla, acusado por Lydia Cacho de ser no solo c¨®mplice de sus agresores, sino actor intelectual de los delitos cometidos en su contra por la polic¨ªa estatal.

El Estado abarca desde luego al Poder Judicial local y federal. A los jueces y juezas que se corrompen, que no juzgan igual a ricos que a pobres ni a mujeres que a hombres. Las mujeres, por ejemplo, reciben sentencias m¨¢s duras por los mismos delitos que los hombres y tardan m¨¢s tiempo en recibir sentencia. Los ricos acceden a cambios de medidas cautelares que les permite enfrentar su proceso en libertad y no en la c¨¢rcel con mayor frecuencia que las personas pobres. Ejemplos hay muchos: los m¨¢s recientes: Mario Mar¨ªn y Adolfo Karam.

El Estado son los tres poderes con todos sus niveles, conformado por innumerables personas con cargos p¨²blicos que con frecuencia son corruptas o negligentes, que act¨²an conjunta o separadamente, algunos por intereses, otros por miedo, costumbre o ignorancia, pero que logran un mismo fin: mantener un sistema que trasciende sexenios y partidos pol¨ªticos para seguir imponiendo una (in)justicia clasista, racista y machista.

Ese es el sistema que tiene que caer. Lydia Cacho y Mar¨ªa Elena R¨ªos, como tantas sobrevivientes m¨¢s, tienen miedo, pero no se van a rendir.

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