Futuro verde

La crisis del coronavirus que ha obligado a paralizar la econom¨ªa para salvar vidas ha desviado la atenci¨®n de la otra gran crisis global que la humanidad debe afrontar sin demora, la emergencia clim¨¢tica. Ambos procesos se solapan ahora y no tendr¨ªa sentido planificar la recuperaci¨®n de la crisis provocada por la pandemia al margen de los objetivos que se deben cumplir para evitar el calentamiento global. Al contrario, las medidas necesarias para reactivar la econom¨ªa deben alinearse con las grandes transformaciones que exige la lucha contra el cambio clim¨¢tico. El instrumento que debe propiciar esta sinergia ha iniciado su andadura parlamentaria con la aprobaci¨®n en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de cambio clim¨¢tico y transici¨®n energ¨¦tica que pilota la vicepresidenta Teresa Ribera.

Ser¨ªa deseable que pudiera ser aprobado en el Parlamento antes de final de a?o y concitara el alto consenso pol¨ªtico que se ha alcanzado en las instituciones comunitarias para promover una recuperaci¨®n verde, con presupuestos y ayudas p¨²blicas orientados a incrementar las energ¨ªas renovables y promover la movilidad el¨¦ctrica. Ese consenso para una recuperaci¨®n verde va m¨¢s all¨¢ de la esfera pol¨ªtica e incluye a las organizaciones ecologistas, pero tambi¨¦n, y cada vez m¨¢s, a grandes empresas multinacionales, entidades financieras y organismos p¨²blicos y privados.

Una de las principales virtudes del proyecto, que prev¨¦ movilizar en la pr¨®xima d¨¦cada m¨¢s de 200.000 millones de euros de inversi¨®n, es que fija objetivos a medio y largo plazo. Como se hab¨ªa anunciado, pretende alcanzar la neutralidad del carbono en 2050, es decir, que en esa fecha no se emita m¨¢s C02 a la atm¨®sfera del que la naturaleza pueda absorber. Eso significa que en 30 a?os la totalidad de la energ¨ªa que se consuma deber¨¢ proceder de fuentes limpias. Tambi¨¦n establece que en 2030 las emisiones sean al menos un 20% inferiores a las de 1990. Sorprende que este objetivo est¨¦ por debajo de lo que ya figura en el Plan Nacional Integrado de Energ¨ªa y Clima enviado a Bruselas, que lo establece en el 23%, y quede muy lejos de las recomendaciones de la UE. Queda margen para negociar durante la tramitaci¨®n parlamentaria una ambici¨®n mayor y para debatir una cuesti¨®n que no se aborda: el impulso de la fiscalidad verde.

Las medidas que ya se han adoptado y las que contempla el proyecto de ley hacen factible que en 2030 el 70% de la energ¨ªa el¨¦ctrica que se genere proceda de fuentes renovables. Resulta especialmente interesante el cambio en el sistema de promoci¨®n de estas energ¨ªas, pues en el pasado ha sido objeto de controversia y abusos. Se elimina el sistema de subvenciones y se sustituye por un mecanismo de subasta que dar¨¢ mayor seguridad jur¨ªdica a los inversores y estimular¨¢ la producci¨®n. Pero el sector que requerir¨¢ mayor esfuerzo y consenso pol¨ªtico, por la dificultad que implica, es el de la movilidad. El transporte es responsable del 27% de las emisiones de C02 y la principal causa de poluci¨®n por NO2 y part¨ªculas en las grandes urbes. La ley prev¨¦ que en 2050 todos los turismos y veh¨ªculos comerciales ligeros est¨¦n libres de emisiones, lo que exigir¨¢ que a partir de 2040 ya no puedan matricularse aquellos que no cumplan los requisitos. Los plazos son cortos, pero factibles si las pol¨ªticas p¨²blicas y la industria hacen el esfuerzo necesario.