Conforme a derecho

El tiro al plato con la independencia judicial practicado por el Tribunal Supremo de Venezuela fue ejercicio recurrente durante el bipartidismo de Acci¨®n Democr¨¢tica y COPEI, que se repart¨ªan escopetas y sentencias cuando las causas afectaban a gobernantes, amigos y barraganas. La debilidad argumental y los fallos predecibles respond¨ªan a cacicazgos pol¨ªticos y petroleros. Alguna vez ganaba la justicia, pero la escopeta del bolivariano Maikel Moreno acierta siempre: no hay orden del Gobierno que el presidente del m¨¢ximo ¨®rgano jurisdiccional incumpla. La ¨²ltima ha sido invalidar a Juan Guaid¨® como presidente del Parlamento. Todo conforme a derecho: ajustado a la interpretaci¨®n y veredictos del palacio de Miraflores.

La participaci¨®n judicial en asuntos pol¨ªticos ha sido frecuente en la Am¨¦rica Latina del autoritarismo, la impunidad y la corrupci¨®n. La Corte Constitucional de Guatemala detuvo el autogolpe de Jorge Serrano El¨ªas; la justicia federal argentina declar¨® nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dispensaban los cr¨ªmenes de la dictadura militar, y la colombiana rechaz¨® reformar la Constituci¨®n para permitir la reelecci¨®n de ?lvaro Uribe. Tras el golpe de 2002 contra Hugo Ch¨¢vez, el Supremo simpatiz¨® con los golpistas librando de juicio a varios generales implicados.

Aquel golpe aceler¨® la involuci¨®n de la democracia en Venezuela. La depuraci¨®n del Ej¨¦rcito y la magistratura fue profunda. Si su partidizaci¨®n hab¨ªa sido rutinaria durante el Pacto de Punto Fijo, el enjuiciamiento de Carlos Andr¨¦s P¨¦rez y Jaime Lusinchi demostr¨® que la presi¨®n social hab¨ªa resquebrajado la obediencia de jueces aupados por las mafias. No es el caso del chavismo, due?o en exclusiva de un Supremo que ya no arbitra conflictos pol¨ªticos sino que convalida dictados del Ejecutivo concebidos para reducir la capacidad de control de la opositora Asamblea Nacional.

Siquiera para disimular, ser¨ªa bienvenida la impugnaci¨®n de alg¨²n acto del Gobierno sospechoso de vulnerar la legalidad y los derechos humanos. Es improbable que lo haga un tribunal que se atribuy¨® las funciones constitucionales del Parlamento, confiri¨® poderes omn¨ªmodos a Maduro y lo preside un militante de la revoluci¨®n no del derecho. No se trata de que Venezuela alcance a Dinamarca en el Rule of Law Index, ni que asista a la milagrosa purificaci¨®n de las togas pervertidas. Se trata de recuperar la credibilidad de la c¨²spide del Supremo, cuya desnaturalizaci¨®n traba una salida negociada de la crisis.

Lo procedente ser¨ªa respetar la independencia de la judicatura establecida en la Constituci¨®n bolivariana de 1999, que prohibi¨® el activismo pol¨ªtico de jueces y fiscales para garantizarla. La pr¨¢ctica demostr¨® la vacuidad del texto, frecuentemente invocado por los infractores de sus preceptos, incompatibles con el sue?o revolucionario de un sistema sin divisi¨®n de poderes, que cierre espacios a la libertad y la justicia.