Inmunidad cualificada

La polic¨ªa tiene el gatillo f¨¢cil porque cuenta con la protecci¨®n de la justicia. As¨ª de sencillo. Donald Trump no es el culpable de la muerte de George Floyd. Tampoco es el promotor de los disturbios. Pero no es una casualidad que Trump est¨¦ en la Casa Blanca, ni lo son sus irresponsables provocaciones, que incitan a la violencia en vez de calmar a los manifestantes.

El mismo pa¨ªs desgarrado por la divisi¨®n racial que llev¨® a Trump a la Casa Blanca es el que ha consagrado a lo largo de los a?os un sistema de impunidad para sus cuerpos de polic¨ªa. Racismo y abuso de poder van de la mano en ambos casos. No se entiende una cosa sin la otra.

Los agentes del orden p¨²blico, desde las polic¨ªas locales hasta los cuerpos de seguridad federales, est¨¢n fuertemente militarizados, en su formaci¨®n, entrenamiento y t¨¢cticas de despliegue. Tiene toda la l¨®gica en un pa¨ªs donde la venta, posesi¨®n e incluso exhibici¨®n en p¨²blico de armas de asalto est¨¢n consideradas como derechos protegidos constitucionalmente.

Las armas de fuego causan tantas v¨ªctimas como los accidentes de tr¨¢fico. Hay una tendencia a la desinhibici¨®n a la hora de utilizarlas contra ciudadanos indefensos, tanto por parte de polic¨ªas de servicio como de civiles armados que perpetran matanzas masivas. Tampoco se entiende una cosa sin la otra.

Todo favorece el gatillo f¨¢cil, especialmente cuando se trata de disparar sobre ciudadanos de piel oscura. En este caso, de inmovilizar hasta la muerte a un ciudadano esposado. Las estad¨ªsticas sobre fallecidos por actuaciones de la polic¨ªa demuestran que el n¨²mero de afroamericanos quintuplica el de blancos. No bastan las explicaciones sobre la composici¨®n de los cuerpos policiales, en los que las minor¨ªas suelen estar proporcionalmente menos representadas que los ciudadanos blancos. Cuenta tambi¨¦n el fuerte sentimiento corporativo de una profesi¨®n encuadrada en poderosos sindicatos, con capacidad para imponer un estatuto especial o Carta de Derechos Policiales (Bill of Rights Police), reconocido por 16 Estados, que protege a sus miembros cuando se hallan acusados por un delito, con limitaciones extremadamente garantistas en la investigaci¨®n y en el interrogatorio.

Si es dif¨ªcil procesar a un agente, m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa es condenarlo. Las asociaciones contra la violencia policial han documentado un sistem¨¢tico comportamiento deferente de los jurados ante polic¨ªas imputados y una proporci¨®n de sentencias culpables inferior a la del resto de ciudadanos. Desde 2005, son 78 los agentes de polic¨ªa acusados de asesinato o de homicidio por disparos. Solo 27 han sido condenados, 14 por un jurado popular y 13 por reconocimiento de culpabilidad previa al juicio. Solo uno de ellos, con una pena de 16 a?os, por asesinato.

A la vista de la muerte de George Floyd, se dir¨ªa que poco ha cambiado desde la ¨¦poca sangrienta de los linchamientos y asesinatos raciales en el profundo Sur. No es as¨ª, si atendemos de nuevo a las estad¨ªsticas. Es creciente el n¨²mero de polic¨ªas acusados de homicidio. En la primera d¨¦cada del siglo el promedio de polic¨ªas procesados era de cinco por a?o y ahora la cifra se acerca a la veintena. No significa esto que haya empeorado el comportamiento policial, ni tampoco mejorado, sino que se han incrementado los medios para documentar con v¨ªdeos los cr¨ªmenes, como ha sucedido con la muerte de Floyd, ahogado bajo la rodilla de un agente, en una maniobra de inmovilizaci¨®n muy utilizada.

La impunidad policial tiene una base jur¨ªdica y la ha establecido el Tribunal Supremo, con una doctrina reconocida por varias sentencias, denominada inmunidad cualificada, que pretende proteger los errores cometidos por los agentes del orden, pero termina protegiendo sus cr¨ªmenes. No basta con echar a Trump para terminar con esta peste tan letal como la covid-19. Pero una cosa va con la otra.