El poder y la gloria

Lord McGregor of Durris, que fue presidente de la Comisi¨®n Real de Quejas sobre la Prensa en el Reino Unido, sol¨ªa decir que un buen indicador de la libertad de prensa era el n¨²mero de conflictos entre los medios de comunicaci¨®n y los Gobiernos. Si esto es verdad, nuestros niveles al respecto ser¨ªan casi excelsos despu¨¦s de que desde el palacio de la Moncloa un vicepresidente del Gobierno envuelto en asuntos judiciales amagara con la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria que investigue el comportamiento de determinados periodistas.

Pero el diagn¨®stico del lord brit¨¢nico es errado para lo que sucede en nuestros d¨ªas, cuando las quejas de los gobernantes ante lo que consideran excesos de los medios son reflejo de una creciente presi¨®n sobre los mismos para evitar que cumplan su funci¨®n, no solo informativa, sino de control del poder. Este siempre se ha dedicado a matar al mensajero, al menos desde la derrota de las Term¨®pilas, y no se trata de una cuesti¨®n ideol¨®gica. Lo que ha hecho Pablo Iglesias en su desafortunada declaraci¨®n, y no pocos tuits que llevan su firma o inspiraci¨®n, no es muy diferente del proceder de Donald Trump, quien disfruta expulsando de sus ruedas de prensa a los periodistas d¨ªscolos, o de la decisi¨®n de Abascal de excluir de los actos de su partido a los que no le gustan. Lejos de ser excepci¨®n, comportamientos as¨ª comienzan a ser norma, pues incluso en pa¨ªses de larga tradici¨®n democr¨¢tica se multiplican las tendencias autoritarias como consecuencia, o bajo el pretexto, de la lucha contra la pandemia.

No negar¨¦ que algunas de las chorradas, insultos, mentiras y fanfarronadas que se escuchan y leen en televisiones, peri¨®dicos y radios compiten en zafiedad e ignorancia con los discursos de no pocos pol¨ªticos, para no hablar del destrozo que provocan las redes sociales, tantas veces al amparo del anonimato. Hasta que no se organice la civilizaci¨®n digital, este es un precio a pagar por el disfrute de la libertad, la de expresi¨®n y las otras, que en ninguna sociedad se ve exenta de limitaciones. Pero la libertad misma no es, contra lo que dice un sedicente intelectual podemita, un derecho de la ciudadan¨ªa como colectividad, sino que pertenece a los ciudadanos (y ciudadanas, por supuesto), a cada uno de ellos. Se basa en el reconocimiento y defensa de los derechos individuales, cuya titularidad no se ejerce por delegaci¨®n del pueblo, como fascistas y comunistas suelen predicar.

Es verdad que la protecci¨®n legal en nuestro pa¨ªs respecto a excesos cometidos en nombre de la libertad de expresi¨®n funciona defectuosamente, no solo por la ambig¨¹edad de las leyes, sino por la sumisi¨®n frecuente de fiscales y jueces a la presi¨®n de los propios medios. Pero el se?alamiento desde las tribunas del poder a empresas o periodistas concretos, responsables ¨²nicamente de haberle criticado, revela un autoritarismo frente al que es preciso resistir. Aunque lamentablemente a veces el precio de hacerlo sea promover el corporativismo profesional.

Los principales adversarios de la libertad de expresi¨®n son los Gobiernos. Esta es una pr¨¢ctica que se produce independientemente del color pol¨ªtico de los mismos. La tendencia del poder a interferir y controlar los ¨®rganos que configuran la opini¨®n p¨²blica es universal y apenas distingue entre dictaduras y democracias, salvo en el muy importante hecho de que estas se ven protegidas por el funcionamiento de las instituciones. La publicidad de los actos pol¨ªticos supone por s¨ª misma un l¨ªmite objetivo a los abusos de quienes mandan, que se encuentran sumidos en una paradoja dif¨ªcil de manejar. Por una parte, en la civilizaci¨®n del espect¨¢culo necesitan estar subidos permanentemente a la escena, pues sin los votos de los ciudadanos o sin el fervor de las masas no pueden subsistir. Por otra, padecen una obsesi¨®n enfermiza por el secreto y, como bien dec¨ªa Kant, cualquier acci¨®n ¡°relativa al derecho de otros hombres que no es susceptible de publicidad es injusta¡±.

Dicho secretismo les lleva a organizar toda clase de servicios de espionaje que utilizan enormes cantidades de dinero p¨²blico, bajo el calificativo de fondos reservados, no solo para garantizar la seguridad de la ciudadan¨ªa, sino para ocultar aspectos inconfesables de la gobernaci¨®n, tapar errores, comprar voluntades o reclamar favores. Ese es en definitiva el caso Villarejo, en el que rocambolescamente se ve ahora envuelto el vicepresidente, y esas son las cloacas del Estado que ¨¦l denuncia a la vez que pretende gobernarlas. No son una invenci¨®n de la derecha ni de la izquierda, no responden a una ideolog¨ªa, sino a la afici¨®n al crimen que todo poder incontrolado desarrolla. Frente a ello, las democracias establecen no solo la libertad de expresi¨®n y cr¨ªtica, sino tambi¨¦n el derecho a saber, el acceso a la informaci¨®n sobre los actos de los Gobiernos que estos tratan de limitar y procuran incumplir en nombre de la seguridad.

La interferencia del poder pol¨ªtico en los medios de comunicaci¨®n no es una caracter¨ªstica especial de nuestra democracia, en la que adem¨¢s apenas cabe atribuir excepciones respecto al comportamiento de presidente alguno. Excepciones no, pero s¨ª grados de intensidad. A partir de la llegada a La Moncloa de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar la irrupci¨®n como caballo en cacharrer¨ªa que el Gobierno llev¨® a cabo en las empresas de medios sent¨® las bases de un comportamiento que no tard¨® en imitar Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Mariano Rajoy, sometido su partido a acusaciones de corrupci¨®n, prefiri¨® rogar al accionariado antes que confrontarse con los periodistas, sistema que en su primera y p¨ªrrica victoria en el partido socialista ensay¨® tambi¨¦n el presidente S¨¢nchez. El estado de alarma ha favorecido despu¨¦s toda clase de abusos respecto a derechos constitucionales. La transparencia informativa desapareci¨® casi por completo. Las ruedas de prensa del Gobierno eran censuradas y filtradas arbitrariamente por el funcionario a cargo. Las diferencias entre cifras reales y oficiales de fallecidos por el coronavirus siguen siendo ingentes, y tenebrosa la oscuridad sobre la informaci¨®n de que el Gobierno dispuso acerca de la amenaza de la pandemia semanas, e incluso meses, antes de que tomara medidas. El ¨²ltimo chascarrillo es que se ha clasificado como secreta la informaci¨®n sobre la fugaz visita a Espa?a de la vicepresidenta de Venezuela, confirmando as¨ª que su encuentro con el ministro ?balos no pudo ser incidental.

Sin embargo, los espa?oles tenemos derecho a saber. A saber, desde luego, lo que hizo el Rey em¨¦rito con el dinero que le regal¨® el monarca absoluto de Arabia, pero no solo. La informaci¨®n de la tarjeta que ocult¨® durante meses el vicepresidente ha dejado de ser tambi¨¦n, como las cuentas personales de don Juan Carlos, un asunto privado. Siempre me llam¨® la atenci¨®n que el eslogan de Podemos en sus aspiraciones pol¨ªticas fuera ¡°asaltar los cielos¡±. Era la ingenua confirmaci¨®n de que, como todas las castas que en el mundo han sido, sus l¨ªderes, adem¨¢s de conquistar el poder, persegu¨ªan la gloria, sue?o acariciado de todo gobernante. Aunque dados los tiempos que corren parece arriesgado aspirar a que su fama se perpet¨²e en monumentos o estatuas. La espectacular carrera de los poderosos hacia el reconocimiento de sus m¨¦ritos acaba cristalizando en su adscripci¨®n al pensamiento ¨²nico, y contagia a las masas que ellos mismos enardecen. Es lo que ahora denuncian 150 prestigiosos intelectuales de Estados Unidos: una insidiosa censura impuesta por los movimientos sociales al discrepante o al disidente, fruto de la creciente intolerancia del activismo progresista, de funestas consecuencias para la libre opini¨®n. ¡°La restricci¨®n del debate, la lleve a cabo un Gobierno represivo o una sociedad intolerante, perjudica a los que no tienen poder y disminuye la capacidad de todos para la participaci¨®n democr¨¢tica¡­ El modo de derrotar malas ideas es el argumento y la persuasi¨®n, no tratar de silenciarlas o expulsarlas¡±. Noam Chomsky dixit. Estar¨ªa bien que lo leyeran en La Moncloa.