La necesaria distancia con el jefe del Estado

El rey em¨¦rito ha comunicado al jefe del Estado, su hijo Felipe VI, su decisi¨®n de alejarse de La Zarzuela y de abandonar Espa?a. La decisi¨®n, acogida por el Rey con respeto y agradecimiento, supone hasta ahora el intento m¨¢s severo por distanciar a la Jefatura del Estado de la investigaci¨®n sobre las cuentas opacas que Juan Carlos I supuestamente ha tenido en el extranjero. Este argumenta su determinaci¨®n en la necesidad de aportar ¡°tranquilidad y sosiego¡± a la labor de la Corona, que est¨¢ por encima de quienes la encarnan en cada momento. Y, al mismo tiempo, resalta que permanecer¨¢ ¡°a disposici¨®n en todo caso¡± de la Fiscal¨ªa para cualquier tr¨¢mite o actuaci¨®n ¡°que se considere oportuna¡±, lo que cercena cualquier lectura de que su salida obstaculizar¨ªa su rendici¨®n de cuentas ante la justicia.

Independientemente de cualquier posible ramificaci¨®n de los asuntos que se tramitan ante un tribunal suizo y el Supremo espa?ol, y que por el momento no suponen la imputaci¨®n del anterior jefe del Estado, ni en aquel pa¨ªs ni en Espa?a, la decisi¨®n que hizo p¨²blica este lunes ¡ªtodo indica que de forma consensuada con Felipe VI¡ª es adecuada, pertinente y responsable. Adecuada en el calendario, porque una prolongaci¨®n de las pol¨¦micas surgidas sin la necesaria respuesta en nada beneficiar¨ªa al prestigio de la Jefatura del Estado, a la estabilidad institucional y a la visi¨®n hist¨®rica del reinado de la Transici¨®n. Pertinente en su alcance, porque traza de forma clara un cortafuegos entre aquella y los discutibles avatares de las personas que la han encarnado: la salida de don Juan Carlos deslinda su vida personal de la residencia oficial en la que ha venido habitando. Responsable, porque implica una actitud de continuado apego a la arquitectura de la democracia espa?ola, por encima de errores o conductas inaceptables que se hayan registrado.

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Ya el pasado 15 de marzo, Felipe VI quiso blindar a la instituci¨®n retirando a su padre la asignaci¨®n de casi 200.000 euros anuales que recib¨ªa de los Presupuestos de la Casa del Rey y renunciando a cualquier hipot¨¦tica herencia que pudiera corresponderle en el futuro de los fondos que este tuviera en el extranjero. Seg¨²n explic¨® en un extenso comunicado, la primera noticia sobre dichos fondos la tuvo la Casa del Rey a trav¨¦s de los abogados de Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos I, quien intent¨® forzar una negociaci¨®n directa con La Zarzuela bajo amenaza de airear el esc¨¢ndalo, a lo que Felipe VI se neg¨® de plano.

Aquella medida no fue, sin embargo, suficiente para evitar que el goteo de informaciones sobre la investigaci¨®n abierta en Suiza haya salpicado a la Jefatura del Estado. Del mismo modo que la actuaci¨®n de Juan Carlos I en los momentos m¨¢s cr¨ªticos de la Transici¨®n prestigi¨® a la Monarqu¨ªa, resultaba inevitable que las irregularidades financieras del anterior jefe del Estado empa?asen su imagen.

El paso dado ahora para separar a la persona de la instituci¨®n ¡ªalejando a don Juan Carlos de La Zarzuela¡ª no ha sido f¨¢cil, por m¨¢s que trasluzca un acuerdo entre padre e hijo con el objetivo com¨²n de salvaguardar a la Corona. Con 82 a?os, Juan Carlos I se marcha por la puerta de atr¨¢s del que ha sido su hogar durante casi 58 a?os. En cambio, Felipe VI no ha querido forzar la retirada del t¨ªtulo honor¨ªfico de Rey a su padre y Juan Carlos I no ha querido renunciar a ¨¦l voluntariamente.

En todo caso, el rey em¨¦rito mantiene intacta la presunci¨®n de inocencia, un derecho que le corresponde como a cualquier otro ciudadano. Ni el fiscal suizo ni el espa?ol que investigan los movimientos financieros de Corinna Larsen han presentado hasta ahora acusaci¨®n alguna contra ¨¦l. Si lo hacen, Juan Carlos I deber¨¢ defenderse y podr¨¢ ser juzgado, al menos por aquellos hechos posteriores a su abdicaci¨®n en junio de 2014.

La conducta decepcionante y poco ejemplar de Juan Carlos I en sus ¨²ltimos a?os de reinado no puede hacer olvidar su insustituible contribuci¨®n al progreso y la libertad de los espa?oles durante casi medio siglo. Aun sin su compromiso y su decisi¨®n, es posible que la democracia se hubiera acabado asentando en Espa?a, pero a un coste mucho m¨¢s alto. Por eso, quienes aprovechan la ca¨ªda en desgracia de Juan Carlos I para reabrir el debate sobre la Monarqu¨ªa deben plantearse si, m¨¢s all¨¢ de que sea leg¨ªtima la reivindicaci¨®n republicana, esta tiene ahora consensos sociales y parlamentarios suficientes para traducirse en una reforma constitucional. Los datos indican lo contrario. Resulta por tanto irresponsable alimentar la crisis institucional en un momento en que el pa¨ªs necesita estabilidad, uniendo todas sus fuerzas para afrontar una crisis econ¨®mica devastadora que ya ha llegado y una sanitaria que no se acaba de marchar.