El abogado del rey em¨¦rito: ¡°Juan Carlos I est¨¢ a disposici¨®n de la Fiscal¨ªa¡±

A pesar de la decisi¨®n de marcharse a vivir fuera de Espa?a, Juan Carlos I se ha puesto a disposici¨®n de la justicia espa?ola a trav¨¦s de su abogado, Javier S¨¢nchez-Junco. El letrado ha emitido un comunicado con las instrucciones recibidas del rey em¨¦rito de ponerse a disposici¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, que actualmente analiza sus cuentas en Suiza no declaradas ante Hacienda. ¡°S. M. el rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga p¨²blico que, no obstante su decisi¨®n de trasladarse, en estos momentos, fuera de Espa?a, permanece en todo caso a disposici¨®n del ministerio fiscal para cualquier tr¨¢mite o actuaci¨®n que se considere oportuna¡±, dice el abogado.

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Fotogaler¨ªa: Juan Carlos I, a lo largo de su reinado

La presi¨®n judicial sobre el rey em¨¦rito se dispar¨® el pasado 8 de junio, cuando la Fiscal¨ªa General del Estado anunci¨® que Juan Carlos I estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca. La investigaci¨®n se centra, por ahora, en determinar si ha cometido delito despu¨¦s del mes de junio de 2014, momento en el que abdic¨® en su hijo y dejo? de estar protegido por la inviolabilidad que el arti?culo 56.3 de la Constitucio?n espan?ola reconoce al jefe del Estado. Los pr¨®ximos meses ser¨¢n cruciales para Juan Carlos I, que puede verse obligado a comparecer ante el Tribunal Supremo.

Para llegar a ese momento, si llega, faltan meses. La primera decisi¨®n est¨¢ en manos de la Fiscal¨ªa del Supremo, que debe decidir si presenta una querella ante la Sala de lo Penal. El propio ministerio p¨²blico ha reconocido ¡°la complejidad te?cnica y la trascendencia institucional¡± de esta investigaci¨®n, dirigida por el fiscal de Sala del Supremo coordinador de delitos econo?micos, Juan Ignacio Campos. Junto a ¨¦l trabajan otros tres fiscales expertos en estos delitos: Paloma Iglesias, Jose? Antonio del Cerro y Juan Carlos Lo?pez Coig. Este equipo cuenta con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperacio?n Penal Internacional de la Fiscali?a General del Estado, dirigida por la fiscal Rosa Ana Mora?n Marti?nez, cuya labor ser¨¢ crucial para recabar documentaci¨®n de otros pa¨ªses.

El ministerio p¨²blico tiene abiertas estas diligencias desde hace dos a?os, pero hasta ahora se centraban en el presunto pago de comisiones por parte de empresas espa?olas adjudicatarias de esas obras. Si Juan Carlos I tuvo alg¨²n papel en esos hechos era jur¨ªdicamente irrelevante porque ocurrieron cuando ocupaba el trono y, por tanto, era inimputable. Sin embargo, las pruebas recabadas por un fiscal de Ginebra sobre una donaci¨®n multimillonaria a la antigua amiga del rey em¨¦rito Corinna Larsen desde una cuenta en Suiza vinculada a una fundaci¨®n paname?a han arrojado dudas sobre algunas conductas del rey em¨¦rito posteriores a su abdicaci¨®n.

Las diligencias de la Fiscal¨ªa del Supremo tienen por objeto determinar si esas sospechas se convierten en indicios suficientes de que el exmonarca ha cometido alg¨²n delito. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen il¨ªcito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda p¨²blica superior a 120.000 euros). El ministerio p¨²blico ve factible recabar indicios sobre ambos, pero eso no basta para sostener la acusaci¨®n. Para el primero, seg¨²n fuentes fiscales y expertos en delitos econ¨®micos consultados, la inviolabilidad de don Juan Carlos hasta 2014 impide indagar en el origen del dinero, lo que complica poder acreditar si se han blanqueado fondos aunque el supuesto delito se haya cometido despu¨¦s; mientras que en el caso del delito fiscal el plazo de prescripci¨®n acota la investigaci¨®n a los ¨²ltimos cinco ejercicios, lo que deja fuera los a?os de mayor movimiento en las cuentas bajo sospecha.