Acuerdo fallido
Hay que volver a la negociaci¨®n con los municipios para invertir los remanentes
Pocas dudas caben ya de que el Gobierno de coalici¨®n ha gestionado mal el plan de tomar prestados 14.000 millones de remanente de los Ayuntamientos con la condici¨®n de devolver esa cantidad en los pr¨®ximos 10 a?os e inyectar 5.000 millones en los municipios entre 2020 y 2021. El real decreto ley que permite realizar ese intercambio (o apa?o, para algunos alcaldes), acordado con el ¨²nico apoyo del PSOE en la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), tiene todos los visos de sumar un error pol¨ªtico a otro error econ¨®mico, aunque a estas alturas sea m¨¢s evidente el primero. Los alcaldes han iniciado una fase de rebeli¨®n que puede dejar el proyecto en papel mojado; si los municipios no entregan los fondos, la propuesta habr¨¢ fracasado. Y lo m¨¢s probable es que ese fracaso se produzca de forma inevitable, a pesar de las rectificaciones parciales que pretende conceder Hacienda (como pagar los costes financieros de los ahorros retenidos).
Es un error, sin duda, no tener en cuenta la capacidad de bloqueo de los Ayuntamientos del PP. Los populares, en estos y en otros asuntos, manejan las posiciones pol¨ªticas como un resorte de oposici¨®n sistem¨¢tica a cualquier iniciativa del Gobierno. Pero, claro, no es s¨®lo el PP quien cuestiona el procedimiento. Se han sumado a la protesta el Ayuntamiento de Barcelona y municipios socialistas. Una propuesta de retenci¨®n parcial de los remanentes requer¨ªa un grado de negociaci¨®n m¨¢s intenso y sutil que arrojarla sin m¨¢s en la FEMP y esperar una mayor¨ªa mec¨¢nica. Las conversaciones con los Ayuntamientos deber¨ªan haber sido previas, paso a paso, con una aproximaci¨®n paralela a los partidos nacionales en busca de una cierta aquiescencia y a sabiendas de que la negociaci¨®n iba a exigir ¡°una larga paciencia¡±. La f¨®rmula del decreto ley revela adem¨¢s una prisa inconveniente, asociada quiz¨¢ a urgentes necesidades financieras.
El quid de esta cuesti¨®n radica en que la f¨®rmula elegida suscita muchas dudas y desconfianzas en los gobiernos municipales. ?Por qu¨¦ trasladar los ahorros conseguidos a la Hacienda del Estado si los fondos proceden de un esfuerzo ¡ªobligado¡ª realizado desde 2012 por las corporaciones municipales? Los Ayuntamientos dispon¨ªan de un super¨¢vit acumulado que algunas fuentes calculan en unos 28.000 millones; parec¨ªa absurdo esterilizar esa cantidad por culpa de la aplicaci¨®n estricta de normas de estabilidad (solo pueden emplearse en reducir deuda o en proyectos ¡°financieramente sostenibles¡±) durante una fase de depresi¨®n. Los alcaldes entienden este argumento y hubieran aceptado una f¨®rmula que, mediante las pertinentes modificaciones legales, les hubiese permitido tomar decisiones propias de inversi¨®n de sus super¨¢vit, aunque fuese bajo la tutela del Estado.
Por regla general, las inversiones p¨²blicas manejadas desde el ¨¢mbito local suelen estar mejor orientadas que las dirigidas desde la Administraci¨®n central. La rebeli¨®n de los alcaldes tiene una lectura clara: hay que volver a la mesa de negociaci¨®n y resolver el uso de los remanentes de otra forma. Los Ayuntamientos se lo merecen. Son los principales agentes de la estabilizaci¨®n financiera operada entre 2012 y 2019, hasta el punto de que redujeron su deuda en un 47% durante ese periodo. Y, adem¨¢s, no es una buena pol¨ªtica irritar a los Ayuntamientos si, como parece necesario, hay que iniciar en alg¨²n momento de la legislatura una reforma de la financiaci¨®n municipal.
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