Partido de Estado
El PP da?a las instituciones p¨²blicas al vetar la renovaci¨®n de sus mandatos
Un partido de Estado en la oposici¨®n es aquel que la ejerce ¡ªcon cuanta dureza convenga¡ª hacia el Gobierno, pero con lealtad hacia este en su condici¨®n de principal depositario de la confianza ciudadana. Y sobre todo, al conjunto del entramado institucional.
Los ¨²ltimos cambios en el Partido Popular ¡ªconsolidaci¨®n de su componente moderado desde las elecciones gallegas y el fracaso de su candidato aznarista en el Pa¨ªs Vasco; relevo en la portavoc¨ªa parlamentaria¡ª han redundado en una evoluci¨®n m¨¢s pausada del estilo, el lenguaje e incluso la expresi¨®n facial de su presidente, Pablo Casado. Pero su oferta al pa¨ªs sigue anclada en una perspectiva ajena a lo exigible de un partido serio, susceptible de encarnar una verdadera alternativa al Gobierno.
Resulta incalificable su negativa a todo compromiso para renovar las instituciones cuyos miembros, en todo o en parte, han sobrepasado el plazo de su ejercicio: el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de RTVE o el Defensor del Pueblo. Con mandatos caducados, las instituciones infringen su propio imperativo estatutario, su estabilidad evolutiva, su prestigio y eficacia ¡ªpara algo est¨¢n las limitaciones temporales a sus miembros¡ª y con ¨¦l, los del Estado en su conjunto. ?Puede un partido de Estado favorecer esa degradaci¨®n obstaculizando por intereses particulares la renovaci¨®n?
El argumentario empleado para ello es, adem¨¢s, tosco y mendaz. Puede y debe el PP criticar la presencia de un partido radical en el Gobierno: pero esta es constitucional y electoralmente leg¨ªtima. De modo que no debe ser utilizada como coartada para paralizar la renovaci¨®n institucional, pues eso supone confundir los distintos planos de necesaria oposici¨®n al Ejecutivo e indispensable lealtad al Estado. M¨¢s a¨²n cuando la eventual influencia del socio minoritario de la coalici¨®n gubernamental en los relevos es muy relativa: los dos grandes partidos, PP y PSOE, siguen disponiendo en ellos de vara alta, por imperativo aritm¨¦tico, traslaci¨®n del mandato democr¨¢tico.
El bloqueo de Casado a la normalidad de las instituciones trasluce ventajismo, pues supone congelar su propio peso principal en casi todas ellas, que deriva de su antigua y ya inexistente mayor¨ªa parlamentaria. Renovar cuando a uno le beneficia y paralizar los cambios cuando le conviene menos revela puro y simple sectarismo.
La fragilidad argumental del l¨ªder del PP se extiende, pese a su brillantez expositiva, a otros ¨¢mbitos. Como el presupuestario, donde es leg¨ªtima una oposici¨®n sin tregua, aunque a un pa¨ªs en brutal recesi¨®n ¡ªque configura una emergencia nacional¡ª, le convengan m¨¢s actitudes dialogantes como la de Ciudadanos.
Casado critica que se le pida una actitud negociadora para los Presupuestos, y se queja (con raz¨®n) de que no se le ofrezcan datos del mismo. Ante ello, ser¨ªa m¨¢s coherente suspender todo juicio hasta conocerlos y analizarlos. Y su pretensi¨®n de separar completamente las ayudas de la UE del presupuesto nacional resulta disparatada. Porque el plan de recuperaci¨®n europeo se vehicula a trav¨¦s del presupuesto comunitario; este nutre directamente a los presupuestos nacionales (salvo en lo relativo a algunos cr¨¦ditos del Banco Europeo de Inversiones); y en general la estructura de los fondos europeos requiere de alg¨²n grado de cofinanciaci¨®n nacional, que debe incorporarse a los Presupuestos de los Estados miembros.
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