As¨ª no

La sesi¨®n de control del Gobierno se convirti¨® ayer en el Congreso en la en¨¦sima puesta en escena del barullo pol¨ªtico que est¨¢ deteriorando gravemente la democracia. El registro de una proposici¨®n de ley para la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, auspiciada por el PSOE y Unidas Podemos, se col¨® en el hemiciclo para enfrentar de nuevo de manera bronca a las fuerzas pol¨ªticas. El Partido Popular persiste en su negativa de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los partidos del Gobierno han tomado la iniciativa para acabar con esta anomal¨ªa.

La voluntad de recuperar la normalidad institucional est¨¢ justificada. Pero el proyecto en s¨ª y la precipitaci¨®n con la que se quiere resolver esta cuesti¨®n ¡ªextremadamente delicada en la medida en que toca los fundamentos de la separaci¨®n de poderes en un Estado de derecho¡ª resultan inaceptables. Al bloqueo en el que se ha instalado el PP ¡ªel PSOE consigui¨® tambi¨¦n paralizar durante a?os la sustituci¨®n de algunos miembros del Tribunal Constitucional¡ª se ha respondido con una proposici¨®n que entra?a grandes peligros: sacar adelante la reforma sea como sea apoy¨¢ndose en la mayor¨ªa absoluta que el actual Gobierno puede conseguir en el Parlamento. La idea de sustituir tambi¨¦n por ese camino a 12 vocales del CGPJ choca con el esp¨ªritu de la Constituci¨®n. Elegir el gobierno de los jueces ¡ªy otros organismos del n¨²cleo del Estado¡ª por mayor¨ªas cualificadas, que obligan inevitablemente a acuerdos transversales, favorece la estabilidad del sistema.

La obstinaci¨®n del PP tiene algo de huida hacia adelante. Pablo Casado ha sido incapaz de recuperar para su organizaci¨®n su perfil de partido de Estado, temeroso de ser desbordado por la extrema derecha si no mantiene un discurso polarizador, y est¨¢ dedicado sobre todo a sacar petr¨®leo de la f¨®rmula de ¡°cuanto peor, mejor¡±, que solo conduce a la par¨¢lisis y al desbarajuste. Los partidos del Gobierno dan se?ales de decantarse tambi¨¦n por esos derroteros al evitar que sea el propio Ejecutivo el que procure esa reforma a trav¨¦s de un proyecto de ley, que exigir¨ªa la elaboraci¨®n de una serie de informes t¨¦cnicos, del propio CGPJ y del Consejo de Estado. De salir adelante, la proposici¨®n de ley ¡ªredactada adem¨¢s con una t¨¦cnica legislativa de brocha gorda¡ª acabar¨¢ en el Tribunal Constitucional, con alt¨ªsimas posibilidades de no pasar el examen.

En un momento tan extremadamente grave como el que atraviesa el pa¨ªs, empujar esta proposici¨®n de ley que puede resultar lesiva para el Estado de derecho no parece otra cosa que intentar salir del paso con un argumento fraudulento: hicimos lo que pudimos, la culpa es de los otros. Pero esa manera de hacer pol¨ªtica ¡ªsiendo, sin duda, muy complejo romper el injustificable bloqueo con el que el PP tiene secuestradas a las instituciones¡ª responde a un modelo que tendr¨ªa que desterrarse cuanto antes del sistema: el de levantar banderas que no tienen recorrido. No lo tiene el bloqueo del PP. No deber¨ªa de tenerlo el proyecto de los partidos del Gobierno. Y si finalmente lo tuviera, no resulta el m¨¢s adecuado para reforzar la independencia del Poder Judicial. Ambos tienen que sentarse de forma inmediata a negociar en lugar de seguir causando destrozos a la arquitectura institucional del pa¨ªs.