Una reforma peligrosa

La relaci¨®n entre los poderes del Estado, y muy especialmente con la justicia, no es sencilla en ning¨²n pa¨ªs. Con todo, en Espa?a hace tiempo que requiere mejoras. Seg¨²n el CIS, s¨®lo el 20% de los espa?oles est¨¢n satisfechos con su funcionamiento, lo que se liga con la falta de medios, pero tambi¨¦n con la percepci¨®n de independencia. Seg¨²n el Eurobar¨®metro, el 58% de los espa?oles piensan que su justicia es poco independiente.

El Greco, comit¨¦ dependiente del Consejo de Europa, nos alerta regularmente de esto. Es verdad que en su ¨²ltimo informe reconoc¨ªa mejoras y no cuestionaba la independencia de nuestros jueces. Sin embargo, tambi¨¦n nos recordaba que tenemos un Consejo General del Poder Judicial que, por su estructura de gobierno y elecci¨®n, erosiona la credibilidad del sistema jur¨ªdico y refuerza esa idea de politizaci¨®n.

La propuesta de reforma registrada por el PSOE y UP, lejos de resolver nada, profundiza en este problema. El PP est¨¢ incumpliendo con su deber constitucional al no acordar con el Gobierno la renovaci¨®n del CGPJ. Por tanto, tiene sentido que, ante el bloqueo, se fije por ley que el Consejo tenga poderes residuales. Ahora bien, esto no puede justificar en modo alguno reducir los umbrales de elecci¨®n de sus 12 integrantes elegidos en Cortes de tres quintos a mayor¨ªa absoluta. Esta reforma es peligros¨ªsima.

Desde la perspectiva institucional, acaba con el pluralismo de la instituci¨®n ya que permite a las mayor¨ªas de cada legislatura controlar el ¨®rgano de gobierno de los jueces sin contrapesos. Una situaci¨®n que, adem¨¢s, es reversible, y har¨¢ que los sucesivos Gobiernos piloten (a¨²n) m¨¢s directamente los nombramientos judiciales. Es sabido que no hay ¨®rgano contramayoritario m¨¢s necesario para preservar la democracia que una judicatura independiente (basta con mirar a nuestro entorno). Y es que, aunque se alegue que el cambio es puntual, cuando se dinamita un freno es raro el Gobierno que, voluntariamente, quiere volverlo a levantar. Pero, adem¨¢s, desde la perspectiva pol¨ªtica no se puede amenazar con cambiar las reglas de juego porque un participante las incumpla. Esta propuesta de reforma justamente brinda al Partido Popular un poderoso asidero al que agarrarse para incumplir su deber de llegar a un acuerdo.

Dar¨ªa para otra discusi¨®n cu¨¢l es el mejor modo de elegir a los miembros del Consejo. Hay quien piensa que deber¨ªan votarlos solo los jueces, otros prefieren el sistema vigente. Para m¨ª lo ideal ser¨ªa que se hiciera un sorteo sobre una lista elegida por el Parlamento. Al menos nos asegurar¨ªamos de que el velo de la ignorancia en la elecci¨®n forzara a los partidos a potenciar la idoneidad de los candidatos. Pero, al margen del debate, poco se ha aprendido sobre las causas de la crisis institucional en la que estamos si el Gobierno no ve, o no quiere ver, el peligro que entra?a su reforma.