Orden desatinada

La orden ministerial que consagra el Procedimiento de actuaci¨®n contra la desinformaci¨®n provocada por la difusi¨®n malintencionada de noticias falsas trae buena causa, pero su factura es desatinada y requiere modificaciones. La intenci¨®n es correcta, pues las campa?as intensivas de desinformaci¨®n ¡ªfrecuentemente procedentes de potencias externas, pero a veces tambi¨¦n de agentes internos¡ª constituyen una amenaza de la m¨¢xima seriedad para la estabilidad de las instituciones democr¨¢ticas. Y deben ser afrontadas como tales por estas. El Plan de acci¨®n de la democracia europea propuesto por la Comisi¨®n en 2018 invita a actuar. Pero la materia es sensible y de fronteras l¨ªquidas, pues amenaza a un pilar de la democracia, la libertad de informaci¨®n. El procedimiento publicado en el BOE formaliza estructuras de supervisi¨®n, mecanismos de actuaci¨®n interna y de respuesta ¡ªcontra-informativa o pol¨ªtica¡ª a las intoxicaciones masivas. Mejor que sean par¨¢metros p¨²blicos, y por tanto mejorables, que secretos. El PP, que rechaza frontalmente el plan ahora, no destac¨® por transparencia en esta materia cuando estuvo en el poder, lo que erosiona su autoridad en la cr¨ªtica. Pero, sin duda, el enfoque y el contenido del plan suscita inquietudes y dudas.

En primer lugar, inquieta que la estrategia contra la intoxicaci¨®n no exhiba una raigambre de Estado en la que participen s¨®lidamente los tres poderes ¡ªlegislativo, judicial y ejecutivo¡ª y la sociedad civil, sino que tenga rasgo puramente gubernamental. De los seis agentes que se reconocen, cinco se adscriben al Gobierno y la participaci¨®n del sexto, la sociedad civil y el sector privado, es residual, por optativa. Y la gobernanza del conjunto ¡ªdiscretamente relegada al anexo segundo¡ª gravita sobre la Secretar¨ªa de Estado de Comunicaci¨®n: la decisiva Comisi¨®n Permanente de vigilancia tiene como funci¨®n clave ¡°apoyar¡± a ese organismo, cuando a su vez est¨¢ ¡°coordinada¡± por ¨¦l. Ser¨ªa una ingenuidad postular que el Ejecutivo se ausentase de su deber de detectar y contrarrestar ese tipo de peligros para la seguridad nacional. Es l¨®gico que se esfuerce para monitorear fuentes abiertas.

Pero es necesario afianzar una pol¨ªtica de Estado en esta materia. Pueden imaginarse soluciones, y comparativas europeas apuntan pistas: en Italia hay en marcha una comisi¨®n parlamentaria para proponer un marco de actuaci¨®n; en Francia se ha activado un mecanismo de intervenci¨®n expr¨¦s de la justicia en cierto tipo de situaciones; el engarce con verificadores independientes (cuya importancia resalta la Comisi¨®n Europa y se echa en falta en el operativo espa?ol) tambi¨¦n parece importante.

El marco de gesti¨®n estatal y no solo gubernamental es b¨¢sico. Porque, adem¨¢s, el ¨¢mbito de actuaci¨®n queda en una ambig¨¹edad inquietante. La orden se?ala el objetivo de ¡°fortalecer la libertad de expresi¨®n¡±, pero quiere perseguirlo ¡°examinando la libertad y pluralismo de los medios¡±, perturbador concepto este, que adem¨¢s se adscribe falsamente al plan europeo, que no menciona ese control. La declaraci¨®n de la ministra de Exteriores postulando que ¡°se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a trav¨¦s de radios, televisiones...¡± redobla la inquietud y el impulso a reclamar una reformulaci¨®n del marco de respuesta. No cabe examen gubernamental de ninguna clase al pluralismo de los medios. El intento de transparencia del plan es correcto, pero su sustancia es parcial y ambigua. Conviene mejorar.