Per¨²: peligrosa regresi¨®n democr¨¢tica

Parec¨ªa inveros¨ªmil que se llegara a ese extremo en medio de la pandemia, una grave recesi¨®n y proceso de elecciones generales en marcha. La indispensable estabilidad y continuidad de la institucionalidad democr¨¢tica se vio interrumpida de un tajo el lunes con la destituci¨®n por el Congreso del presidente Mart¨ªn Vizcarra.

Veinte a?os de continuidad democr¨¢tica, desde el colapso del r¨¦gimen de Fujimori en noviembre de 2000, se vieron truncados por una convergencia de apetitos de poder, corruptelas, demagogia y ambiciones deleznables.

¡°?Qu¨¦ pasa en tu pa¨ªs?¡±, me escriben amistades desde distintas partes del mundo. Igual pregunta se hace hoy una mayor¨ªa indignada de la poblaci¨®n peruana. Hay varias cuestiones de fondo tras la regresi¨®n democr¨¢tica producida con la destituci¨®n presidencial y su reemplazo por el presidente del Congreso, Manuel Merino (elegido congresista en enero con ralos 5.000 votos). Resaltan cuatro asuntos.

Primero, la ¡°vacancia presidencial¡± declarada apresuradamente por el Congreso. Es jur¨ªdicamente fr¨¢gil; el Tribunal Constitucional tiene un contencioso entre manos sobre el tema.

La Constituci¨®n ¡°blinda¡± a quien ocupa la presidencia; quien la ocupa puede ser acusado solo sobre asuntos muy limitados (art. 117). Igual para declarar la vacancia (art. 113). Es insostenible una laxa interpretaci¨®n jur¨ªdica de la norma sobre ¡°permanente incapacidad moral¡± aplicada contra Vizcarra, pues es claro el foco de la Constituci¨®n: la estabilidad presidencial mientras dure el per¨ªodo constitucional.

Es cierto que lo de la ¡°permanente incapacidad moral¡± podr¨ªa ser mejor regulado. Pero en ning¨²n caso interpretado saltando con garrocha el debido proceso o la estabilidad en el cargo presidencial que la Constituci¨®n establece como principio. Menciones sobre Vizcarra por unos aspirantes a la colaboraci¨®n eficaz en investigaciones preliminares contra la corrupci¨®n bastaron para que el Congreso decretase, raudamente, su ¡°incapacidad moral¡±. Sobre sospechas; sin pruebas ni acusaciones formales que solo saldr¨ªan de una investigaci¨®n fiscal. Esta, por cierto, debe hacerse y en profundidad.

El Tribunal Constitucional tiene entre manos desde setiembre el contencioso sobre el contenido y procedimiento de una declaratoria de ¡°incapacidad moral¡±. Su decisi¨®n podr¨ªa incidir en lo hecho por el Congreso. La OEA se refiri¨® este mi¨¦rcoles a lo ocurrido: ¡°¡­compete al Tribunal Constitucional del Per¨² pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas¡±. La ¡°bola¡± est¨¢, pues, en su cancha.

Segundo, se aglutinaron congresistas de ideas dis¨ªmiles; sin eje ideol¨®gico o program¨¢tico articulador, ni mucho menos. ?Qu¨¦ los uni¨®? Todo apunta a que no fue un prop¨®sito de consolidaci¨®n democr¨¢tica ni ¡°anticorrupci¨®n¡±, sino todo lo contrario: varias discutibles agendas particulares. Que obedecen no a leg¨ªtimos proyectos o programas pol¨ªticos, sino a intereses cremat¨ªsticos o empresariales espec¨ªficos o a proyectos pol¨ªticos antidemocr¨¢ticos.

Por ejemplo, congresistas propietarios de cadenas de lucrativas universidades que, por no haber pasado una valla m¨ªnima de calidad, han visto su licencia cancelada ¨Co amenazada¨C por el vigente ¨Cy solvente¨C sistema de supervisi¨®n de instituciones universitarias que lleva operando solo algunos a?os. El prop¨®sito es tumbarse ese sistema y regresar al ca¨®tico laissez faire, sin exigencias institucionales ni de calidad. Este asunto ha sido ya puesto, raudamente, en la agenda del Congreso esta misma semana.

Otro factor contributivo en esa votaci¨®n parlamentaria ha sido el proyecto fascistoide de uno de los dos grupos pol¨ªticos claves en la vacancia: el llamado ¡°etnocacerismo¡±. Partido que es propiedad de un personaje en prisi¨®n (por asuntos de corrupci¨®n) y que tiene su rostro m¨¢s visible en el exmilitar Antauro Humala ¨Chermano y enemigo del expresidente Ollanta Humala¨C condenado por la Corte Suprema a 19 a?os de prisi¨®n por homicidio de cuatro polic¨ªas y secuestro agravado. Adem¨¢s del indulto del condenado, entre sus banderas principales est¨¢ el restablecimiento de la pena de muerte y el retiro del Per¨² de la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos y de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Convergieron en la decisi¨®n de ¡°incapacidad moral¡±, adem¨¢s, una vastedad de agendas particulares, frenadas por el Gobierno saliente, de transportistas informales, miner¨ªa ilegal y otros sectores parecidos que est¨¢n ahora m¨¢s cerca de obtener luz verde para sus intereses.

Tercero, la convergencia de personas y grupos condenados, acusados en la justicia o investigados por graves hechos de corrupci¨®n. Hay all¨ª mucho pan por rebanar pues la mayor¨ªa de congresistas est¨¢n investigados, acusados o condenados por la justicia.

Como lo ha revelado ¡°El Foco¡±, medio de comunicaci¨®n digital, la mayor¨ªa de congresistas ¨C68 de 130¨C tienen abiertas carpetas fiscales de investigaci¨®n por corrupci¨®n y hasta por homicidio. Sobre el nuevo presidente del Congreso (desde este martes), en ¡°El Foco¡± se destaca que entre las 52 investigaciones que la Fiscal¨ªa le tiene abiertas, hay usurpaci¨®n agravada, resistencia a la autoridad, defraudaci¨®n, abuso de autoridad y, ?c¨®mo no!, corrupci¨®n de funcionarios.

Otros ya pasaron de investigados a acusados oficialmente por la Fiscal¨ªa ante la Justicia. Entre ellos nada menos que el ex contralor general y actual presidente de la comisi¨®n de fiscalizaci¨®n del Congreso ¨Cy miembro del partido ¡°etnocacerista¡±- para quien la Fiscal de la Naci¨®n ha pedido 17 a?os de prisi¨®n por serios delitos de corrupci¨®n de cuando se desempe?aba como contralor.

Cuarto, la concentraci¨®n de poder. Que ya no es una simple amenaza y es lo que esta semana ha tenido a la gente en las calles. El proceso generado desde el putsch del Congreso amenaza con el copamiento de las instituciones p¨²blicas cancelando los pesos y contrapesos indispensables en un sistema democr¨¢tico. Que puede llegar, por cierto, a afectar la transparencia -y hasta la fecha- de las pr¨®ximas elecciones.

El primer espacio institucional en la escena a ser fagocitado: el Tribunal Constitucional, cuya independencia est¨¢ seriamente amenazada. Hay varios pleitos en el TC en los que es precisamente el actual Congreso la parte demandada con lo que el tribunal es hoy la pieza institucional fundamental para el equilibrio de poderes.

En este contexto, coincide que en la agenda del Congreso est¨¢ la renovaci¨®n de los integrantes del TC: seis vacantes del total de siete magistrados. La mayor¨ªa congresal controla la comisi¨®n de selecci¨®n, la que en oscuro proceder maneja un proceso poco serio y transparente. Esto ha puesto en primera l¨ªnea el clamor ciudadano de que bajo ninguna circunstancia este Congreso cuestionado designa a estos seis magistrados. Y que quede ello para el Congreso a elegirse en abril pr¨®ximo, dejando abierta, as¨ª, una brisa de control de poder ante el avasallamiento institucional en desarrollo.