Cinco argumentos sobre la censura en las redes
El ¨²nico criterio admisible para quitar contenidos en un Estado de Derecho es que sean ilegales
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A ra¨ªz de la suspensi¨®n de las cuentas de Donald Trump en Facebook y Twitter se ha abierto un interesante, necesario y apasionado debate sobre lo que pueden y no pueden hacer las redes sociales en relaci¨®n con los contenidos y las cuentas de sus usuarios. Lo que para unos es una adecuada ¡°moderaci¨®n de contenidos¡±, para otros es una intolerable ¡°censura¡±.
Tan apasionado es el debate que, creo, se ve inevitablemente contaminado por el sesgo ideol¨®gico de cada cual o, incluso, por la simpat¨ªa o antipat¨ªa que suscita el personaje. Por lo que, para empezar, conviene aclarar que el an¨¢lisis que se haga debe ser con independencia de qui¨¦n sea el usuario, de su ideolog¨ªa y de si es m¨¢s o menos famoso o an¨®nimo, y m¨¢s o menos simp¨¢tico o antip¨¢tico.
Al mismo tiempo, pero en parte como consecuencia de lo anterior, unos y otros ofrecen en este debate argumentos con los cuales intentan justificar su opini¨®n, que no tienen un base legal y s¨®lo sirven para intentar vestir el santo de un juicio pre-existente (es decir, de un pre-juicio). Vamos a intentar desgranar algunos de los m¨¢s repetidos y aportar alguna luz sobre el marco regulatorio.
1. ?Son empresas privadas y pueden hacer lo que quieran?
Es el argumento m¨¢s repetido y sorprende que tenga tan amplia aceptaci¨®n. Las empresas privadas no pueden hacer lo que quieran, ni poner las normas internas que quieran. En EE UU, en la Uni¨®n Europea y en Espa?a las empresas privadas tienen que cumplir las leyes, las Constituciones y los derechos fundamentales. No pueden aprobar normas ni realizar actos que sean ilegales.
?Alguien imagina que una empresa privada pueda poner las normas que quiera, por ejemplo, en materia laboral, en contra del Estatuto de los Trabajadores? ?Alguien imagina que una tienda, porque es una empresa privada, pueda decidir vender tabaco o alcohol a menores de edad? ?O que un bar, ampar¨¢ndose en el derecho de admisi¨®n, pueda prohibir la entrada a gente de una raza concreta?
2. ?Lo que han hecho es perfectamente legal?
Superado el primer argumento, surge el segundo: lo que hacen es legal, dicen. Pero quienes dicen esto no suelen conocer el r¨¦gimen legal de responsabilidad de las redes sociales respecto a los contenidos de sus usuarios, ni en EE UU, ni en Europa, ni en Espa?a. Pero es verdad que han o¨ªdo campanas de que los gobiernos llevan desde hace a?os impuls¨¢ndolas a borrar algunos contenidos.
Lo que no tienen claro es que tanto la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996, en EE UU, como la Directiva de comercio electr¨®nico del a?o 2000, en la Uni¨®n Europea, y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n de 2002, en Espa?a, s¨®lo les permite ¡ªy obliga a¡ª borrar contenidos claramente ilegales. (Aunque en EE UU tienen m¨¢s manga ancha con otros contenidos objetables).
3. ?Las redes sociales son como los peri¨®dicos?
Otro argumento muy usado, vinculado con el anterior, es que las redes sociales pueden decidir lo que publican ¡ªo no¡ª como los peri¨®dicos o cualquier otro medio de comunicaci¨®n (radios, televisiones, etc¨¦tera). Pero, justamente, ah¨ª est¨¢ la clave: las redes sociales no son medios de comunicaci¨®n, ni tienen una l¨ªnea editorial, sino que son unas plataformas digitales de comunicaciones entre sus usuarios.
Por eso, precisamente, se parte del principio de que no son responsables de los contenidos publicados por sus usuarios, salvo si tienen conocimiento efectivo de que son ilegales, en cuyo caso deben retirarlos diligentemente. Por eso, cuando realizan una labor de verificaci¨®n o moderaci¨®n de contenidos, que va m¨¢s all¨¢, se pide para ellos la misma responsabilidad que a los medios de comunicaci¨®n.
4. ?Pueden hacerlo porque aceptamos sus T¨¦rminos de Uso?
Otro argumento es que pueden borrar los contenidos y suprimir las cuentas que quieran porque lo dicen sus T¨¦rminos de Uso y Normas de Comunidad, que son como un contrato entre particulares y nosotros las aceptamos al darnos de alta. Pero ese contrato no es un contrato entre iguales, sino un contrato de adhesi¨®n (como los bancarios), y puede contener cl¨¢usulas abusivas, m¨¢s all¨¢ de las leyes.
Al margen de que alg¨²n d¨ªa se revisen por las autoridades, se impugnen ante los tribunales y se anulen algunas de ellas (como ya ha ocurrido con las bancarias), esas normas internas no est¨¢n por encima de las leyes, las Constituciones y los derechos fundamentales, y quienes, en ¨²ltima instancia, deciden que es legal o ilegal no son las redes sociales y sus normas internas, sino las leyes y los jueces.
5. Conclusi¨®n
En un Estado de derecho, el ¨²nico criterio admisible para que las redes sociales supriman contenidos es que sean claramente ilegales. Porque, en caso de duda, hay que aplicar siempre la interpretaci¨®n que sea menos restrictiva para los derechos fundamentales y estar a favor de la libertad de expresi¨®n. Lo dem¨¢s es censura.
Borja Adsuara Varela es experto en Derecho y Estrategia Digital.
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