Reforma inclusiva y transparente

En su ¨²ltima conferencia de prensa de 2020, el presidente Pedro S¨¢nchez asegur¨® que el Gobierno, de la mano de Felipe VI, est¨¢ trabajando en una ¡°hoja de ruta¡± para la modernizaci¨®n de la Corona, una ¡°Monarqu¨ªa constitucional del siglo XXI¡±, caracterizada por la transparencia y la ejemplaridad. No mucho m¨¢s se ha sabido desde entonces acerca de esa iniciativa, m¨¢s all¨¢ de que el Gobierno no se plantea aprobar una ley de la Corona para evitar que la tramitaci¨®n parlamentaria se convierta en un debate sobre monarqu¨ªa o rep¨²blica. Esta cautela tiene argumentos de peso. Un debate de ese tipo sacudir¨ªa el amplio consenso constitucional que ha proporcionado estabilidad y progreso a Espa?a sin que haya viso ninguno de que pueda ser sustituido por otro igual de amplio. El resultado ser¨ªa polarizar a¨²n m¨¢s una sociedad que, en cambio, necesita urgentemente grandes acuerdos para superar los extraordinarios retos que afronta. Por supuesto, resulta leg¨ªtimo mantener la reivindicaci¨®n republicana. Pero en estas condiciones es irresponsable, sobre todo desde ¨¢mbitos de Gobierno, utilizarla por mero inter¨¦s partidista ¡ªpromoviendo comisiones de investigaci¨®n o alentando la pol¨¦mica p¨²blica¡ª para desgastar una instituci¨®n que no necesita ni tiene recambio viable en el horizonte previsible.

Asentadas estas premisas, ni el inmovilismo ni las dilaciones excesivas son una alternativa sabia para las reformas que se plantean. Ignorar el grave da?o que las informaciones sobre el patrimonio en el extranjero del rey em¨¦rito causan a la Monarqu¨ªa es prestarle un flaco servicio. Juan Carlos I tiene derecho a la presunci¨®n de inocencia. Y ni siquiera ha sido encausado. Pero los hechos acreditados ¡ªentre otros, un fraude fiscal reconocido¡ª est¨¢n muy lejos del comportamiento ejemplar que cabe esperar de un jefe de Estado. La responsabilidad de lo sucedido es individual. Cuestiona, eso s¨ª, un sistema que ha permitido que se produjeran hechos tan graves al amparo de la inviolabilidad que otorga la Constituci¨®n al monarca. Esta es una de las debilidades que conviene atajar en aras de la estabilidad de las instituciones.

Los objetivos, pues, son varios, as¨ª como su grado de dificultad: acotar la inviolabilidad a aquellas conductas relacionadas con su actividad como jefe de Estado ¡ªconvendr¨ªa hacerlo tambi¨¦n teniendo en cuenta c¨®mo se regula este hecho en el resto de Europa, tanto monarqu¨ªas como rep¨²blicas¡ª; reforzar la transparencia sobre las actividades y el patrimonio de los miembros de la familia real; regular el control y la rendici¨®n de cuentas del presupuesto que las Cortes ponen a disposici¨®n de la Casa del Rey; acabar con la discriminaci¨®n de la mujer en la sucesi¨®n de la Corona.

La misi¨®n es compleja. Muchos juristas consideran que el acotamiento de la inviolabilidad requiere el procedimiento agravado de reforma de la Constituci¨®n, que implica entre otras cosas la disoluci¨®n de las C¨¢maras y un refer¨¦ndum. Si esta fuera la ¨²nica v¨ªa, no es aconsejable impulsarla en el momento pol¨ªtico actual. Pero otros juristas s¨ª creen que es posible actuar por v¨ªa legislativa. Todas las posibilidades deber¨ªan explorarse para ello. El Gobierno dispone del Consejo de Estado, el ¨®rgano m¨¢s solvente para asesorarle en esta materia.

Por otra parte, el proceso no puede ignorar a las fuerzas con representaci¨®n parlamentaria, m¨¢s all¨¢ del natural di¨¢logo entre La Moncloa y La Zarzuela. Cualquier cambio que afecte a la Corona debe contar con el m¨¢ximo consenso y, desde luego, con el imprescindible apoyo del PP, el primer partido de la oposici¨®n. Todo ello deber¨ªa hacerse, adem¨¢s, con transparencia. Aunque Espa?a afronte unas urgencias sanitarias y econ¨®micas que son de prioridad absoluta, estas reformas no deber¨ªan posponerse en demas¨ªa. La confianza en las instituciones es la clave de b¨®veda de todo.