Que la voluntad de las tecnol¨®gicas no sustituya a la ley

El problema de las noticias falsas ya es tan grave que las empresas tecnol¨®gicas estadounidenses, principales difusoras de desinformaci¨®n, no han tenido m¨¢s remedio que implicarse. Esta semana Twitter ha hecho p¨²blica una nueva herramienta en Estados Unidos para que los usuarios se?alen los contenidos que les parezcan enga?osos o directamente fraudulentos. A la plataforma esto le permite que los ciudadanos le hagan parte del trabajo. Y por ah¨ª parece que ir¨¢n los tiros: Facebook, Google y Twitter van a seguir puliendo sus algoritmos, ali¨¢ndose con verificadores y colaborando con medios para mejorar sus productos. Pero no pondr¨¢n freno al problema de fondo. Cerrar¨¢n las cuentas que consideren oportunas, como han hecho con la de Donald Trump, sin explicar por qu¨¦ ahora s¨ª y hace cuatro a?os no, o por qu¨¦ mantienen abiertos los perfiles de dirigentes como Nicol¨¢s Maduro o Bachar Al Assad. No quieren ser ¨¢rbitros ni asumir la responsabilidad de un editor, pero expulsan y bloquean sin garant¨ªas, mencionando unas condiciones de uso gen¨¦ricas. ?Es este tipo de discrecionalidad lo que queremos? Es hora de que lo aceptable y lo inaceptable en Internet est¨¦ amparado por un marco legal y limitado por los tribunales, no por actores privados.

Los avances de la tecnolog¨ªa pueden complicar la situaci¨®n. En los pr¨®ximos 15 a?os, quiz¨¢s antes, habr¨¢ asistentes digitales que filtren el contenido falso. Como los Alexa o Siri que hoy se activan con nuestra voz y reproducen la canci¨®n que les pedimos, pronto tendremos dispositivos que usen inteligencia artificial para leernos las noticias. Ordenar¨¢n los trillones de datos que nos rodean y distinguir¨¢n entre las informaciones fraudulentas y las verdaderas, pero lo har¨¢n en base a los filtros que sus fabricantes consideren fiables. ?Qu¨¦ pasar¨¢ cuando haya un margen de interpretaci¨®n? ?Se aplicar¨¢n los criterios sesgados de las mismas empresas, que est¨¢n enfocados a preservar su rentabilidad?

Las tecnol¨®gicas son mucho m¨¢s que compa?¨ªas privadas de informaci¨®n: son infraestructuras esenciales. Basan su negocio en una extracci¨®n y acumulaci¨®n masiva de nuestros datos, que venden a terceros. Su responsabilidad social, legal y tributaria debe estar a la altura. Y no pueden ser quienes fijen las reglas. Se necesita una normativa que nazca de los Estados, lo suficientemente amplia para no poner freno a la innovaci¨®n y lo suficientemente precisa para controlar los excesos. M¨¢s all¨¢ de las iniciativas que hay, como la Ley de Servicios Digitales, la UE y EE UU deben sentarse a definir un c¨®digo civil digital que garantice derechos virtuales al menos tan v¨¢lidos como los del mundo f¨ªsico. A eso deber¨ªamos estar mirando, y no a las herramientas que van sacando las plataformas para optimizar sus productos o a las decisiones que toman cuando lo estiman oportuno. @anafuentesf