Las redes sociales no se pueden regular solas

Los hechos son conocidos: despu¨¦s del asalto al edificio del Congreso en Washington, durante el que murieron cinco personas, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube suspendieron las cuentas de Trump por el peligro que representaban sus mensajes violentos, incendiarios, falsos o enga?osos. Twitter ha suspendido las cuentas vinculadas a QAnon, el movimiento de extrema derecha pr¨®ximo a Trump. Google y Apple han prohibido la aplicaci¨®n ¡ªy Amazon ha dejado de alojar la web¡ª de Parler, la plataforma de extrema derecha frecuentada por sus partidarios. Pinterest, Reddit, Shopify, TikTok y Twitch han tomado medidas similares. Se ha decretado que Trump es ¡°digitalmente t¨®xico¡± y se le ha ¡°desplataformizado¡± (deplatforming). Y ha funcionado: la desinformaci¨®n sobre el supuesto fraude electoral ha ca¨ªdo en un 73%. Pero la pregunta m¨¢s repetida y acuciante es esta: ?Han hecho bien estas empresas? Por desgracia, es una pregunta equivocada, porque reduce a una sola respuesta un problema que es doble: si hablamos de legalidad y protecci¨®n del inter¨¦s p¨²blico, la respuesta es s¨ª; pero si hablamos de legitimidad y soberan¨ªa digital, la respuesta es no. Lo bueno es que son posturas conciliables. Veamos c¨®mo y por qu¨¦.

Los partidarios de la suspensi¨®n alegan que son empresas privadas que ofrecen unos servicios con arreglo a unas condiciones de uso establecidas por ellos y, por tanto, est¨¢n en su derecho de suspender a cualquier usuario que no los respete. Subrayan que las plataformas han permitido que Trump escribiera esas cosas durante tanto tiempo solo porque es uno de esos casos excepcionales en los que, por motivos de inter¨¦s p¨²blico, se toleran mensajes que en cualquier otro caso significar¨ªan el cierre de la cuenta. Pero adem¨¢s sostienen que mensajes como los de Trump, que niegan la realidad (por ejemplo, el negacionismo ante la pandemia), difunden desinformaciones peligrosas, incitan a la violencia y son nocivos para el inter¨¦s p¨²blico, a largo plazo, hay que moderarlos y bloquearlos.

Los que est¨¢n en contra de la suspensi¨®n dicen que no se trata solo de la coherencia con las condiciones de uso ¡ªporque entonces deber¨ªan haber bloqueado hace tiempo a Trump y habr¨ªa que intervenir en muchos otros pa¨ªses (Sri Lanka, Myanmar, India, Etiop¨ªa)¡ª, sino de intereses econ¨®micos, arbitrariedad y peligro de censura, un t¨¦rmino cuyo uso ya est¨¢ calificando la desplataformizaci¨®n de inaceptable. La suspensi¨®n se ha llevado a cabo cuando Trump ya hab¨ªa perdido y se estaba yendo, para dar una salida a los enfrentamientos pasados y para granjearse el favor del nuevo Gobierno de Biden. Demasiado tarde y demasiado poco para la sociedad, demasiado conveniente para las empresas, demasiado arriesgado para la democracia. El verdadero problema no es Trump, que ya ha abandonado el primer plano, sino que las decisiones de callar a una fuente se dejen a merced de la voluntad de las empresas. Las empresas no son neutrales, sino que promueven una ideolog¨ªa de dejar hacer y anticonservadora, que da m¨¢s importancia a la libertad de expresi¨®n que a todos los dem¨¢s derechos, desde la intimidad hasta la seguridad, porque es lo que corresponde a su estrategia de negocio. En el caso de Trump, es posible que la ideolog¨ªa californiana nos agrade, pero en otros casos podr¨ªa erosionar el pluralismo y silenciar las voces disidentes. Por eso, los que quieren defender la libertad de expresi¨®n acaban, parad¨®jicamente, en compa?¨ªa de fuerzas de derecha y autocr¨¢ticas, completamente opuestas a la decisi¨®n de bloquear las cuentas de Trump. La soberan¨ªa digital en manos de las empresas asusta tanto a quienes la temen porque socava la democracia como a quienes est¨¢n en contra porque la consideran una amenaza contra su propio poder autoritario. La Secci¨®n 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones estadounidense, que establece la inmunidad editorial de las plataformas digitales, cuenta con el apoyo tanto de los que quieren proteger la libertad de expresi¨®n contra la censura como de los que quieren asegurar que no se eliminen los contenidos violentos y extremistas; y es objeto de las cr¨ªticas, por un lado de quienes, como Trump, desear¨ªan que las plataformas no pudieran eliminar nunca ning¨²n contenido, y por otro, de quienes como Biden quieren que las plataformas asuman la responsabilidad de eliminar esos contenidos inaceptables.

?Cu¨¢l es la soluci¨®n? Desde el punto de vista de la legalidad y el inter¨¦s p¨²blico, las empresas han actuado como es debido al bloquear a Trump y Parler. Seguramente deber¨ªan haberlo hecho antes ¡ªpor ejemplo en mayo, tras la muerte de George Floyd y los tuits irresponsables del presidente¡ª, deber¨ªan hacerlo en muchos otros casos y, desde luego, no han demostrado ninguna valent¨ªa al actuar tan tarde. Ahora bien, y esto es crucial, al bloquear a Trump y Parler, estas empresas privadas han demostrado que desempe?an un papel fundamental al servicio del inter¨¦s p¨²blico, al decidir qu¨¦ puede o no suceder en la infoesfera y, por consiguiente, en la vida de miles de millones de personas. La infoesfera no es un mero canal de comunicaci¨®n, sino un espacio de relaci¨®n compartido y com¨²n, un commons, por emplear una palabra inglesa de dif¨ªcil traducci¨®n. Es el espacio en el que la humanidad pasa cada vez m¨¢s tiempo y en el que se desarrollan directa o indirectamente cada vez m¨¢s actividades, de la educaci¨®n al trabajo, de la socializaci¨®n al entretenimiento, del comercio a las finanzas, del ejercicio de la justicia al debate pol¨ªtico, de la investigaci¨®n al periodismo. Es el espacio que influye en todos los dem¨¢s espacios, incluso en el f¨ªsico, si pensamos en la defensa y la seguridad. Por eso no pertenece a nadie (como la luna), sino a todos. El que se preocupa por el hecho de que las empresas hayan silenciado a Trump y Parler tiene raz¨®n, porque la soberan¨ªa de este espacio no puede depender de empresas privadas, de estrategias de negocio, de autorregulaciones y fuerzas del mercado. Ha llegado el momento de tomarnos en serio la dimensi¨®n com¨²n de la infoesfera y regular su uso con procedimientos p¨²blicos, transparentes, democr¨¢ticos, iguales para todos y justificados legalmente por todos los derechos humanos, para evitar arbitrariedades, abusos y discriminaciones. Recordemos que las empresas que han suspendido a Trump tambi¨¦n forman parte del problema, porque son las que, para empezar, dieron el meg¨¢fono al demagogo, aunque luego se lo hayan quitado.

Las empresas han hecho bien desde la perspectiva de la autorregulaci¨®n de los servicios ofrecidos y el inter¨¦s p¨²blico, pero no est¨¢ tan bien que dispongan de ese poder, por motivos de responsabilidad (accountability, otra palabra inglesa crucial) y soberan¨ªa digital mal depositada. Esta vez hemos tenido suerte y las empresas en cuesti¨®n han tomado la decisi¨®n acertada, aunque haya sido tarde, pero cruzar los dedos no sirve como una estrategia pol¨ªtica. Ma?ana podr¨ªan tomar una mala decisi¨®n, o no tomar ninguna cuando sea necesario a pesar de los perjuicios econ¨®micos. Hay que establecer unas reglas apropiadas para garantizar que estas empresas act¨²en en favor del inter¨¦s com¨²n de la sociedad, no por mera buena voluntad y por conveniencia, sino por responsabilidad normativa y democr¨¢tica. Quiz¨¢ parezca poco realista, pero no hay m¨¢s que leer la Ley de Servicios Digitales para comprender que la Uni¨®n Europea est¨¢ llegando a las mismas conclusiones y construyendo el marco normativo que har¨¢ que una medida como la que se ha tomado contra Trump no solo sea necesaria y legal sino tambi¨¦n leg¨ªtima, porque no ser¨¢ arbitraria, sino dictada por el marco normativo adecuado (ver el art¨ªculo 20). El valor de la infoesfera no reside en su infraestructura f¨ªsica o inform¨¢tica, que suele ser de propiedad privada, sino en los contenidos provistos y compartidos con la comunidad de usuarios a la que pertenecen. Es esa comunidad, por tanto, la que debe defender todos los derechos humanos y salvaguardar la bondad de la infosfera como common contents, mediante unas reglas democr¨¢ticas que impidan o limiten, de forma equitativa, gradual y sujeta a rectificaciones, informaciones ilegales, violentas, intolerantes o inequ¨ªvocamente infundadas y, en caso necesario, bloquee sus fuentes, que la envenenan. El hecho de que a menudo exista incertidumbre al hablar de la calidad de la informaci¨®n no impide que con la misma frecuencia no haya duda alguna, y de ah¨ª la necesidad de intervenir, como en el caso de los tuits innegablemente falsos e intolerantes de Trump. Y si esa soluci¨®n parece preocupante porque se piensa que la pol¨ªtica no debe controlar jam¨¢s la libertad de expresi¨®n, hay que recordar dos cosas: que la libertad de expresi¨®n tambi¨¦n tiene sus propios l¨ªmites, en la armonizaci¨®n con otros derechos fundamentales como el derecho a la seguridad contra la desinformaci¨®n y la incitaci¨®n a la violencia; y que la pol¨ªtica no es igual en todas partes. La democracia ¡ªen la que los que controlan a los controladores son los propios controlados¡ª es el ¨²nico sistema en el que los l¨ªmites a la libertad de expresi¨®n no son censura, sino tolerancia hacia una comunicaci¨®n civilizada, que no haga da?o a nadie y sea beneficiosa para todos, como en la Uni¨®n Europea.

Luciano Floridi es profesor de Filosof¨ªa y ?tica de la Informaci¨®n y director del Digital Ethics Lab en la Universidad de Oxford.

Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia