Lo p¨²blico y lo privado llamados a entenderse
Es necesaria una gobernanza s¨®lida para que funcione la alianza estrat¨¦gica entre ambos sectores
Los grandes desaf¨ªos de nuestra era pasan por atraer y poner a trabajar conjuntamente todos los recursos de la sociedad. La pandemia ha fortalecido la percepci¨®n de importancia del Estado, pero ¨¦ste s¨®lo consigue un liderazgo efectivo si es capaz de aunar y articular todos los recursos, tanto p¨²blicos como privados, que sean necesarios para dar soluciones efectivas. La disponibilidad de la vacuna es un buen ejemplo de ello, al hacerse realidad gracias a la combinaci¨®n de las capacidades de investigaci¨®n y producci¨®n de las grandes empresas privadas con los compromisos de compra y distribuci¨®n masiva de las autoridades p¨²blicas. Del mismo modo, la atracci¨®n y gesti¨®n de los fondos europeos es otro caso en el que solo la b¨²squeda de las m¨¢ximas sinergias entre recursos y capacidades de los sectores p¨²blico y privado, puede ofrecer respuestas a la altura de los desaf¨ªos que enfrentamos.
En esta l¨ªnea, hay que dar la bienvenida al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernizaci¨®n de la Administraci¨®n P¨²blica y para la ejecuci¨®n del Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia, en el que se recogen una serie de medidas en materia de colaboraci¨®n p¨²blico-privada. En concreto, se crea la figura de los Proyectos Estrat¨¦gicos para la Recuperaci¨®n y Transformaci¨®n Econ¨®mica (PERTE), con el fin de implementar los objetivos del Plan de Recuperaci¨®n y estimular el crecimiento econ¨®mico, el empleo y la competitividad de nuestro pa¨ªs. Se espera que la atracci¨®n y gesti¨®n de los fondos europeos para la recuperaci¨®n econ¨®mica est¨¦ liderada por el sector p¨²blico, pero incorporando activamente al sector privado a trav¨¦s de instrumentos de efectividad probada. Para ello, el decreto ley recoge las herramientas que han de servir para la articulaci¨®n efectiva de la colaboraci¨®n p¨²blico-privada como las sociedades de econom¨ªa mixta.
Esta concentraci¨®n de esfuerzos permite introducir innovaciones productivas en los bienes y servicios p¨²blicos, captar inversi¨®n y mejorar la transparencia en la asignaci¨®n de los recursos. Esto puede suponer ganar agilidad en la ejecuci¨®n de los mismos sin perder los requisitos de control y rendici¨®n de cuentas a los que se deben los bienes p¨²blicos. Tambi¨¦n permite dar una orientaci¨®n a largo plazo a las inversiones de las pol¨ªticas p¨²blicas, lo que proporciona estabilidad al proceso de inversi¨®n, m¨¢s all¨¢ del ciclo pol¨ªtico. Estas iniciativas pueden tambi¨¦n potenciar la representatividad de las decisiones al implicar a actores privados como parte de la soluci¨®n de un problema, as¨ª como mejorar la calidad de las decisiones, al agregar mayor informaci¨®n y conocimiento. Tambi¨¦n puede corregir y orientar determinadas propuestas de valor de los agentes econ¨®micos en beneficio del inter¨¦s general.
Pese a sus ventajas, las colaboraciones p¨²blico-privadas han sido criticadas porque conllevan dificultades de gesti¨®n y de entendimiento entre los actores. En nuestro pa¨ªs, los casos de ¨¦xito conviven con proyectos fallidos de los que hay que sacar lecciones. La evidencia nos demuestra que, para que estas f¨®rmulas tengan ¨¦xito, es preciso disponer de un s¨®lido modelo de gobernanza para administrar estos proyectos y garantizar sus fines de inter¨¦s p¨²blico. La alianza estrat¨¦gica entre sectores necesita un contexto institucional imparcial, que responda al inter¨¦s general y genere confianza y cooperaci¨®n. Estos elementos son esenciales para lograr el rendimiento esperado de las colaboraciones intersectoriales y obtener su aprobaci¨®n p¨²blica.
Avanzar en esta direcci¨®n requiere superar muchos de los prejuicios ideol¨®gicos que durante los ¨²ltimos a?os han dificultado en Espa?a la institucionalizaci¨®n de las f¨®rmulas de colaboraci¨®n p¨²blico-privada. ?stas no deben ser vistas, ni como una abdicaci¨®n por parte de las autoridades de las responsabilidades que les competen, ni como una huida ante el fracaso de la gesti¨®n estatal de los servicios p¨²blicos. Las colaboraciones p¨²blico-privadas son un instrumento m¨¢s al servicio del inter¨¦s p¨²blico, que se hace id¨®neo en circunstancias espec¨ªficas y cuando se adoptan los mecanismos adecuados de gobernanza.
En segundo lugar, la cooperaci¨®n efectiva requiere una gesti¨®n muy profesional en ambos roles, que se lleva mal con el contexto institucional tan politizado de nuestro pa¨ªs. Si los trabajos de regulaci¨®n y supervisi¨®n del Estado y de inversi¨®n y prestaci¨®n privados no se ejercen desde criterios predecibles con una s¨®lida base t¨¦cnico-profesional, abrimos las puertas a la confusi¨®n de responsabilidades y a la p¨¦rdida de transparencia. El protagonismo de gestores politizados en ambos lados de la colaboraci¨®n no es la f¨®rmula id¨®nea para aunar esfuerzos. La experiencia nos indica que en estas condiciones la colaboraci¨®n p¨²blico-privada pierde sus ventajas.
El Plan de Recuperaci¨®n y los fondos europeos ofrecen una ventana de oportunidad para replantear el proceso de interacci¨®n entre los actores p¨²blicos y los privados, superando algunos de los problemas que se han planteado en el pasado. Esto requiere una gobernanza s¨®lida que contribuya, a la vez, a reducir los niveles de desconfianza hacia las instituciones p¨²blicas y a promover una percepci¨®n positiva de la participaci¨®n del sector privado en la creaci¨®n de valor social.
Koldo Echebarria es director general de Esade y M¨°nica Reig, directora del programa PARTNERS de EsadeGov.
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