El grave error de Podemos de no condenar los disturbios

Las manifestaciones de protesta son un elemento esencial de toda democracia. La Constituci¨®n espa?ola las ampara, y su ausencia o escasez son mal augurio para sociedades que quieren ser libres y en progreso. Resultar¨ªa casi superfluo, por obvio, a?adir que la violencia y el vandalismo son, en cambio, completamente inaceptables; pero se torna necesario cuando un partido en el poder, Unidas Podemos, se muestra reticente a condenar los desmanes que han tenido lugar en distintas ciudades espa?olas esta semana en relaci¨®n con el encarcelamiento del rapero Pablo Has¨¦l.

Abordar esta cuesti¨®n exige separar varios ¨¢mbitos de reflexi¨®n: la figura del encarcelado; el contexto legislativo y jurisprudencial; la respuesta pol¨ªtica. En lo primero, nos hallamos ante un cantante que ha sido condenado a c¨¢rcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en sus canciones y tuits; por obstrucci¨®n a la justicia, maltrato de obra y amenazas a un testigo en 2017 al que intent¨® agredir y grit¨®: ¡°Te matar¨¦, hijo de puta, ya te coger¨¦¡±, en un fallo confirmado ayer por la Audiencia de Lleida; por agredir a un periodista; y a una multa por agredir a otra persona. En sus canciones y tuits el rapero ha incluido frases como estas: ¡°?Merece que explote el coche de Patxi L¨®pez!¡±, ¡°que alguien clave un piolet en la cabeza de Jos¨¦ Bono¡±, ¡°prefiero grapos que guapos¡± o ¡°no me da pena tu tiro en la nuca, pepero¡±. Puede debatirse si estos hechos merecen c¨¢rcel o no, pero poca duda cabe de que se trata de una ret¨®rica despreciable e indeseable en un entorno civilizado. Se trata pues de una figura en las ant¨ªpodas de lo que puede considerarse un h¨¦roe de la causa de la libertad de expresi¨®n.

La segunda cuesti¨®n versa alrededor del andamiaje legal en esta materia. En ¨¦l, se nota un desajuste con la praxis persecutoria, menos intensa, del marco europeo. Resulta preciso ponderar reformas que alivien restricciones y castigos que parecen excesivos en esta materia. El Gobierno ha anunciado una reforma del C¨®digo Penal en ese sentido, con una intenci¨®n acertada aunque de momento dif¨ªcil de juzgar a falta de detalles. El socio minoritario, UP, pretende directamente una derogaci¨®n de varios tipos penales, lo cual parece excesivo. El abanico de los delitos es amplio, desde el enaltecimiento del terrorismo y la humillaci¨®n de las v¨ªctimas hasta las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a la Corona y los s¨ªmbolos del Estado. Cada uno merece un an¨¢lisis propio, pero es razonable defender como concepto general que se reduzca el margen de aplicaci¨®n de la pena de c¨¢rcel vincul¨¢ndolo a una exigente ponderaci¨®n del impacto y riesgos reales de las ofensas. Ese debate y esa reforma, a la vista est¨¢, son urgentes: no debe subestimarse ni la gravedad del asunto ni el malestar que todo esto provoca.

La tercera cuesti¨®n concierne a la reacci¨®n de la pol¨ªtica ante protestas que salen del ¨¢mbito de lo aceptable por vand¨¢licas y violentas. No puede haber titubeo en la condena. Esta actitud es especialmente reprobable en un partido de Gobierno como UP. Es perfectamente leg¨ªtimo plantear una derogaci¨®n de los tipos penales, y tambi¨¦n lo es insistir en que el problema principal es la legislaci¨®n; pero es totalmente irresponsable eludir la clara condena de los desmanes. Una nueva ocasi¨®n perdida por UP para mostrar se?ales de madurez pol¨ªtica.

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