Juan Carlos I: la democracia espa?ola necesita explicaciones

Solo dos d¨ªas despu¨¦s de que el Rey recordara el destacado papel que tuvo su padre en la derrota del golpe del 23-F, una actuaci¨®n por la que la democracia espa?ola le estar¨¢ siempre agradecida, este peri¨®dico revelaba que el abogado de Juan Carlos I hab¨ªa presentado una segunda regularizaci¨®n fiscal en nombre de su cliente. Si en diciembre pasado abon¨® 678.393 euros, correspondientes a la cuota defraudada, m¨¢s intereses y recargos, por las tarjetas opacas que se nutr¨ªan con los fondos de un empresario mexicano, esta vez han sido 4.395.901 euros por los m¨¢s de ocho millones en vuelos en jets privados pagados por una fundaci¨®n propiedad de su primo lejano ?lvaro de Orleans.

Se trata de una p¨¦sima noticia, no porque el rey em¨¦rito regularice sus cuentas con Hacienda, lo que debi¨® haber hecho hace mucho tiempo, sino porque supone reconocer, una vez m¨¢s, que quien durante casi 40 a?os ejerci¨® la Jefatura del Estado incumpli¨® de manera flagrante y reiterada las leyes que ¨¦l mismo sancionaba. En palabras del presidente S¨¢nchez, la mayor¨ªa de los espa?oles siente ¡°rechazo ante estas conductas inc¨ªvicas¡±.

La conducta del rey em¨¦rito ha sido m¨¢s que inc¨ªvica. Constituye un oprobio que recae directamente sobre su protagonista, que no supo estar a la altura que la dignidad de su cargo exig¨ªa, pero empa?a tambi¨¦n a todo un sistema pol¨ªtico en cuya Constituci¨®n solo figura un nombre propio: el de Juan Carlos I de Borb¨®n. No basta con que el anterior jefe del Estado regularice su situaci¨®n con Hacienda, aunque deba hacerlo, de una vez por todas y no por partes, pues la ley exige que la confesi¨®n de culpa ante la Administraci¨®n tributaria sea, para surtir efecto, ¡°veraz y completa¡±. Como personaje p¨²blico que ha sido, el primero de todos durante casi cuatro d¨¦cadas, tambi¨¦n debe una explicaci¨®n a los espa?oles, al menos tan exhaustiva y ver¨ªdica como la que exige Hacienda.

A todas las instituciones que tienen un papel en este triste esc¨¢ndalo ¡ªAgencia Tributaria, Fiscal¨ªa, Casa del Rey, Gobierno en su conjunto¡ª les corresponde extremar los esfuerzos de diligencia y transparencia para despejar cualquier sospecha de que el rey em¨¦rito goza de un trato de favor. Es evidente que estas sospechas existen en la ciudadan¨ªa. Desentenderse de ellas ser¨ªa un grave error.

Sobre todo, debe refutarse con argumentos claros la idea de que se ha demorado la puesta en marcha de un expediente tributario que hubiera impedido la presentaci¨®n de una declaraci¨®n voluntaria que neutraliza cualquier posible acusaci¨®n de delito fiscal. Desde que abdic¨® en 2014, perdiendo la inmunidad ligada a la Jefatura del Estado, Juan Carlos I es un ciudadano igual a todos los dem¨¢s ante la ley, con la ¨²nica singularidad, no privilegio, de estar aforado ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno y la Casa del Rey, finalmente, no pueden aplazar m¨¢s las reformas prometidas. El pasado 29 de diciembre, el presidente S¨¢nchez anunci¨® que el Ejecutivo, de la mano de Felipe VI, estaba trabajando en ¡°una monarqu¨ªa constitucional adaptada a la Espa?a del siglo XXI¡±, basada en la ¡°renovaci¨®n¡± y ¡°rendici¨®n de cuentas¡±. En tono enigm¨¢tico, a?adi¨®: ¡°Ya ir¨¢n conociendo c¨®mo se materializa la hoja de ruta hacia la transparencia y la ejemplaridad¡±. No se sabe si fue solo una forma de resolver la rueda de prensa de final de a?o o realmente existe esa hoja de ruta, pues desde entonces no ha vuelto a saberse m¨¢s de ella. Es hora ya de que se conozca su contenido y, sobre todo, de empezar a transitarla.

El inmovilismo no es una opci¨®n. Por un lado, conviene explorar v¨ªas de reforma: estudiarlo y debatirlo de forma inclusiva ya es una se?al positiva. Por el otro, el Estado de derecho debe actuar hasta aclarar todas las circunstancias, sean cuales sean las consecuencias. No puede haber titubeos. Es la imprescindible cl¨¢usula moral y jur¨ªdica de las democracias: todos iguales ante la ley. El sistema democr¨¢tico espa?ol, que fall¨® en prevenir conductas reprobables, debe demostrar ahora su vigor en el control posterior. Es la manera m¨¢s adecuada de demostrar la solidez del orden constitucional que ha garantizado a Espa?a d¨¦cadas de progreso. Y es lo que la ciudadan¨ªa espa?ola merece.

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