Alquiler accesible

Los socios de la coalici¨®n de Gobierno libran desde hace semanas una intensa disputa alrededor de la futura ley de vivienda. Entre los distintos puntos de fricci¨®n el principal es, probablemente, la cuesti¨®n de los precios de los alquileres. Unidas Podemos propone mecanismos de regulaci¨®n de los mismos, mientras los socialistas se inclinan por incentivos fiscales para los propietarios que voluntariamente alquilen a precios asequibles. La iniciativa legislativa, sin antecedentes homologables en la etapa democr¨¢tica, es loable en sus fines. El derecho a disponer de una vivienda, que se menciona en la Constituci¨®n y en la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos, no est¨¢ bien garantizado en Espa?a por m¨²ltiples motivos. La situaci¨®n se ha agravado desde la Gran Recesi¨®n, con la pr¨¢ctica ausencia de pol¨ªticas p¨²blicas en la materia, como muestra el fuerte retroceso presupuestario que experimentaron estas partidas. Esto ha causado serios obst¨¢culos en el acceso a la vivienda. Espa?a debe hacer un recorrido para equipararse al entorno europeo.

Mecanismos de regulaci¨®n de los precios ¡ªcomo propone Podemos¡ª han sido implementados en distintas modalidades en otros pa¨ªses europeos. No se trata por tanto de una disparatada iniciativa radical como algunos cr¨ªticos sostienen. Pero ello no significa que sea la m¨¢s adecuada. Si no es un tab¨² considerar limitados mecanismos de contenci¨®n, en t¨¦rminos gen¨¦ricos parece m¨¢s eficaz actuar en sostener la oferta ¡ªcon incentivos fiscales y reforzando el marco de seguridad jur¨ªdica¡ª. El objetivo prioritario deber¨ªa ser que m¨¢s viviendas entren en el mercado de alquiler.

Si bien medidas de este tipo son necesarias para lograr resultados en el corto plazo, es err¨®neo centrar el foco en ellas. La cuesti¨®n esencial, a medio y largo plazo, es lograr que Espa?a equipare su nimio parque de vivienda social (de tan solo el 2,5%, seg¨²n las propias estimaciones del Ejecutivo) a los est¨¢ndares europeos. Lo que no resulta razonable es trasladar al sector privado un problema que debe abordar en primer lugar el sector p¨²blico. Las soluciones pasan necesariamente por una mejor pol¨ªtica p¨²blica en el lado de la oferta.

Es pues necesario actuar: pero no es oportuno precipitarse. La bajada de precios de alquiler a ra¨ªz de la pandemia aporta algo de margen para seguir negociando, afinar, buscar consensos. Son preferibles m¨ªnimos comunes denominadores duraderos que maximalismos que provoquen fuertes oposiciones, sujetos a ser impugnados en los tribunales, revertidos por otro Ejecutivo central o boicoteados por administraciones de distinto signo a nivel auton¨®mico, quienes deciden sobre la aplicaci¨®n ¨²ltima de muchas de esas medidas, lo que refuerza la necesidad del aludido consenso.

A la futura ley le corresponde regular ese marco. Debe equilibrarse el derecho a la vivienda con el de la propiedad, tambi¨¦n protegido por la Constituci¨®n. La aprobaci¨®n de una ley en Catalu?a el pasado septiembre que recog¨ªa l¨ªmites a los alquileres en esa comunidad y un recurso del PP contra esa norma que ya ha sido aceptado a tr¨¢mite por el Constitucional se?alan los riesgos. M¨¢s eficaces son los avances de consenso que sendas que pueden causar m¨¢s conflictos que soluciones. Los ciudadanos, con toda raz¨®n, esperan las segundas.