Podemos redobla su presi¨®n al PSOE sobre el alquiler al unirse a seis partidos para exigir la regulaci¨®n

Siete grupos parlamentarios (Unidas Podemos, ERC, Junts, Bildu, M¨¢s Pa¨ªs-Comprom¨ªs, Nueva Canarias y BNG) han firmado este jueves en el Congreso su adhesi¨®n a la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada. Esta es una propuesta que lanzaron la semana pasada una veintena de organizaciones sociales (desde entidades del movimiento provivienda hasta los sindicatos mayoritarios) para exigir que la futura ley de vivienda regule los precios del alquiler en Espa?a y obligue a los grandes propietarios a destinar parte de sus propiedades a arrendamientos sociales. Representantes de los siete partidos han escenificado su apoyo a la iniciativa a las puertas del Congreso.

Entre los grupos que se adhieren figura el socio minoritario del Gobierno de coalici¨®n, que mantiene una fuerte pugna con el PSOE desde hace semanas por la ley de vivienda. Unidas Podemos propone limitar los alquileres y los socialistas se inclinan por incentivar fiscalmente a los propietarios que voluntariamente alquilen a precios asequibles. Tambi¨¦n firman la iniciativa fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro S¨¢nchez (M¨¢s Pa¨ªs-Comprom¨ªs, Nueva Canarias, BNG), otras que se abstuvieron pero luego han dado soporte parlamentario a algunas iniciativas del Gobierno (ERC, Bildu) e incluso Junts, que vot¨® en contra de S¨¢nchez pero, como fuerza de gobierno en Catalu?a, apoy¨® la limitaci¨®n de los alquileres en esa comunidad, medida recurrida ante los tribunales. Unidas Podemos pide que la normativa estatal apuntale la posibilidad de las comunidades de legislar sobre la cuesti¨®n para que el Tribunal Constitucional no la tumbe por invasi¨®n de competencias.

El manifiesto al que se han adherido las siete fuerzas parlamentarias se centra en los requisitos que deber¨ªa cumplir la futura ley estatal de vivienda, cuyo proyecto el Gobierno se hab¨ªa comprometido a enviar ya al Congreso, lo que no ha sido posible por las disputas entre los dos socios sobre el borrador. En la mayor¨ªa de casos, las propuestas del manifiesto se alinean con las tesis que ha defendido Unidas Podemos en la discusi¨®n de la ley. Sobre la discusi¨®n principal que ha motivado el borrador de la norma, si limitar o no los precios de alquiler, las organizaciones sociales, y ahora las siete fuerzas parlamentarias que han firmado el manifiesto, piden una ¡°regulaci¨®n estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la poblaci¨®n en cada zona del territorio¡±. Aunque en sentido estricto no habla de poner l¨ªmites o topes de renta, sino de una m¨¢s gen¨¦rica ¡°regulaci¨®n¡±, esa es la voluntad que han expresado en numerosas ocasiones las organizaciones que dan a apoyo a la propuesta.

Esta tambi¨¦n pide detener los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada. El Gobierno legisl¨® en diciembre sobre esta materia, pero vinculando la regulaci¨®n al estado de alarma (es decir, hasta el pr¨®ximo 9 de mayo). Unidas Podemos ya ha expresado en alguna ocasi¨®n su deseo de prorrogar m¨¢s all¨¢ esa normativa y propuso en las negociaciones de la ley obligar a los grandes propietarios de vivienda destinar un 30% de sus inmuebles a alquileres sociales. El manifiesto tambi¨¦n recoge esa propuesta y habla de ¡°la obligaci¨®n de alquiler social estable para los grandes tenedores¡±.

El resto de puntos de la propuesta consiste en enunciados m¨¢s gen¨¦ricos, como el de ¡°garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo¡±. Habla tambi¨¦n de ampliar el parque p¨²blico de alquiler social hasta el 20% del conjunto de viviendas, un aspecto en el que hay amplio consenso, ya que Espa?a es de los pa¨ªses europeos con menos vivienda p¨²blica (se estima que la cifra ronda un 2,5% del total). El manifiesto pide igualmente una garant¨ªa de suministros b¨¢sicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), de promover ¡°una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias¡± o de ampliar la dotaci¨®n de las pol¨ªticas de vivienda hasta el 2% del presupuesto estatal.