El optimismo de la inteligencia

Los d¨ªas de pasi¨®n y dolores no han terminado con la Semana Santa, continuar¨¢n cuando se debata en las Cortes el proyecto de ley del Gobierno sobre la vivienda. El sector resabiado del Gobierno lo est¨¢ utilizando para profundizar en la deriva hacia un nuevo orden econ¨®mico en Espa?a. Las medidas que se preparan podr¨ªan guardar ciertas resonancias con el dirigismo econ¨®mico plasmado en las leyes corporativistas del fascismo y en las organiz...

Los d¨ªas de pasi¨®n y dolores no han terminado con la Semana Santa, continuar¨¢n cuando se debata en las Cortes el proyecto de ley del Gobierno sobre la vivienda. El sector resabiado del Gobierno lo est¨¢ utilizando para profundizar en la deriva hacia un nuevo orden econ¨®mico en Espa?a. Las medidas que se preparan podr¨ªan guardar ciertas resonancias con el dirigismo econ¨®mico plasmado en las leyes corporativistas del fascismo y en las organizaciones econ¨®micas del totalitarismo nazi y su caricatura franquista.

Cierto es que el capitalismo espa?ol se ha caracterizado por un marem¨¢gnum de regulaciones, ayudas de Estado, y garant¨ªas de reserva de mercado interior para lucro de las ¨¦lites privilegiadas que anidan en el poder. Cre¨ªamos, sin embargo, que la enfermedad del dirigismo econ¨®mico se hab¨ªa erradicado en Espa?a. Craso error. Un primer paso se dio en Baleares, donde la soluci¨®n al problema de la vivienda se fio a la expropiaci¨®n de 56 inmuebles. ?Alguien en su sano juicio espera que esto lo solucione? Pasos adicionales se dieron en la Ley 2/2017 de la Generalitat Valenciana, que ¡°considera que existe incumplimiento de la funci¨®n social de la propiedad de una vivienda [¡­] cuando [¡­] est¨¦ deshabitada de forma permanente e injustificada.¡±. Adem¨¢s, su Directora General de la Vivienda sostiene que la novedad de esta ley ha sido: ¡°establecer c¨®mo (sic) contenido propio de la funci¨®n social de la propiedad de las viviendas urbanas su destino a ser ocupadas.¡± (Revista Jur¨ªdica de la Comunidad Valenciana, n? 63, 2017, pp. 31-63). La cursiva es nuestra.

Todo esto revela la torpeza de nuestras administraciones en la formulaci¨®n de pol¨ªticas efectivas, y, en particular, su ineptitud para adoptar las medidas atinentes a la dotaci¨®n de viviendas asequibles a los colectivos m¨¢s vulnerables. Estas pol¨ªticas, que favorecen las expropiaciones, los topes al alquiler, y las ocupaciones ilegales, adem¨¢s de ser ineficaces y contrarias a la seguridad jur¨ªdica, degradan a Baleares y a la Comunidad Valenciana como destinos de inversi¨®n. Refiri¨¦ndose a Espa?a, Moody¡¯s advirti¨® en febrero que aquellas pol¨ªticas que protegen la ocupaci¨®n ilegal constituyen una amenaza para la vivienda al desincentivar la inversi¨®n privada y da?ar la calidad de los pr¨¦stamos. En t¨¦rminos similares se ha pronunciado el Banco de Espa?a.

Fomentar la expropiaci¨®n de viviendas en Baleares y la okupaci¨®n en la Comunidad Valenciana no son s¨®lo una muestra de dirigismo econ¨®mico, sino tambi¨¦n de represi¨®n financiera sobre el ahorro y la inversi¨®n del ciudadano, y, por lo tanto, sobre la libre circulaci¨®n de capitales. Las viviendas son bienes de capital que producen un rendimiento (alquiler) y representan una alternativa a la inversi¨®n en activos financieros. Su represi¨®n financiera empuja al inversor a preferir estos ¨²ltimos cuando, no lo olvidemos, la inversi¨®n en vivienda y la seguridad jur¨ªdica son claves en la recuperaci¨®n econ¨®mica. ?Qu¨¦ racionalidad econ¨®mica encierra esta represi¨®n financiera? La idea de fondo descansa en la entra?a totalitaria de las propuestas de Podemos. La acci¨®n pol¨ªtica de estos luditas de nuevo cu?o que componen el sector resentido del Gobierno, no tiene otro imperativo que su ambici¨®n por reprimir cualquier atisbo de libertad. Violentan a quienes alzan la voz en el uso de la libertad de prensa. Coartan las libertades econ¨®micas cuando proponen regularizar la ocupaci¨®n de viviendas. Siembran incertidumbre y confusi¨®n sobre nuestras decisiones de inversi¨®n, dict¨¢ndonos en qu¨¦ activos debemos invertir nuestros ahorros y en cu¨¢les no.

M¨¢s all¨¢ de esta racionalidad econ¨®mica enfermiza, las medidas auton¨®micas vigentes y las que eventualmente pudiera contener el proyecto de ley espa?ola de vivienda podr¨ªan colisionar con el derecho comunitario. Suponen restricciones en, al menos, tres de las libertades fundamentales de los Tratados: (i) libertad de movimiento de capitales: para residentes de la UE como inversores en bienes inmobiliarios radicados en Espa?a; (ii) libertad de establecimiento: para empresas UE que decidan establecerse en Espa?a e invertir en bienes inmuebles como negocio; y, (iii) libertad de prestaci¨®n de servicios: para empresas residentes en la UE que decidan prestar servicios inmobiliarios, tipo alquiler, directamente en Espa?a sin estar establecidas en nuestro pa¨ªs. Visto lo visto, habr¨¢ que estar ojo avizor a que el proyecto de ley no d¨¦ a las expropiaciones y a la intervenci¨®n del Estado en los alquileres un trato discriminatorio frente a agentes econ¨®micos de Estados miembros de la Uni¨®n. Asimismo, las medidas restrictivas que pudiera contemplar el proyecto de ley deber¨¢n superar el criterio de proporcionalidad: tener el menor impacto posible sobre las libertades antes mencionadas. A la vista de los casos balear y valenciano, existen dudas razonables.

No olvidemos tampoco lo dispuesto en el art¨ªculo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Uni¨®n Europea (TFUE). Introducido a instancias de Francia, reza as¨ª: ¡°Los Tratados no prejuzgan en modo alguno el r¨¦gimen de la propiedad en los Estados miembros¡±. El art¨ªculo permite todo tipo de propiedad p¨²blica, nacionalizaciones y dem¨¢s intervenciones del Estado en econom¨ªa, incluido el dirigismo econ¨®mico y la expropiaci¨®n, es decir, los cambios de titularidad por decisi¨®n de un Estado miembro, bajo ciertas condiciones y en casos justificados. Aunque este art¨ªculo nunca ha pasado por el filtro jur¨ªdico del Tribunal de Justicia de la UE, ser¨ªa insensato que el proyecto de ley crease problemas nuevos.

En conclusi¨®n, dado que la Uni¨®n y los Estados miembros funcionan en un entorno abierto a las inversiones, como as¨ª est¨¢ consagrado en el TFUE, habr¨¢ que velar para que el proyecto de ley no viole las libertades mencionadas. Si as¨ª fuere, tanto el Gobierno como lo que, llegado el caso, pudiesen dictaminar el Tribunal Supremo y el Constitucional sobre el asunto tendr¨ªa que atenerse a la normativa de la UE, pues, en esta materia, el derecho comunitario tiene primac¨ªa sobre el nacional.

Asimismo, cabe preguntarse c¨®mo se financiar¨ªan las expropiaciones. Las cuant¨ªas pueden llegar a ser abultadas. Menos costoso habr¨ªa sido aplicar, desde hace decenios, una pol¨ªtica inteligente de viviendas p¨²blicas accesibles, con cierta holgura, en r¨¦gimen de propiedad o alquiler, y que protegiese a clases medias-bajas y aut¨®nomos. Muchos de ellos han invertido sus ahorros en viviendas para disfrutar alquileres suficientes con los que completar sus magras pensiones.

La pol¨ªtica ha conformado un mercado de la vivienda donde los precios se resisten a caer ante una demanda d¨¦bil, pero suben con fuerza cuando repunta. Adem¨¢s, seguir con las medidas actuales envenenar¨¢ la colaboraci¨®n p¨²blico-privada. La actual situaci¨®n del mercado requiere otra pol¨ªtica inspirada en el optimismo de la inteligencia, mediante la obtenci¨®n de suelo p¨²blico para vivienda social, por medio de procesos urban¨ªsticos regulados por ley, cuyo mejor exponente lo encontramos en el Pa¨ªs Vasco; los fondos p¨²blicos para construir parques p¨²blicos de viviendas en colaboraci¨®n p¨²blico-privada; las medidas fiscales de apoyo al alquiler; y, una legislaci¨®n protectora de propietarios e inquilinos. A nivel nacional, estas orientaciones tendr¨ªan mayor eficacia y legitimidad democr¨¢tica que la legislaci¨®n auton¨®mica. Lo malo es que ello supondr¨ªa tener que hacer pol¨ªtica, es decir, trabajar para el bien com¨²n, una actividad hoy desprestigiada y en desuso, sobre todo entre nuestra clase pol¨ªtica. M¨¢s sencillo resulta cargar las consecuencias de su desidia a lomos del ciudadano y reprimir financieramente sus decisiones de inversi¨®n.

Cabe el peligro de que las medidas contenidas en las leyes de la vivienda de Baleares y Comunidad Valenciana ¨Cque en realidad deber¨ªan llamarse leyes de okupaci¨®n¨C abran el camino para que se extiendan a toda Espa?a. ?Desear¨ªamos que el proyecto de ley de vivienda recorriese ese camino? ?Por qu¨¦ resignarnos a sus nefastas consecuencias? Contrariando la frase de Romain Rolland, nosotros estamos decididos a oponer al optimismo de la voluntad de los nuevos luditas el optimismo de la inteligencia.

Manuel Sanchis es profesor universitario y Fernando Mut es arquitecto. Ambos son miembros de Espa?a C¨ªvica.