El glifosato vuelve a Colombia

Una avioneta atraviesa los cielos, a su paso suelta una especie de lluvia suave, como un sereno, pero venenoso sobre la naturaleza. La imagen va cambiando poco a poco a medida que la mirada fijada en las nubes empieza a bajar hacia la tierra sembrada de amapolas rojas que empiezan a disecarse hasta quedar blancas y llenas de estr¨ªas. Pedro Ruiz, el artista colombiano ha dejado plasmado en sus lienzos esa advertencia, que adem¨¢s es un s¨ªmbolo creado para conmemorar a las v¨ªctimas de las guerras mundiales: flor del opio y la hero¨ªna y la sangre o la flor roja que llevan en la solapa los ingleses. Para nosotros los colombianos, como una herida que no cierra y vamos cargando en el alma, tras cada muerto.

Pedro Ruiz ha querido anticiparse desde el arte a la llegada nuevamente de la aspersi¨®n con glifosato para acabar con los cultivos de coca en Colombia, la conocida popularmente como la mata que mata cuando se transforma en coca¨ªna e inunda los mercados del mundo y las narices de los adictos llenando de bolsillos a los narcotraficantes y corrompiendo uniformes verdes y azules en altamar.

Glifosato para una guerra perdida contra el tr¨¢fico de estupefacientes en momentos en que Estados Unidos retira sus tropas de Afganist¨¢n sin triunfo ninguno en otro conflicto fallido que solo deja v¨ªctimas. Glifosato cuando est¨¢n demandadas las naciones por sus efectos sobre la salud humana, aunque por ahora solo se enriquecen los abogados y no las v¨ªctimas debido a esa zona gris en la que nada es concluyente.

El Gobierno colombiano le apuesta al glifosato para acabar la guerra en nuestros territorios y el asesinato de l¨ªderes sociales comprometidos con la sustituci¨®n de esos cultivos -van 755 l¨ªderes asesinados en 3 a?os (2018-2020), 177 seg¨²n Front Line Defenders en 2020, 250 entre 2019 y 2020-, todos l¨ªderes que hac¨ªan parte de las ya m¨¢s de 100 mil familias comprometidas con la legalidad despu¨¦s del proceso de paz con las FARC, del cual naci¨® el programa para apoyar con proyectos productivos a las familias campesinas dedicadas a la siembra de coca. La diferencia en las cifras hace parte de una discusi¨®n cu¨¢ntica y mezquina en la que ocupa algunos d¨ªas el Gobierno actual. Uno solo es una tragedia.

El regreso del glifosato para la lucha contra los cultivos tiene por nombre el decreto 380, que reglamenta c¨®mo se har¨ªan las aspersiones y espera ahora la aprobaci¨®n final de una entidad que lleva el nombre de Consejo Nacional de Estupefacientes, donde el Gobierno tiene mayor¨ªas, as¨ª como en el Consejo de Estado, la Corte que adem¨¢s escogi¨® la presidencia como la ¨²nica competente para estudiar tutelas contra sus decisiones y decretos, como este, el del glifosato. Ahora resulta que, en Colombia, el Gobierno escoge a su juez.

Trato de comprender la l¨®gica de esta decisi¨®n desde la necesidad de usar todas las herramientas posibles en contra de los cultivos de coca, la de todas las formas de lucha, que comparto en algunos temas, pocos, siempre y cuando no vulneren los derechos y las consecuencias que traigan puedan tramitarse de manera transparente pero no es f¨¢cil. Y no lo es porque aceptarlo parte de reconocer que el Estado colombiano no quiere comprometerse y pagar la deuda hist¨®rica de atender las necesidades de los territorios, llevar la sustituci¨®n con eficiencia, construir la infraestructura necesaria en carreteras para sacar los productos de nuestros campesinos y ponerlos en el mercado, y dejar a merced de los guerreros el empleo de los ni?os para luego llamarlos m¨¢quinas de guerra.

Aceptar esa l¨®gica implica que mientras el mundo habla de mercados regulados de la droga nosotros vamos relegados bajo la premisa de que el consumo se acaba si acabamos con el suministro. Como si entre el campesino que siembra a sol y sombra y la coca que se comercializa en los mercados del mundo, no existiera toda una cadena de laboratorios y lavado que no est¨¢ siendo atacado. Y significa que mientras todos en plena pandemia vivimos en carne propia el resultado de no cuidar nuestras aguas y bosques, nada sirvi¨® porque el cuidado del medio ambiente no est¨¢ en las prioridades de Colombia.

Y sin embargo, me pregunto si estoy equivocada y el famoso decreto realmente es tan responsable y coherente que cumple con todas las exigencias que estableci¨® la Corte Constitucional en 2017, para permitir el regreso del veneno, que prohibi¨® en 2015, y entonces este Gobierno va a asperjar y adem¨¢s es capaz de garantizar la salud de las personas, en su piel, en las etapas de gestaci¨®n de cada campesina y en el medio ambiente, y adem¨¢s cumplir¨¢ con las consultas previas a las comunidades ind¨ªgenas, y respetar¨¢ los p¨¢ramos, y solo atacar¨¢ zonas de cultivo extensivo e incrementar¨¢ la erradicaci¨®n manual y duplicar¨¢ la sustituci¨®n.

Si el regreso del glifosato es la garant¨ªa para detener el narcotr¨¢fico y que no asesinen a un l¨ªder m¨¢s en Colombia, entonces me toca decirles que me sumo a todas las formas de lucha, pero me temo que est¨¢n equivocados: la amapola, base de la hero¨ªna, no tiene la fuerza de la coca, que requiere m¨²ltiples aplicaciones del herbicida. Sin un plan de desarrollo rural, un control eficiente de la deforestaci¨®n, acuerdos como los realizados hace muchos a?os con las comunidades ind¨ªgenas de San Andr¨¦s de Pisimbal¨¢ cuando el Gobierno y las comunidades decidieron luchar contra la flor maldita, no ser¨¢ posible.

Otra es la realidad hoy. La coca no es la flor de la amapola y los traficantes seguir¨¢n encontrando en la ausencia de Estado, el terreno f¨¦rtil, con o sin glifosato para seguir sembrado de violencia el campo colombiano. Pero siempre habr¨¢ cortes, de pronto no ahora, capaces de negarse a la cooptaci¨®n. O al menos ciudadanos dispuestos a levantarse para hacer respetar su derecho a no ser fumigados.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S Am¨¦rica y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la regi¨®n